Fuerzas políticas adeptas al Gobierno celebraron el fallo  

En el congreso las distintas fuerzas políticas gobiernistas celebraron el fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional que le dio vía libre, con algunos cambios esenciales, al Acto Legislativo 01 de 2017, y el cual que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

 

El fallo de la Corte Constitucional, que avala el acto legislativo 01 de 2017, aclaró el norte que debe tomar el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que está siendo discutido por el Senado de la República y que se espera sea radicada en la Cámara de Representantes prontamente.

El alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aclaró que el fallo de la Corte Constitucional es claro en señalar que no hay inhabilidad para participar en política para los desmovilizados de las Farc. Sin embargo, explicó que prima la responsabilidad de los miembros de la antigua guerrilla ante la Jurisdicción Especial de Paz.

 “La Corte claramente dice que no hay inhabilidad pero sí incompatibilidades. Es decir, es posible que se establezca una pena y si el cumplimiento de esta hace imposible la participación prima las obligaciones ante la JEP”, aseguró el funcionario.

Así mismo, Rivera destacó que la Corte no se pronunció frente a lo que pasará en caso de que los guerrilleros que tomen posesión como congresistas tengan que responder ante la JEP, y agregó que no se puede entrar a debatir escenarios hipotéticos antes de que el Congreso evacue el proyecto de Ley Estatutaria, que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. 

El funcionario reiteró que el balón está en la cancha del Congreso y que será el Legislativo el que cumpla con su deber aprobando la iniciativa que se espera que hoy continúe discutiendo el Senado. “Creo que la Corte Constitucional ha aclarado puntos que generaban incertidumbres, ha respondido los interrogantes que se plantearon en el Comité de Seguimiento de delitos electorales frente a la participación política y las inhabilidades políticas”, afirmó.

 

 

Y agregó que el fallo aclara que los desmovilizados deberán cumplir los compromisos de verdad, reparación y, además, cumplir con las sanciones establecidas. “La parte procedimental del fallo afirma que serán los magistrados de la JEP los que establezcan la clase de pena y la compatibilidad de las mismas con la participación política y serán ellos quienes certifiquen si cumplen o no con esos requisitos”, concluyó el Alto Comisionado para la Paz.

A su turno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, aclaró que el texto de la iniciativa ya tiene incluidas las directrices de la Corte, “eliminamos lo inexequible e incorporamos las condicionalidades planteadas a la Corte, queremos llevar el texto lo más fiel posible a lo señalado por el tribunal”.

Así mismo, sostuvo que las condenas emanadas por la justicia ordinaria “podrán ser revisadas por la JEP y eventualmente las sanciones podrán ser sustituidas, siempre y cuando las personas que lo soliciten cuenten la verdad, reparen a las víctimas y brinden garantías de no repetición”.

Por otro lado, el jefe de la cartera política sostuvo que los magistrados que pertenezcan al nuevo tribunal estarán “sujetos al régimen de conflicto de intereses, que opera frente a los magistrados de la justicia ordinaria. Frente a la participación en política de los exguerrilleros vamos a preparar el artículo que tiene que ver con ello en los mismos términos que lo señaló la Corte, que dice que en el momento de la inscripción debe haber un certificado en la oficina del alto comisionado en la que conste que las personas que se inscriben están en la lista de las FARC y en la que conste que dejaron las armas”.

 “Además la comparecencia deberá ser de manera progresiva, si una persona es elegida y luego sancionada, será la JEP que determine si esa sanción es compatible o incompatible con el hecho de desempeñar funciones públicas”, agregó.

El funcionario agregó que el Congreso deberá aprobar la ley antes del 30 de noviembre, para que sean los magistrados de la JEP los que elaboren un proyecto de ley de procedimiento “pensando en los tiempos del Congreso, lo que pasará será que lo presentaremos en el mes de marzo y podría estar aprobado en el mes de junio”.

Sin embargo, la senadora liberal Viviane Morales aseguró que la JEP quedó muy limitada “no se puede cantar victoria, los terceros decidirán si van o no a la JEP, la Corte Constitucional continúa escogiendo qué tutelas revisa y cuáles no; el artículo de los jueces extranjeros fue declarado inexequible; frente a la participación en política los exguerrilleros deberán cumplir con someterse al sistema y declarar toda la verdad y someterse a las condiciones del mismo”.

Además, dijo que el Gobierno debe pensar en redactar de nuevo el proyecto de ley estatutaria, “porque esto significó un cambio de concepción, no se justifica cincuenta y tantos magistrados generando un costo de 4 billones de pesos. La JEP quedó limitada, se le quitaron funciones, hay que repensar el tamaño de la misma”.

A su turno, el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, sostuvo que “nosotros hemos dicho sí a la paz, pero con garantías para la sociedad colombiana. Celebramos el fallo de la Corte Constitucional, estamos terminando de hacer el análisis del fallo y creo que hoy el partido contribuyó a la defensa de la institución y la lucha por los derechos del país”.

Por otro lado, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, aseguró que con este fallo ya no hay excusas para que el Congreso no discuta el proyecto de ley estatutaria. “Este es un fallo esclarecedor. se quedaron sin disculpa quienes en las últimas semanas han sido detractores con claras intenciones de saboteo a la JEP y a la Paz”, dijo.

Y agregó que “han sido despejadas todas las dudas y si hoy en la sesión algunos congresistas se muestran en contra del mandato constitucional y se siguen oponiendo a la JEP, los motivaría la mezquindad”.