Sobrecostos en contratos por pandemia ascienden a 400 mil millones de pesos

512 procesos disciplinarios que involucran a 26 gobernaciones y 272 alcaldías, más de 3 mil contratos verificados y la constatación de unos 400 mil millones de pesos en sobrecostos, son algunos de los resultados presentados este jueves por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, en las investigaciones que adelantan por presuntos actos de corrupción en la celebración de contratos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En el caso de la Procuraduría, el organismo de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 ya hay una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos.

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario. Por su parte, hay 364 en total, relacionados con 272 alcaldías del país.

Entre los funcionarios investigados por la Procuraduría está la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la covid-19.

La Procuraduría también abrió investigación contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y otros 11 funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones, para atender la emergencia derivada del covid-19.

Otro de los investigados es el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes, por presuntas irregularidades en el contrato 540 de 2020, para el suministro de 50.000 unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial por un valor de $521 millones de pesos.

El gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y los secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales, Cristian Camilo Aldana Salazar, de Educación, Víctor Manuel Mora, son igualmente investigados disciplinariamente por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos de suministro 797 y 798 de 2020.

En el caso del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, ya comenzó el juicio disciplinario por presuntas irregularidades en un contrato por $570 millones, y está en evaluación de si se le llama a juicio disciplinario, en un segundo proceso, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato con posibles sobrecostos para la adquisición de kits de mercados para la población del departamento.

El gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, también fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario por presuntas irregularidades con el contrato de compraventa No. 366 de 2020 por $1.714’041.000, para la adquisición de

El alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, fue citado a juicio disciplinario por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Contra el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, se adelantan dos investigaciones. La primera por presuntas irregularidades en la firma de un contrato, el 24 de marzo, para la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción y prevención del contagio del covid-19, por $118’300.000.

Y contra el alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales, se abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros por más de $1.590 millones de pesos.

La Procuraduría investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500 millones de pesos; 02, por $350 millones de pesos; 03, por $300 millones de pesos, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.

INVESTIGACIONES EN FISCALÍA Y CONTRALORÍA*

En cuanto a las investigaciones penales, la Fiscalía verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

«La Fiscalía General de la Nación solicitó imputaciones y medidas de aseguramiento contra diez alcaldes del país por múltiples delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado», aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa.

Los 10 mandatarios municipales contra quienes la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento son:

Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.

Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.

Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.

Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.

Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.

San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.

San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.

Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.

Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.

Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados.

Otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados:

Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo.

Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa.

Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

Por su parte, el balance presentado por la Contraloría muestra que los sobrecostos en los contratos firmados para atender la emergencia por el coronavirus ascienden a por lo menos 400 mil millones de pesos.

De 30 gobernaciones que se analizaron, solo seis no presentaron irregularidades: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá. Al menos el 21% de las compras de kits de alimentación y salud para entregar a población vulnerable, presentaban sobrecostos.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

En el caso de la Gobernadora del Valle el proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 fue abierto por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

A su vez, el proceso contra el Alcalde de Medellín, por $942.750.372 corresponde a un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Al mismo tiempo, el organismo de control anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también por el tema de posibles sobrecostos, en contrataciones por el Covid-19.