Entre grupos de análisis y práctica de pruebas se mueve la JEP en investigación

La magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó cómo se está investigando y resolviendo el caso 01, conocido como secuestro.

El tribunal de paz que está en este momento con los términos suspendidos por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19, que ya deja más de 2.000 positivos en el país, a través de la magistrada Lemaitre entregó el análisis sobre el caso de secuestro.

La jurista señaló que hay un grupo de personas dedicadas al análisis de dicho caso, y que tienen un plan de investigación con etapas los cuáles van estudiando toda la información que llega al tribunal de paz.

Una vez analizada la información suministrada, se allegan los documentos al despacho de la magistrada Lemaitre en el que se contemplan los patrones, las prácticas, las políticas, la estructura de la organización armada, así como los roles que se cumplían y las circunstancias en las que se cometieron los hechos.

Sumado a esto, la magistrada señaló que hay un plan de pruebas que es derivado de dichos análisis con los que se pretende vislumbrar de manera eficaz los hechos cometidos.

“Esto porque los analistas descubren que hay vacíos o contradicciones en las fuentes y esto llevará a que se puedan realizar situaciones tendientes a corroborar qué fue lo que sucedió”, argumentó.

A la par que la magistrada detalló la labor que adelanta, la ONU realizó un análisis del tribunal de paz en el país. Señaló que los siete casos abiertos siguen avanzando.

Esto debido a que la justicia transicional ha recibido las versiones de 291 exmiembros de las Farc, 232 miembros de la Fuerza Pública y siete agentes estatales no combatientes y terceras partes.

Además señalaron que se han acreditado aproximadamente 265.000 víctimas en los siete casos. “Las víctimas están participando cada vez más en las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y han insistido en que todas las personas que comparezcan ante ella contribuyan plenamente a la verdad y reconozcan sus respectivas responsabilidades”.

El órgano internacional estableció que en febrero, víctimas del caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales presentadas como bajas en combate o falsos positivos, solicitaron que se expulsara de la Jurisdicción Especial a un antiguo general del Ejército por no reconocer su responsabilidad en el contexto del caso.

En marzo, la JEP informó de que, en el marco del caso 001, relativo a la retención ilegal de personas por las antiguas Farc, había recibido 272 observaciones, tanto individuales como grupales, de víctimas, entre otras cosas manifestando su preocupación porque las versiones de los excombatientes no cumplían las expectativas de las víctimas en relación con la verdad y el reconocimiento de su sufrimiento.

Además de eso, expusieron que, el 17 de febrero, en el marco del caso 003, la Jurisdicción Especial para la Paz hizo entrega del cuerpo de un hombre que llevaba 18 años desaparecido.

“La Jurisdicción Especial encontró otros 54 cuerpos de posibles víctimas en una serie de exhumaciones que, a raíz del testimonio de un militar, se llevaron a cabo en Dabeiba (Antioquia) en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, señaló el ente.

En razón a los beneficios, el órgano internacional tienen reporte que hasta la fecha 1.860 miembros de la Fuerza Pública han recibido tales ventajas a cambio de su contribución a la verdad.

BOGOTÁ (Colprensa).