En huelga de hambre se declararon reclusos de la cárcel de Santa Marta

La medida que fue tomada por los internos que  reclaman  por “el derecho a la vida” y por la amenaza que para ellos representa el coronavirus, ante las precarias condiciones sanitarias como viven.

Desde este martes y de manera indefinida los reclusos de la cárcel Rodrigo de Bastidas se unieron a la huelga nacional declarada por los internos de los centros penitenciarios del país como protestas ante lo que consideran el incumplimiento de las medidas de protección ante las actuales emergencias por cuenta del Covid-19 y de la sobrepoblación.

Si bien hasta el momento según ha indicado el Inpec no se ha registrado caso confirmado de recluso contagiado con el virus, varios de los internos en el caso de la Cárcel Rodrigo de Bastidas señalan que las precarias medidas de higiene y espacio tal como se recomienda, sencillamente no se cumple en el penal aumenta el riesgo no solo de contagio del Covid-19 sino también de otras enfermedades.

Aunque el Gobierno Nacional indicó a través del Ministerio de Justicia indicó que se pondría en marcha una estrategia de ex carcelación de varios presos, principalmente aquellos como mayoría mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años o en condiciones de vulnerabilidad manifiesta a causa de enfermedades o quienes están en la etapa final de su condena ante la actual situación, los reparos de varios organismos y sectores, ha llevado a los presos a pensar que esto podría detenerse.

 “Debido a la emergencia del coronavirus nuestras vidas están en riesgo latente, hemos decidido realizar una huelga, el hacinamiento nos mantiene preocupado porque no se le da solución a la circunstancia de crisis carcelaria que tenemos en el país (…) aquí los tapabocas que tenemos son porque los guardias nos dieron, y nuestras familias hace unas semanas trajeron algunas cosas, de resto no hemos visto ni un acompañamiento de las autoridades”, dijo Jimmy Zapata recluso de la cárcel agregando que las declaraciones del Fiscal General de la Nación sobre la impunidad de quienes salgan no es cierto, los únicos que saldrán serán los que establezcan los requisitos.

Agregan en su denuncia los reclusos que ni la Alcaldía distrital ni la Gobernación del Magdalena han atendido alguno de los llamados hechos tanto por los internos como por las administrativas del penal para la compra de elementos de protección o de alimentos para estos, lo que genera un malestar ante lo que sienten un abandono estatal de todos los ámbitos para con su atención.

“Sin tapabocas y agua para lavarse las manos constantemente como lo dicen y estamos constantemente aglomerados y preocupados por la salud. Las ayudas prometidas por el Distrito y el gobierno departamental tampoco llegan y estamos desesperados” agregaron los reclusos en su petición.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo del Magdalena y la Personería Distrital han señalado que ya se iniciaron los diálogos con el personal administrativo de la Cárcel para dar pronta solución a las peticiones de los reclusos de los patios 1 al 7 y el 10 que son los que desde hoy decidieron no recibir los alimentos entregados.

 “Hemos delegado a la funcionaria de derechos humanos, para que acuda y atienda a un encuentro con el personal administrativo, por supuesto lo que prima es el respeto y garantía de los derechos humanos de los internos”, señaló el personero distrital, Edwar Orozco.

HACINAMIENTO DE MÁS DEL 300%

Recientemente a través de un informe de la Contraloría General de la República quedó nuevamente evidenciado el alto hacinamiento que hay en las cárceles de país, entre esas la Rodrigo de Bastidas de Santa Marta la cual reporta el segundo mayor número de sobrepoblación, teniendo este centro capacidad para 312 reclusos, y en la actualidad cuenta con 1.332, de los cuales solo el 32% ya se encuentra condenado, y el restante a espera de.

De acuerdo al listado de las cárceles que registran mayores problemas, entregado por la Contraloría los penales más preocupantes son: Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).

LA PROPUESTA DE LA CONTRALORÍA

De igual forma sobre el mencionado informe, la Contraloría propuso a la Sociedad de Activos Especiales, SAE acondicionar bienes a cargo de esta entidad, específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.

Sostuvo Carlos Felipe Córdoba que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones. Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.

Dijo el Contralor que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas y a la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.

Indicó que se ha planteado la alternativa de que las Alcaldías y Gobernaciones tengan la responsabilidad de esos sindicados, pero no tienen recursos para solventar la crisis carcelaria en sus territorios.

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