En peligro de acabarse más de 7 millones de puestos de trabajo

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El gobierno ha expedido una serie de líneas de crédito para beneficiar a las empresas colombianas, pero los ´vampiros´ han hecho caso omiso y siguen negando los créditos.

Mientras las calles de la mayoría de las ciudades en el mundo siguen desocupadas por las restricciones que ha originado la propagación del Covid-19, las cifras de desempleo a nivel global a causa de la pandemia también crecen y Colombia no es la excepción.

El jueves, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló las cifras del mercado laboral durante marzo, el cual presentó un crecimiento de la tasa de desempleo de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2018, ubicándose en 12,6 %, la más alta registrada para este periodo en la última década. Cerca de 1,5 millones de personas quedaron desocupadas.

 “Una caída que ya no vista desde la perspectiva de las lecturas mensuales sino desde los meses de marzo, es la caída más importante de población ocupada que hemos visto en la última década”, manifestó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, al tiempo que resaltó que el entretenimiento, las actividades artísticas y otras actividades de servicios fueron las que más cayeron este mes.

Oviedo advirtió que, aunque las medidas de aislamiento obligatorio se tomaron en la última parte del mes, estas sí tuvieron un impacto en las cifras del mercado laboral para marzo. Pero, también resaltó que este panorama cambiaría en los resultados de abril o mayo, por el levantamiento paulatino de la cuarentena para ochos subsectores de la manufactura y la construcción.

Sin embargo, el panorama no parece tan alentador como lo menciona el director del Dane, pues según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y El Caribe la pandemia podría causar la pérdida de 17 millones de empleos formales y la informalidad llegaría a niveles de 62 % en la región, perdiendo los avances logrados entre 2000 y 2013.

El panorama para Colombia tampoco es bueno, aunque advierten que no existen consensos sobre la magnitud ni la duración del virus, ni sus efectos sobre la economía. En el país se proyecta una pérdida de empleo de 4,2 % en el corto plazo y 7,7 % en el largo plazo; y de mantenerse una recesión prolongada el impacto alcanzaría al 14,4 %.

Según el informe de ‘Coyuntura Laboral 2020: El trabajo en crisis’, elaborado por la Escuela Nacional Sindical, cerca de 15 millones de trabajadores informales y cuenta propia -la mayor fuerza laboral del país- ya han perdido total o parcialmente sus ingresos debido a la pandemia, lo que conduciría a su empobrecimiento si no recibe los subsidios de la emergencia económica decretada por el Gobierno.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Con el fin de evitar que el desempleo se propague con la misma intensidad que el coronavirus, que hoy ya deja más de 6000 casos reportados en todo el territorio nacional, el Gobierno puso a disposición de las empresas una serie de líneas de crédito por intermedio de Bancoldex, para lograr solventar en parte la pérdida de los ingresos de las pequeñas y medianas empresas del país.

Pero esta medida no ha resultado tener la efectividad que el Gobierno Nacional esperaba y se han presentado múltiples quejas por parte de las agremiaciones, porque los bancos han puesto demasiadas trabas a los empresarios para poder aprobar estos préstamos, que contrario a lo que manifestó el presidente Iván Duque se han convertido en puntos de difícil acceso.

Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo también han buscado medidas para evitar que los trabajadores pierdan sus empleo, imponiendo medidas y restricciones a las empresas para evitar su despido y la terminación de los contratos. Pero allí tampoco hay avances y se han presentado muchos casos de violación de derechos laborales.

Solamente entre el 12 de marzo y el 17 de abril el Ministerio de Trabajo recibió 1151 solicitudes de empresas para suspender contratos, 583 invocaron la aplicación del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo a la fuerza mayor, 9 compañías solicitaron despidos colectivos. Las centrales sindicales también recibieron más de 60 denuncias desde diferentes sectores.

El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, manifestó que las medidas del Gobierno Nacional, en gran medida, “se están poniendo en cabeza de los trabajadores”, ya que la mayoría está encaminada a la liberación de las cesantías, la utilización de las vacaciones, entre otras, para que “sea el empleado el que soporte la crisis, lo cual es absolutamente antitécnico”.

