Así está el panorama de los paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta

POR:
FERNANDA
TORRES TOVAR

Más de 700 mil personas ubicadas en Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta y Zona Bananera, en Magdalena, viven hoy en riesgo por la presencia e influencia violenta de grupos como ‘Los Pachencas’, la Oficina del Caribe y el ‘Clan de Golfo’.

Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo a través de un informe de 67 páginas en el que revela la zozobra que padecen las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y lugareños de esa zona, quienes están en medio de una disputa entre grupos armados ilegales por el territorio y las dinámicas del negocio del narcotráfico, aprovechando la ausencia del Estado y la inestable presencia de la Fuerza Pública, sobretodo en área rural.

Por muchos años, la espesa y cálida llanura de árboles verdes y picos blancos de hielo, que hoy se resisten a desaparecer, han sido testigos de múltiples barbaries que han cometido los actores de la ilegalidad en esta zona del país. Los paramilitares han sido los principales protagonistas en el derramamiento de sangre de los habitantes de la Sierra que se rehúsan a dejar atrás su ancestralidad y territorios físicos.

Al Bloque Resistencia Tayrona se le responsabilizó de un expediente más de 2.900 muertes ocurridas previo a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se registró en 2006, tras un acuerdo al que llegaron con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, años después, y aunque el Bloque Resistencia Tayrona ya no está allá, la disputa por el territorio continúa, esta vez de la mano de ‘Los Pachencas’ o las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), y el ‘Clan del Golfo’ o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Lo que reposa en el documento del defensor Carlos Alfonso Negret es que en esa zona del país hay “un accionar violento en red”, es decir, que las organizaciones criminales conforman alianzas para fortalecer su actividad ilegal. Lo que preocupa al funcionario es que dichos nexos se estarían registrando con carteles de droga mexicanos, situación que, según el documento, pone en jaque a la población civil.

El informe, por ejemplo, dejó en evidencia que durante 2019 se evidenciaron afectaciones directas contra los líderes de los pueblos Kogui y Arhuacos, a quienes grupos armados al margen de la ley contactaron de manera directa en sus propios territorios y mediante llamadas extorsivas en las que se identificaron como parte del grupo ‘Los Pachencas’ y ‘AGC’ solicitaban gruesas sumas de dinero.

Sin embargo, estos cobros extorsivos no se han dirigido exclusivamente a los líderes sino también a otros miembros de estas comunidades como a las autoridades espirituales, profesores y comerciantes de café. A ellos se les ha exigido aportes económicos en el marco de situaciones como retenciones ilegales, caso registrado entre los Kogui.

En razón a la población civil no identificada como indígena, la Defensoría advirtió que también se encuentran vulnerados jóvenes y pobladores de sectores rurales que, de manera constante, han sido víctimas de amenazas e intimidación.

 “Entre estos grupos poblacionales, el riesgo ha sido mayor para personas que lideran procesos sociales, comunitarios, de preservación del medio ambiente y de parques naturales, habitantes de la zona rural, poblaciones étnicas y grupos socialmente estigmatizado”.

El documento deja presente que las mujeres con roles de liderazgo asociados a la reivindicación de derechos o en procesos de reparación por victimizaciones, han sido afectadas por amenazas y, generalmente, se enfrentan a situaciones similares como el desplazamiento forzado, los homicidios y la violencia sexual.

Prueba de los desplazamientos forzados es que los habitantes de la ribera del río Córdoba en Ciénaga denunciaron ante la Defensoría sentirse atemorizados por cuenta de las amenazas e instigaciones por parte de hombres armados, quienes les ordenan que abandonen sus casas.

Según el documento, estas directrices se dan debido a que los traficantes de estupefaciente transportan por el afluente paquetes de droga pegados a icopores y pretenden no dejar a la vista de las autoridades o transeúntes la mercancía ilegal.

La misma situación ocurre en el corregimiento de Guachaca, jurisdicción de Santa Marta, donde los habitantes reciben la orden de no transitar o encerrarse temprano en sus casas cuando se conoce que se adelantarán traslados de embarques de droga.

