HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Líder en la región

Capturados exfuncionarios de la gobernación de Casanare por presunto desfalco

La Fiscalía General de la Nación capturó cinco personas entre contratistas y exfuncionarios de la Gobernación del Casanare por presunto desfalco en la construcción de un megacolegio de dicho municipio.

Los exfuncionarios detenidos son Rodrigo Tadeo Flechas Ramirez, ex jefe de la Unidad de Contratación; Cristian Gómez Mejía, Gerente de Ingecol, y Orlando Javier Sanabria Mejía, Representante Legal de Unión Temporal Mega Paz, encargada de la construcción del Megacolegio de Paz de Ariporo.

Por el presunto desfalco a la Gobernación la Fiscalía le imputó cargos a Tadeo Flechas, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, los cuales no aceptó.

Mientras que a Gómez Mejía y Sanabria Mejia, el ente acusador les endilgó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, los cuales tampoco aceptaron.  

El Juzgado Primero Penal de Yopal les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, con restricción para salir del país, así mismo deben presentarse cuando las autoridades los requiera.  

Sobre los contratistas la Fiscalía los escuchó en interrogatorio y “ordenó la práctica de pruebas grafológicas porque existe duda de su autoría, toda vez que indicaron que les falsificaron sus firmas y documentos”.  

Según la Fiscalía, los hechos que involucran a las cinco personas se suscitaron en el año 2011 cuando se suscribió el contrato 0210 que tenía como objeto la construcción del Megacolegio por un valor de $9.499.879.221; por este se realizó un anticipo del 50%, cuando el mismo estableció como anticipo el  40% del valor.  

Así mismo la Fiscalía estableció que la obra presentaba falencias en los diseños, la planeación y servicios públicos. Igualmente, el ente acusador determinó “que la Corporación Autónoma Regional de la Orinquía (Corporinoquía) no otorgó los permisos ambientales para la construcción, toda vez que iba a estar ubicado cerca de una laguna de oxidación de aguas residuales”.  

La Fiscalía también encontró que el interventor tras realizar la revisión del cumplimiento de las obras “solicitó la terminación del contrato por las falencias encontradas, la cual no fue tenida en cuenta, toda vez que ya se había entregado el anticipo y la Unión Temporal se había gastado el dinero sin adelantar la obra de acuerdo al cronograma”.  

Al no acatar el acuerdo suscrito, la Contraloría Departamental aseguró que por estos hechos se generó un faltante de $2.025 millones. Colprensa.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Leer más