La violencia no respeta la cuarentena

El defensor del pueblo Carlos  Alfonso Negret dijo que los crímenes de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos por cuenta de la violencia en la actual coyuntura, han afectado el desarrollo de sus actividades de liderazgo en todo el país.

Como dicen en los pueblos de la Costa: el balín está bajito. En un informe de 20 páginas dirigido a la ministra del interior, Alicia Arango Olmos, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, expuso los riesgos a los que están expuestos los colombianos en varias regiones del país, a causa de la violencia, que continúa a pesar de la cuarentena decretada para enfrentar la expansión del COVID-19.

El documento, conocido por HOY DIARIO DEL MAGDALENA y la Agencia Colprensa, fue entregado a la funcionaria el pasado 30 de abril y allí explicó que las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Pelusos y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos.

El registro que tiene el órgano defensor data del 23 de marzo hasta el 27 de abril, es decir, en la época en la que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo por cuenta de la pandemia generada por el COVID-19 que ya deja más de 10.000 personas infectadas.

Lo que advierte la entidad defensora de derechos humanos es que pese al aislamiento la guerra no da tregua.

 “Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes, o inexistentes, para la atención de posibles casos de infección”.

De acuerdo con el informe, de las 72 acciones, 41 serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57.5% de en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos.

Lo que informó el documento es que al menos 14 acciones se les han atribuido a los disidentes de las Farc, 11 al ELN, seis a grupos desmovilizados de las AUC o sucesores del paramilitarismo, dos a los miembros del EPL o los denominados Pelusos, y uno corresponde a fuego cruzado entre el ELN y el EPL, en donde había presencia de población civil. El resto de acciones son, al parecer, autoría de los grupos armados de delincuencia organizada.

 “Durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, el repertorio de violencia de los actores armados ilegales se ha concentrado en la emisión de amenazas contra la población civil, particularmente en contextos donde su control es hegemónico o bien hay coexistencia”, expresó el defensor en su documento.

Por ello, el informe da cuenta de que departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, este material abunda e impone regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio.

La Defensoría reseñó que los documentos difundidos por disidentes de las Farc y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil.

LOS LÍDERES SOCIALES

De este escenario no escapan los líderes sociales, la Defensoría en su reporte reseñó que se han registrado estrategias de instrumentalización de defensores en cuanto a la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el sur occidente del país.

De acuerdo con el informe, las afectaciones a los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos por cuenta de la violencia en la actual coyuntura, han afectado el desarrollo de sus actividades de liderazgo, aspecto que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades que representan ante el accionar de los actores armados ilegales.

Esto llama la atención del órgano defensor por cuanto en más de una ocasión, en las alertas tempranas emitidas, ha dejado claro que la inversión social y la presencia estatal en zonas vulnerables disminuye el riesgo de que las estructuras al margen de la ley tomen el poder y ocupen los escenarios que deben ser del Estado como lo estipula el reglamento.

Expresó el órgano defensor que con estas acciones los grupos al margen de la ley pretenden “adquirir o fortalecer una suerte de legitimidad social mostrándose como protectores de la población civil, especialmente en áreas rurales con poca presencia institucional, donde ostentan cierto grado de control territorial, por medio de la imposición de normas de conducta y la sanción de quienes las transgredan, además del desconocimiento de medidas oficiales del orden nacional y regional”.

Además de esto, buscan fortalecer el control y expansión territorial a partir de la imposición de restricciones a la movilidad y regulaciones sobre la comercialización de víveres para el abastecimiento.

 “Esta situación puede presentarse, también, en contextos urbanos de orden periférico, donde es probable la participación de grupos de delincuencia organizada, quienes estarían interesados en fortalecer su incidencia territorial para fines de economías ilegales, motivación a vecinos para robo a mercados locales y amotinamiento”, argumenta el documento.

Del mismo modo, reseña la Defensoría que los grupos armados usarían la emergencia sanitaria para emprender acciones que les permita tener ventaja militar en el marco de sus propósitos de dominio, expansión o consolidación territorial.

Además de lo mencionado, en el documento también quedó consignado que si bien, el Ejército de Liberación Nacional anunció cese al fuego durante época de pandemia, la Defensoría constató que este grupo al margen de la ley sostuvo combates contra diferentes grupos armados en donde estaba presente la población civil.

Estos hechos ocurrieron, en el departamento del Chocó, particularmente en el municipio de Bojayá, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y Norte de Santander.

LO QUE RECOMENDÓ LA DEFENSORÍA

Por ello, la Defensoría en su comunicación le pidió al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT adoptar las medidas para que las administraciones locales emprendan acciones dirigidas a reconocer el escenario de riesgo que se encuentra identificado en los territorios enunciadas por las alertas del órgano.

Solicitaron, además focalizar medidas de prevención del contagio y atención en salud a la población y en los territorios identificados, así como también fomentar medidas de atención a la población particularmente para el suministro de alimentos, medicamentos y demás bienes.

A la Fiscalía General pidieron definir un plan que permita investigar de forma célere las amenazas proferidas por actores armados ilegales en contra de la población civil.

En cuanto al Ministerio de Defensa le solicitaron que a través del comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional, identifique al interior de los territorios la presencia de sus unidades para implementar acciones, particularmente, en corredores y otros sectores estratégicos con el fin de ejercer control en el territorio y evitar la presencia de las estructuras armadas.

ASESINATOS DE LÍDERES

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz), alertó que 95 líderes sociales o defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en el país en lo que va del año.

Según un informe de la organización, a estas víctimas hay que sumar al menos 24 antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que formaron parte del proceso de paz, así como siete familiares de líderes sociales y un escolta.

Ahora, en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, los asesinatos no han parado, tal y como ha alertado Indepaz. Desde el inicio de la pandemia han muerto 32 líderes sociales, 19 de ellos desde que se impusieron medidas de confinamiento en todo el país el pasado 23 de marzo.

De las ocho personas que han sido asesinadas por su relación con líderes sociales, siete de ellas murieron en el departamento de Cauca, mientras que otra falleció en el Valle del Cauca.

Los departamentos colombianos donde más asesinatos se han registrado son el Cauca con 30, seguido de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.

El último líder comunal asesinado del que se tenga constancia es Carlos Andrés Sánchez Villa, que murió en Tibú, en Norte de Santander, y era conocido por apoyar los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y 173 antiguos guerrilleros de las extintas FARC, si bien las ONG alertan de que las cifras podrían ser mucho mayores.