Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Sin el quórum reglamentario, Corte eligió 7 magistrados. Fueron los  juristas  Gerson Chaverra Castro, Luis Benedicto Herrera Díaz, Iván Mauricio Lenis Gómez, Omar Ángel Mejía Amador, Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate y Francisco José Ternera Barrios como nuevos magistrados de la Corporación.

POR
FERNANDA
TORRES TOVAR

La Corte Suprema de Justicia llegó a su propio límite. Desde noviembre de 2018, cuando salió el magistrado Fernando Castro (Sala Penal), a hoy se celebraron, en vano, más 15 salas plenas para buscarle reemplazo, pero ningún candidato convenció. Igual sucedió con las vacantes que dejaron Margarita Cabello y Rigoberto Echeverry (Sala Civil); Luis Gabriel Miranda y José Mauricio Burgos (Sala Laboral); y José Luis Barceló y Luis Guillermo Salazar (Penal).

Tan apremiante fue la situación, que como última medida convocaron a una sala extraordinaria para finiquitar el tema. La sesión se realizó este viernes, cuando ya no estaba Ariel Salazar, el magistrado de la Sala Civil que se convirtió en la octava vacante en el máximo tribunal de lo penal, lo que dejaba a la Corte Suprema de Justicia sin poder de decisión por falta de quorum.

Y como se preveía, para calmar las aguas jurídicas que empezaban a tomar niveles de crisis, se eligió, en un solo día, a Gerson Chaverra, Fabio Ospitia, Hugo Quintero, Francisco Ternera Barrios, Ómar Ángel Medina, Iván Mauricio Lenis y Luis Benedicto Herrera, para siete de los ocho cargos vacantes, y se logró sanjar por fin la disputa que se venía dando en su interior por las diferencias entre las diferentes salas.

Pero más allá de la elección de los nuevos magistrados del alto tribunal, quedó un sinsabor en la opinión pública: ¿por qué tuvo que llegar la Corte hasta esa situación extrema?

Las actas de las sesiones, que dan cuenta de lo que pasaba en el desarrollo de cada reunión, de las peleas internas y los rifirrafes entre los máximos juristas, muestran que la situación adentro se había vuelto insostenible.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

En abril de 2019, tras la ausencia de José Luis Barceló, quien salió en febrero del mismo año debido a que cumplió su periodo, los juristas debían decidir por las cinco vacantes que estaban por suplir. Entre ellas, las de los magistrados que abandonaron la corporación desde 2018, así como la renuncia de Cabello y el nombramiento del reemplazo del exmagistrado Gustavo Malo, investigado por el ‘Cartel de la Toga’.

En esa ocasión tampoco hubo humo blanco en la elección de los magistrados y solo hasta junio de 2019, los juristas se lograron poner de acuerdo y designaron al magistrado Jaime Humberto Moreno como provisional, para reemplazar a Malo, mientras que las otras cuatro vacantes seguían sin ocuparse.

 Los rifirrafes entre los magistrados se registraron abiertamente en cada una de las Salas que tiene el alto tribunal. Según el documento conocido por *Colprensa, cada una estaba en la potestad de llevar un candidato para nombrarlo, pero el problema surgió a la hora de buscar un consenso sobre las personas que se proponían. Casi siempre, las discordias se presentaron entre la Penal y la Civil, que no lograban ponerse de acuerdo, lo cual ocurrió en agosto pasado cuando la situación se estaba poniendo apremiante porque ya eran cinco las vacantes sin suplir a la fecha.

En la Sala Plena del primero de agosto empezaban a notarse cada vez más las diferencias. Para ese momento, el magistrado Luis Antonio Hernández (Sala Penal) hizo un llamado a las diferentes salas, para que se hicieran los nombramientos de los titulares de la sala penal. Ya era clara la división que existía entre la Civil y la Laboral, que para ese momento querían un magistrado distinto al propuesto.

Así fue como el tema tampoco prosperó en agosto. Ya en octubre, cuando el tema no parecía recomponerse, el magistrado Gerardo Botero (Sala Laboral) dijo que no estaba de acuerdo con el tema de “yo te nombro y tú me nombras”. En otras palabras, al interior del alto tribunal ya se venía hablando de una malsana costumbre de votar.

Botero afirmó que faltaba sinceridad y valentía para decir qué candidato no les gustaba, a la cual se sumó el magistrado Aroldo Quiroz (Sala Civil), quien expresó que a la gente “le daba miedo decir las cosas cuando no se veía transparencia”. Difícil momento para el máximo tribunal, por lo que se avizoraba que la elección de los magistrados iba a seguir frenada.

