Procuraduría abrió once procesos disciplinarios en 8 municipios del Magdalena

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El alcalde de Santa Ana, Wuillman Bermúdez Silvera y dos concejales del municipio, tienen una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de ayudas humanitarias en el marco de la emergencia por Coronavirus.

La Procuraduría General de la Nación en el marco del programa ‘Transparencia para la Emergencia’ reveló que adelantan 11 procesos disciplinarios en 8 municipios del departamento del Magdalena.

Asimismo, 5 indagaciones en el Magdalena en la Gobernación, siendo este uno de los más departamentos con más procesos de esta naturaleza.

Como parte del trabajo conjunto del programa ‘Transparencia para la Emergencia’, abrieron una investigación al alcalde de Santa Ana, Magdalena, Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, el pasado 22 de abril.

Se investiga si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente.

Las indagaciones preliminares abarcan además a las Gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.

INDAGACIONES PRELIMINARES

Con todas estas indagaciones preliminares se determinará si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal. Por otro lado, hay proceso disciplinario contra la Personería y Concejo de Aracataca.

 “Este es un trabajo de la mano con la ciudadanía, por eso la invitación de hoy es como lo decíamos hace unas semanas es invitar a los colombianos a que sigan conjugando el verbo de denunciar, hay que seguir denunciando y seguir fiscalizando desde la ciudadanía para que estos recursos públicos se inviertan por los casos que son en las verdaderas necesidades de los colombianos”, dijo el procurador General de la Nación, Fernando Carillo.

El jefe del Ministerio Público, también dijo que no se trata de decapitar funcionarios públicos por gusto, estamos en una cruzada por la defensa de los recursos públicos y la protección de los derechos sociales y económicos de los colombianos”.

Por su parte, el Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, indicó que “la región con mayor riesgo es #Caribe, el porcentaje de presuntos sobrecostos es del 72% en un universo de contratos en el que el 24% tiene relación con la pandemia. Vale destacar que allí hay 18 municipios que no generaron alertas”.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, indicó que “no es un proceso de linchamiento a funcionarios. Es un proceso de moralización de la acción pública. Mientras los colombianos se encuentran confinados en sus casas, la Fiscalía está en las calles y en los territorios, adelantando la lucha contra la corrupción”.

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