´Informe de la ONU es vago esa impreciso´

De acuerdo con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, «en 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI.

El presidente Iván Duque se mostró «preocupado» por el informe de la Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos presentado sobre en el país y aseguró que teme que haya imprecisiones y dijo que le parece que hay «intromisión en la soberanía de un país» por la sugerencia de que la Policía sea controlada por el Ministerio de Justicia. Las observaciones que tiene Colombia sobre el informe serán presentadas través de la Cancillería en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este jueves.

«A mí me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay dieciséis.Estamos acercándonos a 680 obras por PDET, vamos a llegar a 700 muy pronto, hemos activado el sistema de obras por impuestos (…) nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los PDET», dijo Duque.

Y agregó que aunque respeta el carácter multilateral de la organización, calificó de intromisión en la soberanía de un país» la observación de que hizo la ONU de que la Policía debería pasar a depender del Ministerio de Justicia, para fortalecer su carácter de fuerza civil.

«Eso es debate que le corresponde a las autoridades colombinas, en el marco de las autoridades colombianas».

Duque también rechazó que en el informe no haya un balance sobre las acciones de grupos armados como el ELN y los grupos residuales en la violación de los derechos humanos

Por estos motivos, la Cancillería elevará sus observaciones en la sesión que se realizará en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra hoy 27 de febrero.

Uno de los puntos del informe de la ONU, que se socializó en Bogotá el miércoles, tiene que ver con los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de la hoy extinta guerrilla de las Farc.

De acuerdo con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, «en 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos».

El 75% de estos asesinatos ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. En los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá ocurrió el 55% de estos crímenes.

La Cancillería se refirió a estas cifras y aseguró que «Colombia lamenta que la Alta Comisionada no menciona los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras otros órganos de la ONU reconocen la solidez de la democracia, reflejada en las elecciones territoriales de 2019 donde participó por primera vez el partido Farc, y los avances nacionales en la reducción en índices de pobreza, el informe de la ACNUDH los ignora».

Y añaden que entre sus observaciones está que «el informe no refleja los avances de la política de Paz con Legalidad y en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que con visión de largo plazo viene generando resultados en la estabilización de los territorios más afectados por violencia y pobreza, derechos de las víctimas y otros temas. Ignorar esos progresos y su contribución en Derechos Humanos, genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en este tema».

Aunque el informe reconoce que el 98% de los asesinatos de defensores de DD.HH. ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del ELN, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, «evita expresar censuras contra el ELN y los Grupos Armados Organizados Residuales, y contra sus crueles atentados terroristas contra la población civil, que otras instancias internacionales sí condenan directamente», dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores./Colprensa