EPM y Enerpereira se quedaron con el mercado Caribe Sol y Caribe Mar

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La adjudicación de los activos se da luego de un año de proceso, y cuatro prorrogas en la fecha de la subasta. Esta recta final inició el pasado 3 de abril de 2019 cuando la Superintendencia de Servicios Públicos, junto al Ministerio de Minas y Energía, anunciaron un plan para vender la empresa.

Terminó la pesadilla. Se acabó el tormento. Cesó la horrible noche Después que los españoles se robaran la empresa Electricribe a la que saquearon de manera fraudulenta, hurtándose los subsidios que la Nación le giraba y de no hacer las inversiones que el sistema demandaba para brindarle a los usuarios un buen servicio de energía; por fin se vio la luz al final del túnel.

Ayer, el Gobierno Nacional adjudicó las dos empresas que asumirán las operaciones de Electricaribe: Caribe Sol y Caribe Mar.

Para el caso de Caribe Mar, que agrupa a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, será Empresas Públicas de Medellín (EMP) el conglomerado a cargo de la empresa.

Por su parte, Caribe Sol, que incluye a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quedará a cargo del Consorcio de la Costa, que componen Latin American Corp y la Empresa de Energía de Pereira.

La Superintendencia de Servicios fue enfática en que las inversiones deberán ser superiores a los 8,7 billones de pesos en los próximos diez años.

La participación de mercado de Caribe Sol es de 10,8 % y 1,21 millones de clientes. Por su parte, Caribe Mar tiene una participación de 10,9 % y su cifra de clientes corresponde a 1,51 millones.

“Hoy le estamos mostrando a la Costa Caribe colombiana que ha nacido una solución (…) Hoy nacen Caribe Mar y Caribe Sol. Esa es una solución para más de diez millones de compatriotas, la cual permitirá mejorar la prestación del servicio y recuperar la confianza de los ciudadanos”, expresó el presidente Iván Duque.

Por su parte, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, expresó que “durante la intervención de Electricaribe hemos asegurado los recursos para la continuidad del servicio, como es nuestra obligación constitucional, a través del Fondo Empresarial; gestionamos recursos para inversiones en el Consejo de Política Económica y Social – Conpes y lideramos la estructuración del mejor esquema de solución para que el servicio cumpla las condiciones de calidad, continuidad y cobertura que merece esta amplia zona del país”.

Cabe recordar que la subasta tuvo que ser aplazada en tres ocasiones, siendo la última de ellas el 28 de febrero por petición de los oferentes.

El primer aplazamiento se dio en agosto de 2019, cuando se determinó que no se realizaría en octubre sino diciembre, por solicitud de las empresas calificadas. Luego, la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento llevó al Gobierno a correr la fecha para el 28 de febrero.

Electricaribe fue tomada en posesión por la Superintendencia de Servicios en 2016, por poner “en riesgo la prestación del servicio de energía en los siete departamentos de la Costa Caribe”, así como por “incumplimiento de pago como obligación del mercado mayorista de energía”, según lo documenta la entidad a cargo.

Dichas conductas, sumadas a la insolvencia de la empresa, comprometían la seguridad energética de más de 9,5 millones de usuarios, distribuidos en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, lo que representa cerca del 24 % de la demanda nacional.

Según la Superintendencia de Servicios, la intervención y la subasta son garantías para la no repetición en las falencias documentadas en los años anteriores.

“Hoy le estamos mostrando a la Costa Caribe colombiana que ha nacido una solución (…) Hoy nacen Caribe Mar y Caribe Sol. Esa es una solución para más de diez millones de compatriotas, la cual permitirá mejorar la prestación del servicio y recuperar la confianza de los ciudadanos”, expresó el presidente Iván Duque.

Cabe recordar que la subasta tuvo que ser aplazada en tres ocasiones, siendo la última de ellas el 28 de febrero por petición de los oferentes.

El primer aplazamiento se dio en agosto de 2019, cuando se determinó que no se realizaría en octubre sino diciembre, por solicitud de las empresas calificadas. Luego, la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento llevó al Gobierno a correr la fecha para el 28 de febrero.

Electricaribe fue tomada en posesión por la Superintendencia de Servicios en 2016, por poner “en riesgo la prestación del servicio de energía en los siete departamentos de la Costa Caribe”, así como por “incumplimiento de pago como obligación del mercado mayorista de energía”, según lo documenta la entidad a cargo.

Dichas conductas, sumadas a la insolvencia de la empresa, comprometían la seguridad energética de más de 9,5 millones de usuarios, distribuidos en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, lo que representa cerca del 24 % de la demanda nacional.

Según la Superintendencia de Servicios, la intervención y la subasta son garantías para la no repetición en las falencias documentadas en los años anteriores.

Este plan consistió en dividir en dos sectores la compañía, con el objetivo de que la operación fuera exitosa. “Estamos cumpliendo la ruta trazada por el presidente Duque para ofrecerles una solución estructural a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa 25% de la totalidad de la demanda en Colombia”, explicó en ese momento María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

La adjudicación de estas obligaciones se da igualmente luego luego de varios procesos fallidos en 2017 y 2018 cuando el Gobierno Nacional no pudo vender la empresa. En ese momento se presentaron falta de garantías en la precalificación de los oferentes y regulaciones de mercado que no lo permitían, los cuales, entre otras cosas, frenaron la negociación y detuvieron su venta.

Es por esta razón que para este nuevo plan el Gobierno Nacional destacó que asumiría el pasivo pensional y las deudas pretoma. Así, dichos ajustes quedaron pactados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales se estipulo que dicha operación sería prioritaria para la Nación.

Para lograr esto, se hicieron algunos ajustes normativos como la flexibilización en los topes del mercado energético, que pasaron de 25% a 35%; la sobretasa de energía para los estratos 4, 5 y 6; y los recursos con los que se pagará el mencionado pasivo pensional.

¿Cuáles fueron requisitos en el proceso?

La Superintendencia de Servicios Públicos detalló desde el comienzo del proceso que se tendrían unas reglas de participación y acreditación. Entre los criterios más generales que se exigieron fue que el inversionista-operador interesado se encuentre prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y que tenga un patrimonio de US$500 millones.

No obstante, para los interesados bajo la modalidad de consorcio, se exigió, según la Superintendencia, que el líder del mismo acredite la prestación del servicio de energía a mínimo 450.000 usuarios (de los 600.000 requeridos en conjunto) y tener por lo menos 50% de participación en el consorcio.

 “Las reglas de participación y acreditación que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas”, dijo Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, en ese momento.

Las salidas que propuso la Financiera de Desarrollo Nacional hace un tiempo

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) presentó en enero varias alternativas para subsanar la situación financiera que enfrenta el operador. Entre ellas figuraba un ajuste de las tarifas, así como acciones regulatorias adicionales. El informe destacó también la posibilidad de unir esfuerzos entre las carteras, la Creg, los acreedores e inversionistas para conseguir recursos, y la necesidad de determinar el tratamiento más adecuado para el pasivo pensional. Entre la propuesta para conseguir un nuevo operador estaba la venta de activos, capitalización con un nuevo inversionista o la división de la compañía.

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