Procurador solicita acciones inmediatas para cárceles del país

Ante el hacinamiento en las cárceles, los internos corren el peligro de un contagio general.

Disponer de personal médico en todos los establecimientos carcelarios, dotar a los guardianes de elementos de protección necesarios y habilitar salas de comunicación virtual en la que se puedan realizar audiencias y facilitar el contacto con las familias, son algunas de las medidas que le pidió a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el procurador general, Fernando Carrillo, frente a la emergencia que vive el país por el coronavirus.

En una carga enviada a la ministra, Carrillo le solicitó coordinar acciones inmediatas para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles, que puede poner en riesgo la salud de más de 123.400 reclusos en el país.

De acuerdo con el Procurador, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) disponer en todos los establecimientos carcelarios del país del personal médico y los elementos de protección necesarios para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia y a las personas privadas de la libertad, quienes deberán tener acceso ininterrumpido a los servicios públicos esenciales.

Alertó acerca de que las actuaciones penales y solicitudes ante autoridades judiciales no pueden ser interrumpidas, por lo cual señaló que el Inpec debe habilitar urgentemente salas de comunicación virtual, para las conversaciones privadas de los procesados con sus defensores, audiencias que ordenen los jueces y visitas virtuales con las familias.

Sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura debe aumentar el número de juzgados con funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para lo cual recomendó la asignación de funciones transitorias a los jueces Penales de Circuito, que pueden ayudar a descongestionar plazas, como ocurre en Quibdó, donde solo hay un juez de penas.

Recomendó que el beneficio de la prisión domiciliaria se aplique a mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, condenados a penas que no superen los 8 años o personas recluidas más de 3 años, sin que se conozca el sentido del fallo.

Como medida de control pidió que se constituya un comité de seguimiento a las medidas de detención domiciliaria, en el que tengan asiento los jueces, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que allí se coordine la articulación interinstitucional y se prioricen los casos.