Investigan a funerarias por cobros irregulares

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Según el organismo, estas investigaciones se abrieron tras conocer varias  denuncias sobre presuntas irregularidades en los servicios prestados por empresas de servicios funerarios.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga a 86 funerarias, a nivel nacional, para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores, frente a las modificaciones y restricciones en los costos en la prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención.

Según el organismo, estas investigaciones se abrieron tras conocer varias  denuncias sobre presuntas irregularidades en los servicios prestados por empresas de servicios funerarios.

Dichas irregularidades están relacionadas con demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobros adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno a causa de la COVID-19.

La Superindustria señaló que, “además se requirió a los prestadores de servicios funerarios para que informen sobre los procedimientos de bioseguridad implementados, en los casos relacionados con este peligroso virus”.

Dijo que, “de acuerdo con la Guía GIPG08, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios funerarios deben cumplir con las recomendaciones frente al manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres infectados por el virus COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación”.

Igualmente, la SIC verificará si “aduciendo las medidas de bioseguridad implementadas, se han realizado cobros adicionales a los inicialmente pactados antes en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del 17 de marzo de 2020”.

El organismo advirtió que, “en caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción en términos del Estatuto del Consumidor podrán imponerse multas hasta por 2.000 SMMLV”.

Así mismo, podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV, en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento realizado por esta autoridad.

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