Gobierno le declara la guerra al acaparamiento

El acaparamieto y la especulación es el otro ´virus´ que debe enfrentar el Gobierno. Habrá cárcel para los comerciantes inescrupulosos.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció la expedición del Decreto 507, con el que se busca contrarrestar la especulación y el acaparamiento en medio de la emergencia económica y sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus.

“Este decreto contempla una participación muy activa del Dane, para dar información periódica de los precios de los bienes básicos y de sus insumos”, señaló el ministro José Manuel Restrepo.

El jefe de la cartera comercial también afirmó que la Superintendencia de Industria y comercio tendrá un rol fundamental en las labores de inspección, vigilancia y control.

Restrepo añadió que se hará uso de todos los instrumentos regulatorios que se necesiten para hacerle frente a estos delitos.

“Pero los ciudadanos también juegan un papel muy importante en el rol de la denuncia, a través de los canales que ha dispuesto la Superintendencia de Industria y Comercio en su plataforma web”, indicó.

 De este modo, se procura evitar abusos y conductas irregulares por parte de distribuidores y proveedores de productos básicos como los pertenecientes a la canasta familiar, incluyendo medicamentos. .

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una circular dirigida a los alcaldes distritales y municipales para que adelanten acciones de inspección y vigilancia para prevenir que los derechos de los consumidores sean vulnerados en materia de precios.

El texto indica que es ” imperativo que todas las alcaldías distritales y municipales que cuentan con funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor se articulen con la

Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de garantizar la protección de los derechos de todos los consumidores”.

La entidad hace énfasis en que es necesario evitar a toda costa conductas como el acaparamiento, las ventas atadas y la difusión de información y publicidad engañosas.

“Las autoridades locales deberán entregar un informe a la Superindustria, a la mayor brevedad, donde den cuenta de los aspectos verificados, junto con la información recopilada”, concluye.

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