En Zona Bananera, por su parte, el informe da cuenta que hay altos niveles de inseguridad relacionados principalmente con hurtos y narcotráfico, problemáticas que se han acrecentado en toda la extensión territorial, promoviendo que jóvenes se vinculen a estas actividades ilícitas para la consolidación de bandas y el mantenimiento de dichas actividades.

LOS GRUPOS ILEGALES EN LA ZONA

Fortalecer las estructuras conlleva a que estas en su espacio tengan más poderío, y un aliado principal es la ubicación donde deciden adelantar tales acciones. La Sierra tiene una ubicación estratégica por sus múltiples fuentes hídricas que favorecen en la extracción, comercialización y traslado del estupefaciente.

Cabe señalar que este territorio no ha sido escenario de cultivos de coca sino por el contrario, lo que lo hace un lugar apetitoso para los criminales son las rutas que permiten sacar droga al exterior.

Por ejemplo, la ‘Oficina del Caribe’ que fue creada por Hernán Giraldo en asocio con la ‘Oficina de Envigado’, poco antes de la desmovilización paramilitar. La oficina del Caribe es la encargada de ubicarse en puntos estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga, debido a que pueden sacar más fácil la droga al exterior.

El reporte de la Defensoría da cuenta que esta estructura opera desde Santa Marta hasta San Salvador, (La Guajira) y el músculo financiero de la misma se da por cuenta del cobro de extorsiones al sector turístico, ya que los restaurantes, agencias y centros recreativos, así como cualquier local comercial, les deben pagar un porcentaje de sus utilidades.

En muchas ocasiones le sugieren a los restaurantes fijar un precio más elevado por el producto y les piden el excedente. Del mismo modo, exigen un impuesto de las ventas de tierra en el sector de la Troncal del Caribe. La ‘Oficina’ también es la encargada de los actos de sicariato y manejan el negocio del narcotráfico.

Sin embargo, lo que también pudo conocer el defensor en la zona es que el ELN también tiene injerencia allí. La pista fue que días atrás las autoridades incautaron en el corregimiento de Gaira un cargamento que era de propiedad del grupo guerrillero y este había sido enviado a ‘Los Pachenca’ para su traslado fuera del país, ya que estos manejan las rutas del narcotráfico hacia República Dominicana y Europa.

 ‘Los Pachencas’ han sido combatidos por la Fuerza Pública en todos sus niveles al punto de considerarlos un objetivo valioso. La organización, conformada por los paramilitares desmovilizados en 2006, sufrió un duro golpe luego de la muerte de ‘Chucho Mercancía’, uno de sus cabecillas. Esta baja y las rupturas al interior de la estructura permitieron el cambio del nombre para llamarse las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS).

La organización que en algún momento tuvo alianzas con Hernán Giraldo, el líder de la ‘Oficina del Caribe’, también tuvo nexos con las AGC o comúnmente conocido como el ‘Clan del Golfo’, sin embargo, este nexo se disolvió por múltiples divisiones internas y constantes caídas de cargamento de droga que los llevó a separarse de nuevo.

Así las cosas, el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’ hoy se disputan el territorio y este último tiene el dominio generando amenazas, adelantando actividades sicariales, cobrando extorsiones y fomentando graves afectaciones en los municipios de Aracataca, Fundación y Zona Bananera.

Del ‘Clan del Golfo’, la Defensoría sabe que está en la Costa desde 2012, momento en el que intentaron abusar sexualmente jóvenes y reclutar niños y adolescentes entre 15 y 17 años en la vereda calabazo, Guachaca.

La disputa por el territorio ha dejado entre el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’ fuertes confrontaciones como una ocurrida en 2019, cuando se registraron varios actos de sicariato en el parqueadero del supermercado Olímpica del barrio El Pando, en el que fallecieron dos hombres que fueron identificados como miembros de las AGC, así como un vendedor ubicado a las afueras del establecimiento.

De acuerdo con la Defensoría, “la dinámica entre los Pachencas y las AGC, ha sido de coexistencia y alianza mediada por el negocio del narcotráfico. De ahí que la troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira sea un territorio de disputa, situación evidente en los panfletos que ambos grupos emitieron en el primer semestre del 2019 en el que tanto AGC como Pachencas anunciaban su antagonismo mutuo y el interés por el control territorial de este corredor estratégico para el transporte y circulación de droga, personas y armas”. /Colprensa.