Además, consideró que que hace falta “intervenir a las empresas para lograr cofinanciar o apoyar el pago de nóminas; también se necesita una mayor respuesta de protocolos de bioseguridad en los trabajos que están desarrollándose. También se necesita fortalecer las garantías para personas con discapacidad y sus cuidadores. Pero ante todo hace falta trabajar más en el diálogo social”.

Jaramillo fue insistente en que, como mínimo, el Estado debe asumir una parte de las nóminas para evitar que las compañías deban cerrar como ya lo han tenido que hacer cientos de empresas en el país. El académico sugirió añadir la renta básica universal a las medidas de contención de la crisis.

Para el consultor económico y docente de la Universidad EAN, Jorge Munévar, el Gobierno Nacional, pese a las limitaciones que tiene, debe crear nuevos modelos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. “Uno podría decir que el Estado se ha tardado un poco en eso (…) Si el gobierno no es más osado y contundente en sus medidas, va a haber una mortandad mayor de empresas. Es demasiado cuidadoso, conservador, y en estos momentos eso no cabe mucho”, expresó.

LO QUE VIENE

La cifras que dio a conocer el Dane el pasado jueves hacen parte del informe del mercado laboral del mes de marzo, donde el coronavirus tuvo un impacto notable, pese a que las medidas drásticas se empezaron a tomar hacia mediados del mes, por lo que los datos de abril podrían tener un panorama mucho más complejo y con una tasa de desempleo muy por encima del 12,6 %.

Por eso desde ya el Gobierno Nacional tiene que empezar a implementar medidas que realmente impacten al sector empresarial para salvar una buena cantidad de puestos de trabajo, así como algunas decisiones que tengan trascendencia en los informarles y los trabajadores independientes, que son quienes están sintiendo con mayor rigor la crisis.

Para ello el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya dio luces de que en los próximos días el Gobierno Nacional podría declarar un segundo periodo de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para inyectar una serie de recursos provenientes del Estado para enfrentar la crisis, aue se sumarían a los cerca de 28,5 billones de pesos que se han invertido hasta ahora.

Una de esas acciones que podría tomar el Gobierno Nacional en el marco de la segunda emergencia económica, estaría relacionada con el subsidio de la nómina para las pequeñas y medianas empresas que se reporten sin liquidez, un pedido que vienen haciendo desde hace varios días.

“Que la nómina sea subsidiada en el menor tiempo posible, pues actualmente en Bogotá y Cundinamarca el 77 % de las mipymes ya no tiene flujo de caja para asumir el pago de sus nóminas y los demás gastos fijos, situación que se presenta de forma similar en el resto del país”, señaló Acopi.

El gremio añadió que “el subsidio a la nómina debe dirigirse primeramente a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que generan el 80 % del empleo formal en el país”, dirigiendo la petición directamente al Gobierno Nacional.

Desde las centrales sindicales las propuestas giran entorno a adoptar una serie de políticas e instrumentos financieros, fiscales y tributarios, que busquen proteger la vida y el bienestar de la población, los derechos de las personas y evitar que la economía caiga en una recesión de larga duración.

Se resalta el Ingreso Mínimo Vital de al menos un salario para trabajadores informales, domésticos, autónomos, población en discapacidad sin ingresos, entre otros estratos 1, 2 y 3, que saldrían de la unificación en un solo programa, de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el Ingreso Solidario y demás programas de atención a poblaciones vulnerables.

Así mismo, piden que el Banco de la República rebaje la tasa de interés, que el pasado jueves quedó en 3,25 %, tras la reducción de 50 puntos básicos, y que realice préstamos directos al gobierno, no sólo a los bancos. También exigirles a éstos aplicar los alivios financieros con bajas tasas de interés a las Mipymes, para proteger el empleo.

Desde otros sectores también le pidieron al presidente Iván Duque que los recursos destinados a reactivar la economía debe ser puestos en el mercado sin la intermediación de los bancos, ya que estos estarían obstaculizando la inyección de liquidez que pretende dar el Gobierno Nacional.

Por ahora, el país sigue a la expectativa de que el Gobierno Nacional vuelva a decretar la Emergencia Económica, Social y Ecológica, que sería el único mecanismo a través del cual se podrían tomar nuevas medidas para intentar levantar la economía y favorecer el empleo.

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