El hoy exmagistrado Ariel Salazar, quien ha sido un fuerte crítico en el actuar de la corporación y sus miembros, indicó que los candidatos “no podían ser inamovibles”, pues consideraba que los querían imponer a como diera lugar. Además de ello, manifestó que se debían cambiar los nombres sugeridos, ya que después de varios intentos no lograban ser elegidos.

Sin embargo, el magistrado Rigoberto Echeverri (Sala Laboral) informó en su momento que se mantenían con los candidatos que ya estaban y que lo ideal era que hubiera un consenso. Entre esos que se rehusaron a quitar del listado está el nuevo magistrado Fabio Ospitia Garzón (no confundir con Fabio Espitia, que fue fiscal general encargado), quien fue propuesto en octubre por la Sala Penal para ocupar la vacante del magistrado Barceló.

En su momento, el magistrado Aroldo Quiroz (Sala Civil) anunció que tal nombramiento podría traer riesgos, ya que Ospitia había trabajado para el magistrado José Leonidas Bustos, también investigado por el ‘Cartel de la Toga’, y que además su edad era de 67 años. En este caso, Quiroz expuso el argumento de la edad teniendo en cuenta que para abril de 2020 el magistrado de la Sala de Descongestión de la Sala Laboral, Ernesto Forero Vargas, cumplía los 70 años, es decir, la edad de retiro forzoso.

 Además, Quiroz expuso que con el nombramiento de Ospitia Garzón en los medios de comunicación habría la posibilidad de una revocatoria. Con esto, hizo un llamado a la Sala para que consideraran que con tal decisión podrían “darle palo” a la corte. En este caso, Salazar le recordó a la Sala que no por el solo hecho de decir que un candidato tiene denuncias penales, “les vamos a aplicar el mismo racero a todos”.

Hernández, como vocero de la Sala Penal, manifestó que Ospitia era un miembro activo del Palacio de Justicia desde hace 34 años, y había laborado en los despachos de los magistrados Hernando Baquero Borda, Guillermo Duque Ruiz, Fernando Arboleda Ripoll, Mauro Solarte Portilla y José Leonidas Bustos Martínez. Agregó que el recién elegido no tenía ninguna denuncia penal, y que creía que contaba con 65 años de edad, además, que la Sala de Casación Penal era consciente de ello.

La Sala Penal, finalmente, siguió con la idea de seguir postulando a Ospitia, prueba de ello es la selección que se registró este viernes en la mañana. En la Sala Plena del pasado 12 de noviembre, también sonaron otros nombres, entre ellos, Hugo Quintero, quien también fue elegido.

En la misma fecha, la Sala Civil propuso a Bárbara Liliana Talero para suplir la vacante dejada por Margarita Cabello. Mientras que junto a Ospitia y Quintero la Sala Penal también presentó a Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, a la par que la Sala Laboral propuso a Ómar Ángel Mejía Amador, también elegido este viernes, y María Matilde Trejos Aguilar.

Conocidos los nombres, el magistrado Botero expresó que se debía votar por los seis candidatos seleccionados y consideró, a manera de regla, que si en la primera lista el candidato no obtenía la votación requerida para su elección, no se podía seguir con los demás. La propuesta fue aprobada.

En el primer round, como Ospitia no obtuvo los votos necesarios para ser elegido, Botero manifestó que “era inane” seguir con la votación, pues o salían electos los seis magistrados titulares o no salía ninguno. Tras la puja de no tener luz verde en la votación y con varias propuestas para destrabar la situación, Hernández, el 5 de diciembre, consideró viable que la votación fuera secreta, hecho que el magistrado Luis Armando Tolosa (Sala Penal) catalogó como una acción irregular, debido a que esto era una manera de “presión” para los magistrados.

 Para el 13 de diciembre, cuando ya no solo debían nombrar a sus compañeros sino también al nuevo fiscal general, los juristas seguían enredados con lo que no habían logrado durante todo el año. En Sala Plena previa a que empezara la vacancia judicial, Hernández daba por sentado que tal situación pararía luego de que se nombrarán los magistrados. Sin embargo, no fue así.

Recordó entonces que se someterían a votación los candidatos que fueron seleccionados por cada Sala, y si los otros aspirantes obtenían votos, éstos se dejaban como nulos. Como una luz verde, el magistrado Octavio Tejeiro manifestó que la Sala Civil estaba de acuerdo con el candidato de la Sala Penal. Botero también dijo que estaban de acuerdo con la propuesta de nombrar un magistrado y apoyarían al candidato que trajera la Sala Penal.

Sin embargo, dejó claro que se debía votar en bloque, es decir, por los siete candidatos y en caso que no surtiera efecto, no salía nadie. Además, Botero dijo fuertemente que “ahora no se podía confiar en la palabra, por lo que solicitó que si se convocaba a sesión extraordinaria de Sala Plena, se votara conforme a esta última propuesta”.

