La crisis carcelaria

El reciente incidente en la cárcel Modelo, con 23 muertos y casi 100 heridos, que el Gobierno calificó como un intento masivo de fuga, motivó la declaratoria de emergencia carcelaria en la cual se decidió que, con ciertos requisitos, algunos de los presos podrían recibir casa por cárcel. Hubo incidentes en 13 cárceles del país y en varios URI de Bogotá. 600 jueces de ejecución de penas y garantías deberán resolver la infinidad de solicitudes de libertad presentadas por los más de 110 mil presos, hacinados en los 130 penales del país cuya capacidad no llega a 80 mil. Otro tanto tiene casa por cárcel y unos 22 mil son reincidentes. Y no sé cuántos están presos por delitos culposos.

El problema carcelario no es nuevo. De él se habla hace años y la falta de presupuestos ha impedido la construcción de más penales. Aunque los dineros para la justicia aumentan, van a alimentar a jueces y empleados -entre ellos los 95 altos magistrados que ganan cada uno más de 30 millones mensuales-, algo a tecnología y poco más.

Es claro que el Código Penal poco ayuda y que las sucesivas reformas empeoran el panorama. Cuando yo estudié derecho existía el decreto 0014 de 1955 sobre los estados de especial peligrosidad, que luego desapareció en las fauces de los reformistas. En estado de especial peligrosidad estaban, entre otros:  “los vagos habituales; los que fingieren enfermedad para dedicarse a la mendicidad o explotaren ilícitamente a menores de edad o lisiados; los ebrios y toxicómanos habituales; los proxenetas;  los contrabandistas; los pendencieros notorios; el que atemorizare a las personas o perturbare la tranquilidad pública con disparos de armas de fuego;  los que comerciare o facilitare ilícitamente armas, explosivos, municiones o drogas estupefacientes; el que cultivare, usare, negociare o facilitare la planta comúnmente llamada marihuana; el que suministrare a otra persona drogas o tóxicos de cualquier clase, para colocarla en estado de indefensión o privarla ilícitamente del conocimiento; los  que tuvieren o usaren documentos de identidad falsificados; los abigeos;  los ladrones y los que usaren ganzúas; los reducidores de mercancía robada; el que girare cheques ‘chimbos’; quien negociare solares pertenecientes a parcelaciones o urbanizaciones, a sabiendas de que no es el dueño de ellos”.

El decreto contemplaba como sanción la relegación a colonias agrícolas penales (como la famosa de Araracuara) en la que los presos debían trabajar para obtener alimentos y mediante un salario construían las instalaciones e infraestructura del penal. Situadas en lugares lejanos solamente se llegaba a ellas por agua o por avión y la fuga era prácticamente inexistente. De Araracuara no sé cuál es la situación actual, pero luego se convirtió en centro de narcotráfico.

Aprovechando la emergencia carcelaria, el Gobierno podría tomar medidas para restablecer esas colonias para enviar a ellas no a los vagos habituales sino a los reincidentes y a los criminales que el gobierno crea que no pueden estar sueltos como los autores de delitos contra menores, de lesa humanidad, de guerra, violencia sexual o corrupción. Los responsables de delitos muy graves seguirían en cárceles de alta seguridad (algunas cárceles podrían convertirse en tales penales) y los otros en colonias. Y se acabaría el hacinamiento.

*Abogado