Las decisiones más importantes que tomó Duque en el estado de emergencia

En el marco de la pandemia del Covid-19 que está afectando a todo el mundo cualquier cosa puede pasar. Así lo reconocen las autoridades y fue esta la razón por la que el presidente Iván Duque no descartó poder volver a decretar emergencia económica, social y ecológica, si así se lo exige la coyuntura.

Los ‘superpoderes’ se le acabaron al jefe de Estado el jueves 16 de abril, cuando se cumplieron los 30 días que por ley un mandatario colombiano puede mantener un estado de emergencia económica, social  y ecológica, que le da facultades de expedir decretos con fuerza de ley, sin tener que contar con la aprobación del Congreso de la República.

Durante todos estos días, el mandatario colombiano expidió 72 normativas en diferentes frentes, con el fin de mantener a flote el país en aspectos claves como la salud, la economía, el empleo y los bienes de primera necesidad.

Lo primero que hizo Duque con estas facultades fue concentrar las decisiones en materia de orden público, en cabeza del Gobierno Nacional, y poner freno a algunas decisiones aisladas que estaban tomando las autoridades locales.

De esta manera, a través del decreto 418 de 2020 se empezaron a hacer los ajustes necesarios para que el país actuara en una sola dirección, lo cual generó un ‘choque de trenes’ con distintos alcaldes del país que ya habían decretado toques de queda preventivos para evitar la expansión del Covid -19 en sus territorios. Esto en medio de constantes pronunciamientos de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en los que afirmaba que no era necesario cerrar el país.

Un decreto clave que le permitió al presidente empezar a atender la población vulnerable fue el que autorizó la aceleración de la devolución del IVA, que ya había sido aprobada por el Congreso de la República en el marco de la reforma tributaria del Gobierno. Un día después de la declaratoria de la emergencia nacional, el mandatario expidió dicha normativa.

Así mismo, el presidente firmó de manera seguida varios decretos en materia económica, con el fin de contener la caída de los sectores económicos, tales como ampliar los plazos para renovar las matrículas mercantiles y modificar el calendario tributario, pero también quitó aranceles a productos médicos importados y que para ese momento ya empezaban a escasear.

También se reglamentó vía decreto la suspensión del ingreso de vuelos internacionales o desembarco de navíos provenientes de otros países, salvo casos humanitarios, con el fin de contener la expansión del Covid-19 en el país. De igual forma, se restringieron los vuelos comerciales a nivel nacional.

Sin embargo, una de las medidas más importantes tomadas por el mandatario en el marco de los ‘superpoderes’ otorgados fue el aislamiento preventivo obligatorio desde el pasado 25 de marzo y que fue extendido posteriormente hasta el próximo 26 de abril a las 11:59 de las noche. Inicialmente se había contemplado finalizarlo el 13 de abril.

Medidas como la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para atender la pandemia, así como la creación del programa de Ingreso Solidario para personas que viven del trabajo informal y que no se benefician de los subsidios del Gobierno a través Familias en Acción o Jóvenes en Acción, fueron algunas decisiones que le dieron un margen de maniobra al Gobierno para atender la población vulnerable, que en medio del aislamiento no pueden obtener los alimentos básicos. Esto sumado a los giros adicionales para algunos programas del Estado y la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en forma de canasta familiar.

El jefe de Estado también facilitó que los mandatarios locales pudieran hacer uso de las partidas presupuestales, con el fin de concentrar los recursos en la atención y refuerzo de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para atender la pandemia. También les dio facultades para aumentar los subsidios a servicios públicos a estratos 1, 2 y 3, al tiempo que prohibió el corte de los mismos y permitió que quienes no puedan pagar en los próximos meses puedan diferir sus pagos sin intereses.

En materia empresarial, el presidente expidió varios decretos con el fin de que  no se generara una ola de despidos masivos. Fue así como a través de Bancoldex lanzó varias líneas de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, en medio de muchas críticas de empresarios que piden mayores garantías. Así mismo, se eliminó el pago de pensión, tanto por parte del empleado como del empleador  por dos meses, pero también flexibilizó el retiro de las cesantías y las ayudas de las cajas de compensación para quienes perdieron su trabajo.

En medio de la especulación en los precios que generó la crisis, el Gobierno también reguló los precios de los alimentos y le quitó el IVA a más de 100 productos de salud e higiene, considerados necesarios para enfrentar la pandemia.

Pero, sin duda, el sector en el que más se hizo inversión a través de las decisiones tomadas por el mandatario fue el de salud, en el que se destinaron más de 6 billones de pesos para atender esta emergencia. Allí no solo se destinaron recursos para compras de medicamentos, equipos y pruebas fuera del país, sino para la mejora de la capacidad hospitalaria, dotación del personal médico y el pago de este sector.

En materia judicial, se decretó la emergencia carcelaria con el que se autoriza la medida de aseguramiento domiciliaria a 4000 reclusos, con el objetivo de evitar un contagio masivo de coronavirus en las cárceles del país. De igual forma, se garantizó la continuidad de trámites fundamentales como la adopción de menores de difícil adaptabilidad o la revisión de casos de violencia intrafamiliar.

De igual forma, se autorizó que el Congreso de la República pudiera sesionar de manera virtual, en medio de varias polémicas, con el objetivo de evitar el contagio de los parlamentarios, al tiempo que se ejercen los poderes del Estado.

“Yo quiero dejar claro que si bien hemos hecho un uso en 30 días de esa herramienta, tal como lo dice la Constitución, podemos utilizarla hasta 90 días en un año. Seguiremos monitoreando todas las  circunstancias económicas y sociales, y nunca descartaremos poder volver a emplear esa herramienta  cuando sea necesario para atender esta emergencia, para proteger a todos los habitantes de nuestro país, empezando por aquellos que están en condición de vulnerabilidad”, dijo el jefe de Estado.

La Constitución establece que el presidente, con la firma de todos los ministros, puede declarar el Estado de emergencia por períodos hasta de 30 días en cada uno, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario.

BOGOTÁ (Colprensa).

También podría gustarte