El regreso de los ´chuzadores’

Tras la salida de 11 oficiales del Ejército nacional por el caso de las interceptaciones y perfilamientos ilegales a periodistas, funcionarios del Gobierno, políticos y abogados desde las oficinas de inteligencia y contrainteligencia, el presidente Iván Duque señaló que dichas acciones por fuera de la ley «deben ser investigadas a fondo». 

Le reclaman al Gobierno que revele la lista de los oficiales separados. El escándalo se lleva por delante el prestigio del Ejército Nacional. Temen que los ´chuzadores´ recibían órdenes de un expresidente de la República

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió ayer sanciones severas por el escándalo que involucra a efectivos del ejército que realizaron seguimientos de inteligencia a periodistas locales y estadounidenses, sindicalistas, ONGs y políticos.

«Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad», afirmó Duque a través de su cuenta de Twitter.

En la edición que empezó a circular el viernes, la revista Semana destapó una trama de espionaje contra unos 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la Presidencia por parte de la inteligencia militar.

Las actividades, sin un fin identificado, se habrían realizado entre febrero y diciembre de 2019, dijo el medio, que apoyó su investigación en testimonios de fuentes militares bajo reserva.

«Por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar», afirma el artículo.

Entre las personas que eran blanco de trabajos de inteligencia figuran el corresponsal del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alertaba sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares; y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch, HRW, José Miguel Vivanco.

Según Semana, algunas de las unidades militares involucradas recibían ayudas económicas de una agencia estadounidense, aunque esos «recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas».

«He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley», escribió Duque, y pidió a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que realice una «rigurosa investigación» sobre las labores de inteligencia de los últimos diez años.

Anticipándose al escándalo, el gobierno anunció el viernes la salida de una docena de oficiales, incluido un general, por escuchas ilegales a periodistas, políticos y jueces.

Los uniformados fueron dados de baja por el «empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar», tras una publicación de Semana a comienzos de este año que sacó a luz la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

NO REVELA LA LISTA

El presidente de la República, Iván Duque, pidió éste sábado investigación a fondo y sanciones con severidad a los 11 militares que adelantaron el año pasado chuzadas ilegales a más de 130 personas, incluyendo funcionarios de la Casa de Nariño, pero hasta el momento no se ha conocido la lista de los oficiales que salieron de las filas, entre quienes está incluso un brigadier general que pidió la baja tras el escándalo.

La declaración de Duque se dio un día después que el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo y la cúpula de las Fuerzas Militares, anunciaran la salida de estos 11 oficiales, entre ellos un general, y que también se revelara por la Revista Semana un informe sobre las escuchas ilegales que se hicieron, al parecer, con dinero que aportó los Estados Unidos para otros fines.

 “Tras instrucción dada al ministro de la Defensa, destaco que investigaciones estén produciendo resultados. Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”, escribió Duque desde su cuenta de Twitter.

Igualmente escribió que “he dicho, desde inicio de mi Gobierno que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de la Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”.

*HABLAN LOS CHUZADOS*

El senador Antonio Sanguino, figura dentro de la lista de quienes fueron investigados de manera ilegal, al respecto le pidió al Ministerio de la Defensa que “investigue a fondo lo revelado por la Revista Semana, que se castiguen a los responsables y me entregue toda la información recolectada sobre mí. No es posible que estemos reviviendo el fantasma de las chuzadas en tiempos de Iván Duque”.

Entre el grupo de los chuzados también estuvo la periodista María Alejandra Villamizar, quien tras conocido el escándalo revelado escribió desde su cuenta de Twitter: “Pues, qué les digo. Así estamos. Leyendo la Revista Semana ¿Qué les parece? Esto es indignante. Ya me pronunciaré. Vendrán muchas preguntas al Gobierno y a las Fuerzas Militares”.

Otro de los seguidos, la ONG el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló en un comunicado que “exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la Fuerza Pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”.

El senador opositor Gustavo Bolívar pidió la renuncia del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la vez consideró que “¿Cuántos efectivos del Ejército se necesitan para perfilar, perseguir y chuzar a 130 personas? ¿Por qué no destinan esos recursos humanos y económicos a perseguirel crimen? Respuesta, porque se tendrían que perseguir ellos mismos”.

La representante a la Cámara, Juanita Gobertus, sostuvo que “las carpetas secretas no se resuelven con sacar a unos oficiales. Hace un año el Presidente creó la Comisión de Excelencia Militar para hacer reformas al sector. Su informe no se ha publicado. La ley de inteligencia no se está cumpliendo. La responsabilidad es institucional”.

El director de la Revista Semana, Alejandro Santos, sostuvo que “las carpetas secretas son un atentado a la libertad de prensa, de opinión y a la intimidad de las personas. Eso no puede pasar en una democracia”.

Finalmente el senador del Centro Democráctico José Obdulio Gaviria aseguró que está de acuerdo con las medidas tomadas por el ministro Carlos Holmes Trujillo, de retirar a los militares involucrados y además mostró su apoyo para acompañar a la institución.

«Me parece que el Ministro de Defensa tomó el ‘toro por los cuernos’ y que la consigna suya de no dar uso ilegal a la inteligencia militar debe ser acompañada por todos y especialmente por el Centro Democratico y por el uribismo. El Ministro ha dicho que desde hace meses la propia cartera tomó la iniciativa de las investigaciones que llevó al aparte de más de 10 oficiales y esa es una respuesta adecuada», concluyo el Senador.

Finalmente otra voz que se conoció fue la de la alcaldesa Claudia López quien mostró su inconformismo ante estas nuevas revelaciones.

PROCURADURÍA INVESTIGARÁ

La Procuraduría anunció que abrió proceso disciplinario al Ejército por presuntos seguimientos irregulares a periodistas, políticos, ONGs y sindicalistas durante varios meses.

 “Por orden del procurador general, Fernando Carrillo, se designa un funcionario especial para que evalúe los hechos, que de acuerdo con información entregada a la opinión pública por parte del ministro de Defensa, habría dado lugar a que fueran retirados del servicio activo 11 oficiales”, comunicó el Ministerio Público.

Según la entidad, este nuevo proceso se suma a la indagación que inició en enero la Procuraduría contra miembros del Ejército Nacional por hechos similares, derivados de la diligencia de allanamiento y registro realizada el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Cantón Militar Miguel Antonio Caro, batallón de ciberdefensa ubicado en  Facatativá (Cundinamarca).

De esta manera, el Ministerio Público, practicará pruebas con el fin de verificar si los hechos revelados por una investigación de la Revista Semana conjuran una falta disciplinaria. También se busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.

La investigación de la Revista Semana asegura que 130 personas entre periodistas, políticos, líderes sindicales, ONGs y defensores de derechos humanos fueron ‘perfilados’ por el Ejército  entre diciembre de 2019 y febrero de este año.

Con ayuda de herramientas tecnológicas, el Ejército habría recolectado datos como direcciones de domicilio, teléfonos, correos electrónicos, información de familiares, fuentes periodísticas y contactos de los interceptados, infracciones de tránsito y puestos de votación.