El depredador de Hollywood es hallado culpable

El veredicto del juicio contra el productor Harvey Weinstein lo declaró culpable de agresión sexual y violación.

El productor Harvey Weinstein, una de las figuras más poderosas de Hollywood de las últimas décadas, ha pasado de ser venerado por buena parte de la industria del cine al rechazo total tras el torrente de acusaciones de abusos vertidas contra él impulsadas por el movimiento #MeToo, que finalmente lo llevaron a ser declarado culpable de violación en tercer grado.

SUS PRIMEROS AÑOS

Nacido en 1952 en un modesto barrio de Queens, Nueva York, Weinstein creció en un gran complejo de viviendas habitado por más de 5.500 personas, en su mayoría de clase media, junto con sus padres de origen judío y su hermano menor Bob.

Tras estudiar en la Universidad Estatal de Nueva York, formó a principios de los 70 una compañía de promoción de conciertos con un compañero de estudios, «Harvey and Corky Presents», que llevó importantes músicos a la localidad neoyorquina de Buffalo, como Frank Sinatra y los Rolling Stones.

El exitoso negocio les facilitó la compra de una conocida sala de eventos que ellos bautizaron como «Stage One», que a su vez promocionó la imagen de Weinsten como un empresario avispado que destacaba sobre todo por sus duras negociaciones.

EL DESCALABRO

Pese a que otras actrices ya habían acusado públicamente a Weinstein de abusos en 2015 y 2016, su descalabro desde lo más alto del séptimo arte se precipitó en octubre de 2017, cuando el diario The New York Times y la revista New Yorker, dos de los medios más prestigiosos de EE.UU., publicaron prácticamente a la par sendos reportajes.

En ellos se incluía información detallada de las acusaciones de más de una docena de mujeres que lo acusaban de abusos sexuales, desde agresiones hasta acoso e incluso violaciones.

Los dos trabajos de investigación desembocaron en una oleada de acusaciones adicionales contra Harvey, impulsadas por el movimiento #MeToo, que animó a decenas de víctimas a hablar públicamente de lo sufrido a manos del magnate.

Entre ellas, algunas de las actrices más cotizadas, como Uma Thurman, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Lupita N’yongo, que detallaron las constantes propuestas sexuales de Weinstein.

En cuestión de unos días, no sólo fue despedido de su propia empresa, sino que fue expulsado de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (que reparte los Óscar), mientras que su esposa, la diseñadora Georgina Chapman, solicitó el divorcio.

El caso de Weinstein sacó a la luz además la prevalencia en el mundo del cine de una estructura dominada por hombres que utilizaban sus posiciones de poder para quedar impunes de comportamientos sexuales inapropiados con mujeres.

WEINSTEIN SE VE LAS CARAS CON LAS AUTORIDADES

El 3 de noviembre de 2017, la Policía de Nueva York anunció que tenía suficientes pruebas para llevar a Weinstein ante la Justicia, pero no fue hasta el 11 de febrero de 2018 cuando el entonces fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció que habían presentado una acusación.

Tras entregarse a la Policía neoyorquina el 25 de mayo, acusado de violación y abusos sexuales, el juez le impuso una fianza de un millón de dólares, que pagó, así como la implantación de un localizador GPS y ordenó la retirada de su pasaporte.

Durante el proceso, Weinstein ha cambiado en dos ocasiones de equipo de abogados, y según el diario The New York Times, alcanzó un preacuerdo por 44 millones de dólares para cerrar varias demandas presentadas contra él.

DESLEGITIMAR EL TESTIMONIO DE LA ACUSACIÓN

En el banquillo, sin embargo, el magnate del cine se enfrentaba a cinco cargos sustentados en las acusaciones de Miriam Haley y Jessica Mann, de lo que finalmente ha sido declarado culpable de un acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado.

En las poco más de seis semanas de juicio, el potente equipo legal de Weinstein, formado por cinco abogados, se presentó con el claro objetivo de desacreditar a las denunciantes, una táctica con la que no consiguió esquivar dos de los cargos y por los que se le podría condenar a una pena máxima de 29 años de cárcel.