A Iglesia y Defensoría del Pueblo entregarían los soldados retenidos

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Los labriegos confirmaron que tienen en su poder a los dos uniformados retenidos, como mecanismo de diálogo con las autoridades.

Los más de 2.500 campesinos reunidos en la región del Guayabero – Lozada, vereda el Tapir, ratificaron que solo bajo el diálogo de los trece puntos que pusieron a consideración de la comisión de la Defensoría del Pueblo, abandonarán la protesta que adelantan desde hace varios días en La Macarena (Meta) y liberarán a los dos soldados que están en su poder.

 “La liberación de los dos integrantes de la fuerza pública se realizará a una comisión integrada por la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y un delegado de las organizaciones de Derechos Humanos, convocadas por los habitantes de ese territorio”, señalan los labriegos en el pliego de peticiones.

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También, las comunidades campesinas de los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua y Serranía de La Macarena incluyeron en el pliego de peticiones un rechazo a los operativos realizados por parte de la fuerza pública en el parque el Tinigua.

También sobre las capturas de veinte personas, junto a la protección derechos de cinco niños integrantes, a su decir, de más de treinta veredas de la región que llevan más de veinte años viviendo y explotando esa zona, hoy protegida como reserva natural.

 “Los campesinos que serán liberados deberán entregarse a una comisión conformada por los mismos estamentos e instituciones. Se concertará un protocolo que determinará las acciones para la entrega formal de las personas retenidas en medio del conflicto en la vereda el  Tapir”, dice el comunicado.

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Los campesinos piden que se les garantice que no habrá señalamiento o retaliaciones judiciales contra quienes han estado implicados en los conflictos con la fuerza pública, ni contra los delegados de la mesa de conversaciones que se instalará.

Exigieron que la mesa de conversación esté integrada por delegados de todos los núcleos del Losada-Guayabero, para concertar las peticiones, entre ellas el cese total de los operativos de la fuerza pública contra los habitantes de los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Cordillera de los Picachos y Serranía de la Macarena.

También, el retiro de las tropas instaladas en las veredas afectadas por los operativos y la liberación de todos los campesinos retenidos por la fuerza pública, en medio de los operativos ocurridos desde el 21 de febrero.

HABLA EL GOBIERNO

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, dio detalles sobre el secuestro de dos soldados del Ejército Nacional adscritos a la Fuerza de Tarea Omega que realiza la operación Artemisa en inmediaciones de la Serranía de la Macarena, señalando que la Defensoría del Pueblo realiza los acercamientos con la comunidad para que se dé la liberación.

 “Ellos estaban cumpliendo con su deber legal, una orden judicial qué consistía en hacer operaciones de control militar para sacar a las personas que están dañando al medio ambiente y que están atacando el Parque Nacional Tinigua”, manifestó el general Navarro.

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“Una manifestación de las personas que estaban allá realizando hechos delictuosos y nos secuestran a los soldados. Tenemos todo el acervo probatorio para adjuntarlo al proceso y en este momento la Defensoría del Pueblo del Meta en cabeza del vicedefensor del pueblo, Jorge Enrique Calero, están en conversaciones con estas personas que están inmersas en el delito para que entreguen a los soldados”, dijo el comandante.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por su parte, deploró el hecho del secuestro de los soldados manifestando que todo indica a que es una manera de presionar por parte las personas quienes retuvieron a los miembros de la fuerzas armadas, que estaban desarrollando los operativos legales.

De otra parte, el ministro de la Defensa Nacional anunció que se está creando una nueva fuerza de tarea ambiental para la defensa de todos los parques nacionales del país.

“Estamos avanzando en la conformación de una gran fuerza de tarea de protección ambiental que recoja y unifique las capacidades disponibles y desarrollen nuevas con el fin de impedir que las economías ilícitas sigan destruyendo esos activos estratégicos de la Nación”, manifestó el ministro.

Ante las denuncias de algunos campesinos de la Serranía de la Macarena sobre algunos posibles abusos de la fuerza pública durante el desarrollo de la operación Artemisa, el jefe de esa cartera desmintió las aseveraciones afirmando que se actuó dentro de la legitimidad.

“Las operaciones se han adelantado en cumplimiento de toda la normatividad; es importante que se sepa, además, que los capturados han sido porque tenían ordenes de captura vigentes o por que fueron capturados en flagrancia, de manera que la fuerza pública actúa dentro de la legitimidad”, puntualizó.

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