Juzgado admitió tutela de la Procuraduría para protección de los reclusos

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A través de una tutela, la Procuraduría logró exigirle al Inpec, Fiscalía y Policía, garantizar las medidas de protección a los reclusos de la Cárcel de Santa Marta y en Ciénaga los centros de detención transitoria.

Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de Control de Conocimiento de Santa Marta admitió tutela de la Procuraduría General de la Nación que pide descongestionar centros de detención transitoria en Santa Marta y Ciénaga.

En virtud de lo anterior la medida ordena al Inpec a la Uspec, Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, que en un plazo de tres días hábiles integren una comisión interinstitucional en donde se evalúen las medidas que se puedan adoptar para la protección de la vida y salud de la población privada de la libertad en Santa Marta y Ciénaga en los llamados centros de detención transitoria.

La acción de tutela fue instaurada por la Procuradora 163 Judicial penal de Santa Marta, doctora Gloria Guzmán Duque, quien además solicitó que se vinculará al presente trámite de tutela la Defensoría del Pueblo del Magdalena, al Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y a la Organización no gubernamental de Justicia.

La Procuradora Judicial argumentó su solicitud, afirmando En la actualidad, producto de la pandemia que afecta el mundo, el estado de cosas inconstitucionales mencionado, sitúa a la población de personas privadas de la libertad como uno se los sectores de mayor riesgo de contagio. El Gobierno Nacional expidió el decreto 546 del 2020 a efectos de lograr reducir el hacinamiento y mitigar los efectos del Covid-19 en la población de personas privadas de la libertad. Sin embargo, esas medidas parecen ser insuficientes.

Luego, resulta razonable y ajustado al prólogo y artículo primero de la constitución nacional, la instalación de un comité que evalué medidas eficientes para la protección de la población privada de la libertad.

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