Se mueve la ‘Ñeñepolítica’ en el Congreso de la República

El presidente Iván Duque respondió al escándalo por el presunto ingreso de dineros del cuestionado ganadero conocido como ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en Brasil. El presidente, además, dijo que su campaña tuvo una única fuente nacional. «No había otras cuentas; todas las contribuciones se recibían por el gerente de la campaña, porque nadie más estaba autorizado para recibir los recursos», indicó.

La llamada ‘Ñeñepolítica’ tendrá un capítulo especial en el Congreso de la República, en particular en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde ya se tramitan denuncias en contra del presidente Iván Duque, por corrupción al sufragante, al verse presuntamente beneficiado por José Guillermo Hernández, quien habría hecho compra de votos para su campaña.

En las últimas horas en esa comisión se presentó una nueva denuncia, ésta por parte del representante a la Cámara por la Alianza Verde Fabián Díaz, quien manifestó que denunció “ante la Comisión de Acusaciones al presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe por corrupción al sufragante, evidenciada en las interceptaciones realizadas por la Fiscalía al narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández”.

Explicó que el sustento de la denuncia se fundamenta en las grabaciones de Hernández, en donde hablaba del pago de votos en La Guajira y otras regiones, para que Duque ganara en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Acusaciones, John Jairo Cárdenas, sostuvo que se estudiará si la comisión es competente para saber si se abre o no investigación preliminar frente a la denuncia contra Duque.

Por su parte, el representante a la Cámara de la lista de los Decentes, David Racero, denunció que María Claudia Daza, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Álvaro Uribe Vélez, cuenta con esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.

Racero explicó que el esquema consistente en camioneta blindada y dos hombres de protección, desde septiembre de 2019, sin que existan factores reales que prueben el riesgo en contra de su vida y que le cuesta a los colombianos alrededor de 30 millones de pesos mensuales.

Según Racero, “María Claudia Daza se valió de su posición política dentro de la estructura del Uribismo para obtener privilegios de seguridad, y que la UNP está siendo utilizada para conceder favores a personas afines al Gobierno y no para cumplir con el deber de proteger a quienes tienen en riesgo su vida”.