Defensoría advierte de agresiones y violencia contra población LGBTI

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos limitan el acceso a derechos fundamentales en Colombia.

La Defensoría del Pueblo aseguró que en Colombia es urgente implementar acciones integrales de prevención, educación y respeto de los derechos de las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, ​Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) que promuevan la transformación de las estructuras de la violencia y generar una cultura que respete la diversidad, «como valor necesario de la democracia».

Según la entidad, «las vidas de mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, mujeres transgénero, hombres transgénero, así como de personas con expresiones de género diversas, siguen estando expuestas a múltiples formas de violencia por prejuicio en Colombia, limitando su acceso a derechos fundamentales como la educación, salud, trabajo, libre expresión y a llevar una vida libre de violencias».

Por ello en medio del ‘Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia’, la entidad recordó los más recientes casos que se dieron con la aplicación de la medida de ‘pico y género’ en Bogotá, Valle del Cauca y Cartagena, «en donde se puso en evidencia la reproducción de estereotipos y de discriminación en razón al sexo, la identidad y la expresión de género», indicó la Defensoría.

Incluso destacó que «son constantes los casos de violencia basada en género, como se evidenció en alertas tempranas sobre personas transgénero en Magdalena y Bogotá, en las que se concluyó que el ejercicio de la prostitución como posibilidad de trabajo informal en estas poblaciones implica un alto riesgo para su seguridad».

Sin embargo, los riesgos para esta población van más allá de la situación actual y preocupa que no puedan tener un mínimo vital «y mucho menos vivienda. Esto permite que la violencia de género se agudice, sin que haya denuncias por temor a retaliaciones».

La Defensoría del Pueblo también mencionó otra alerta temprana en la que también se denunció la llegada de migrantes y refugiadas de Venezuela a municipios como Maicao (La Guajira), «en donde hay grupos grandes de mujeres trans en ejercicio de prostitución, viviendo en situación de calle y hombres gay en déficit en atención de derechos. Incluso personas con VIH sin acceso a servicios de salud».

El año anterior, por ejemplo, se conocieron 227 víctimas de hechos de violencia en todo el país. Es así como en regiones de Cauca y Quindío, «hubo desescolarización por relaciones afectivas en razón a la orientación sexual, vulneración de derechos a estudiantes transgénero por no presentar cambio de nombre en sus documentos, negación de matrícula y participación en ceremonias de grado por no portar el uniforme de acuerdo al sexo asignado», indicó el organismo.

Allí también se evidenciaron «casos de acusación en contra de madres de personas transgénero ante ICBF porque “según los colegios” ellas infunden comportamientos inmorales», mientras que en Santander, Quindío y Valle del Cauca, «hubo discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de género el ámbito laboral y despidos injustificados cuando se inician procesos de tránsito de género».

De igual forma hubo episodios «de incitación a que estudiantes de una universidad en Quindío presentaran quejas sobre el comportamiento de una docente transgénero y amenazas con divulgar la orientación sexual en el trabajo», recuerda la Defensoría, al hacer énfasis en que «siguen las barreras para tratamientos hormonales y reafirmación sexual, teniendo que acudir siempre a la tutela como mecanismo para recibir atención integral y la exposición a violencia institucional».