Seguridad y agua potable

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La seguridad y el acceso al agua potable son definidas en las declaraciones de derechos y en las constituciones de un modo plural. En concreto, en varias constituciones se establece como derecho ciudadano a vivir en un “clima de paz, de convivencia y de confianza mutua, que permite y facilita a la ciudadanía el libre y pacífico desarrollo de sus derechos individuales, políticos y sociales”. Sin embargo, a partir de los nuevas modalidades de violencia urbana y rural en Colombia, se puede observar que  se ha ido despojando a la seguridad de sus antiguas aliadas (la libertad, la solidaridad, o la confianza mutua) y que ha quedado reducida casi por completo a una parte marginal de su globalidad: la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad. Mientras el acceso libre al agua potable quedó a expensas de la capacidad económica individual para su compra y consumo, porque como antes ya no la encontramos naturalmente pura.

La semana pasada cerró con dos temas de trascendental importancia para los samarios: seguridad y agua potable (ver Sección Ciudad del domingo en Hoy Diario del Magdalena) Para ambos casos, se anunció la elaboración urgente de planes estratégicos específicos: uno, “integral de seguridad y convivencia” y el otro, de “contingencia por fuerte sequía” en la ciudad y posiblemente en algunas poblaciones del departamento del Magdalena. El primero, como punto de partida de la “alianza firmada por la seguridad, convivencia y derechos humanos” con autoridades departamentales y locales, fuerza pública, gremios y comunidad. El segundo, como propuesta de la ESSMAR ante el desabastecimiento de agua en Santa Marta por la sequía que azota por esta época a la región.

A simple vista parecen temas desconectados, dependiendo de la óptica de donde se les mire. Asunto que las comunidades indígenas de la Sierra Nevada tienen bien claro cuando reclaman airadas “participar por su seguridad y convivencia”, señalando que se han visto “afectadas por defender el agua, el territorio y sus derechos” y rematando que “…por eso se requiere su participación para construir estas acciones donde prima la seguridad”. Promover alianzas entre múltiples actores  obedece a un concepto de seguridad humana acuñado por  Naciones Unidas, que permite unir conocimientos especializados y recursos, aprovechando las sinergias derivadas de las ventajas comparativas de las entidades interesadas.

Siempre que asimilamos seguridad con criminalidad y agua potable con escases de fuentes de abastecimiento tenemos como respuestas “más pie de fuerza” y “más controles al consumo” como paliativos de la situación. La seguridad humana se ocupa del “clima de paz, convivencia y confianza mutua” que es la resultante de vivir en ciudades sin amenazas, limpias, sin vertimientos de aguas (potable o servidas); optimo sistema de alcantarillado y sin malos olores; calles y andenes en buen estado; automotores, ciclistas y peatones que respetan normas de movilidad y claro, cuencas hídricas protegidas, reforestadas, sin vertimientos nocivos ni desvíos o conexiones fraudulentas, para aumentar la producción no tratada y garantizar a los usuarios agua de calidad a bajo costo.

Los retos de una alianza de este corte son inmensos, porque quienes intervienen en ella tienen un compromiso común: el bienestar de la población y desde luego, diversas tareas desde su quehacer institucional: vigilar, denunciar, corregir, enseñar, educar, sancionar, planificar, diseñar, programar e invertir, cuidar, conservar y mantener con imaginación y constancia, para que las acciones perduren y sean el motor de las transformaciones culturales y de conciencia que la sociedad espera en el mediano plazo. La dirección y orientación de este pacto deberá estar solo en manos de las autoridades territoriales: gobernador y alcaldes

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