 ELECCIÓN 2020

En enero pasado, tras la vacancia judicial, los debates entre los magistrados se centraron en los señalamientos del entonces presidente de la corporación Álvaro García, sobre una supuesta «extorsión» al interior del alto tribunal, los cuales no dieron espera a los comentarios de sus compañeros.

 Mientras algunos de ellos señalaban las palabras de García como un hecho sorprendente, el entonces presidente seguía defendiendo su pronunciamiento a través de expresiones que habrían utilizado sus compañeros como “chantaje, extorsión, fuerza, juegos malucos y perversos, falta de franqueza y componendas”.

La situación no se veía por dónde podía mejorar. A la falta de acuerdo entras los magistrados de cada una de las salas, se sumaba ahora un enfrentamiento de reacciones entre unos y otros. Por eso, ese primer debate de 2020 terminó sin la elección de las magistraturas vacantes, tras la solicitud de aplazamiento por la magistrada Patricia Salazar (Sala Penal), que adujo un “bloqueo sistemático”.

Días más tarde, en la Sala Plena del 6 de febrero, el magistrado Salazar presentó una constancia manifestando que recibía los comunicados y escritos de los magistrados como una forma de presión para que se votara por los mismos candidatos que han sido sometidos a votación en 37 oportunidades.

Ese día tampoco hubo elección, ya que la discusión se centró nuevamente en las diferencias que tenían los magistrados de cada una de las salas. Allí se abordaron temas como el voto público, debido a las declaraciones que había dado García a los medios de comunicación, y nuevamente las trabas que estaban colocando algunos con el voto en blanco que, al parecer de Arnoldo Quiroz, trataba de dilatar la elección. Allí ya se empezaba a hablar de llegar a acuerdos antes de que se desintegrara el quorum.

Desde ese entonces se registraron tres Salas más: 20, 25 y 28 de febrero. Solo en esta última los juristas pudieron destrabar la situación y hoy pueden contar con 22 magistrados de los 23 que debe tener en pleno el máximo tribunal en lo penal.

*La información consignada es producto de un documento que allegó el exmagistrado Salazar a la Sala Plena el pasado 25 de febrero, antes de que culminara su periodo.

Los elegidos

Gerson Chaverra Castro, quien ingresa a la Sala de Casación Penal, es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.

Luis Benedicto Herrera Díaz, nuevo magistrado de la Sala de Casación Laboral, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes. Tiene una trayectoria profesional de más de 28 años en la rama judicial, como juez Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, abogado asistente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, quien integrará la Sala de Casación Laboral, es abogado especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín, con doctorado en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. Durante más de 20 años se desempeñó como docente investigador en facultades de derecho, aunque el mayor tiempo lo fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Icesi de Cali. Desde hace dos años y medio ejerce como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Omar Ángel Mejía Amador, abogado de la Universidad del Atlántico quien ingresa a la Sala de Casación Laboral, es especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Barranquilla, de donde es también Magister en Derecho y Seguridad Social. Cuenta con más de treinta años de actividad profesional, en la que ha sido asesor jurídico y abogado litigante, juez Promiscuo Municipal, juez Civil del Circuito y juez Laboral en Soledad (Atlántico); juez Laboral y magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla. Catedrático de Derecho en la Universidad de la Costa.

Fabio Ospitia Garzón, nuevo integrante de la Sala de Casación Penal, es abogado de la Universidad Externando de Colombia, especialista en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal de la Corporación Universitaria de Ibagué, Coruniversitaria. Toda su carrera profesional la ha desarrollado al servicio de la Rama Judicial, ejerciendo desde el cargo de escribiente hasta el de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, pasando por los de auxiliar judicial y juez penal.

Hugo Quintero Bernate, quien también entra a hacer parte de la Sala de Casación Penal, es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás con estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica. Ejerció como abogado litigante durante los últimos 14 años. En los comienzos de su carrera profesional, desempeñó los cargos de profesional universitario y especializado y fiscal auxiliar en la Fiscalía General de la Nación, y abogado asistente y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, conjuez de la Sala de Casación Penal y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Francisco José Ternera Barrios, quien fue elegido para la Sala de Casación Civil, es egresado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho Privado de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y master en Derecho Administrativo de la misma Universidad, máster en Derecho privado y Derecho Civil de Paris II. Cuenta con veinte años de experiencia profesional en el desempeño de cargos como profesional especializado en el Ministerio de Justicia, abogado litigante, profesor universitario y conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Autor de varios libros tanto de derecho privado como de derecho administrativo. Director de la Línea Investigativa de la Universidad del Rosario.