Las ´ÍAS´ ponen contra las cuerdas a los corruptos

Las investigaciones emprendidas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, apunta a impedir que servidores públicos se roben la plata con ocasión de la emergencia que vive el país por cuenta del coronavirus

 En esta época de emergencia, mientras la mayoría de los ciudadanos permanece en casa para cuidar su salud, los organismos de control (las llamadas ías: Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría) tienen más trabajo que nunca.

En las últimas semanas, han tenido que afilar su olfato para identificar a los funcionarios públicos que aprovechan para hacer de las suyas en esta situación extraordinaria, en la que es necesario firmar una avalancha de contratos en muy poco tiempo para poder atender la emergencia.

Esta semana, las tres entidades presentaron un informe conjunto de sus investigaciones, que resulta preocupante, pues por lo menos en 16 de los 32 departamentos del país hay alertas prendidas sobre la posible destinación irregular de los recursos para atender la pandemia.

Sobrecostos, contratos a dedo, selección de contratistas que no tienen experiencia para la labor para la que fueron contratados y compras innecesarias son solo algunas de las modalidades en las que se pierden los recursos que deberían estar destinados a la atención de la salud de los colombianos.

Aunque se trata de investigaciones que aún están en curso sí dejan en evidencia posibles malos manejos que ya dieron lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra varios alcaldes y gobernadores.

EN ALIMENTACIÓN

Colombia, además de la situación de salud pública que padece, está sumergida en una grave crisis alimentaria, porque muchos colombianos que viven del rebusque y de los trabajos informales, o bien se han quedado sin empleo, o no han podido salir a ganar un sustento para evitar un posible contagio.

Esta situación ha generado en más de una ocasión que los colombianos no tengan un alimento en sus mesas, por lo que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han puesto en marcha planes para mitigar este flagelo.

Sin embargo, los contratos que son necesarios para llevar a cabo este plan, se han convertido en muchos casos en fuente de irregularidades.

Llama la atención del reporte que existen sobrecostos en los kits alimentarios, que las entidades territoriales hacen convenios con entidades que no tienen domicilio en su municipalidad, o que sencillamente no cuentan con experiencia en la actividad económica relacionada con el suministro de productos de la canasta familiar.

En Malambo (Atlántico), la alcaldía, celebró un convenio en el que se comprometían a adquirir y entregar a la población vulnerables kits de mercados. Con lo que no contaban era que las ‘ías’ tenían la lupa puesta y hallarían irregularidades en el contrato celebrado por 4.000 millones de pesos.

En Sincelejo (Sucre), la situación es similar, el alcalde celebró dos contratos por más de 1.000 millones de pesos, donde se comprometían a entregar kits alimentarios a la población vulnerable. En este caso, el convenio fue directamente con las sociedades de Abastos y Fruver dado que buscaban entregar abarrotes y fruta a la comunidad. El detrimento en este convenio sería de más de $900 millones.

En Girón (Santander), la historia se repitió, el alcalde celebró dos “negocios jurídicos” por más de $3.400 millones con los que, inicialmente, buscaba adquirir alrededor de 1.200 kits de mercados para la población vulnerable.

En un segundo convenio se pretendía favorecer a estudiantes de colegios distritales que hicieran parte del Programa de Alimentación Estudiantil (PAE), sin embargo, a juicio de las ‘ías’ en ambos pactos se habrían registrado sobrecostos para favorecer a terceros.

En Coveñas (Sucre) por su parte, indagan lo sucedido con el suministro de 6.000 kits alimentarios que le costaron a la alcaldía $1.206 millones. En este caso, lo que llama la atención es que se contrató a una fundación que tiene domicilio en otro departamento, sumado a que este a su vez tuvo que adquirir con un proveedor mayorista algunos productos que se encontraban dentro del kit.

Lo que indagan las ‘ías’ es el motivo por el cual se les cobró los productos de manera unitaria cuando estaba incluido en un a “todo costo” en los kits. Además de ello, hallaron irregularidades en los costos de transporte. Las clausulas en este caso fueron cambiadas por la empresa contratista pero, además, avalados por los funcionarios públicos.

En Chocó los más de 4.000 kits de mercados que estaban destinados para familias vulnerables de Quibdó, están bajo la lupa de las ‘ías’, pues tienen pruebas de que hay sobrecostos en el convenio que superó los $300 millones. Este es apenas uno de los procesos que se adelanta en dicho departamento.

Por otro lado, en Medellín, Antioquia, hallaron irregularidades en los kits que le entregarían a niños del PAE, lo que llamó la atención de los investigadores, además del elevado costo del convenio por más de 7.000 millones de pesos, fue hallar que los mercados que tendrían un costo real de $10.000 a $15.000, la administración los estaba pagando a 32.500. Por estos hechos indagan a funcionarios de la Secretaria de Educación.

Otra irregularidad hallada en Antioquia es que hay una entidad denominada Suministros Empresariales de Colombia, que firmó un convenio con la administración para suministrar paquetes alimentarios. El nombre de la entidad generó incertidumbre en los órganos de control debido a que posiblemente su actividad económica no podía guardar relación con la distribución de alimentos propios de la canasta familiar.

EN SALUD

Los elementos de salud, insumos sanitarios y equipos médicos son elementos indispensables en esta época de emergencia, de ahí que la lupa de los órganos de control esté presentes sobre ellos.

En este caso, las irregularidades encontradas incluyen desde incrementos desbordados en los precios de los elementos de protección hasta obligar a los habitantes de un municipio a diligenciar un formato en el que aceptaban no ser atendidos en un centro de salud en caso de contagio.

La lupa la pusieron los órganos de control en la Gobernación del Valle del Cauca, donde hallaron sobrecostos en un contrato que tenía como objeto suministrar 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas tres capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa, por un valor de superior a los $15.132 millones.

Si bien el convenio fue adjudicado de manera directa a una empresa que suministra elementos de salud, las partes se escudan en que la contratación se adelantó de tal manera porque la declaratoria del Estado de Emergencia así lo estipuló.

Por los mismos sobrecostos en tapabocas, la Armada Nacional también está en apuros. Una relación de costos emitidos por la Contraloría da cuenta que mientras la Policía Nacional compró este elemento de protección convencional en $750, la Armada lo hizo en $1.500. Por estos hechos tres uniformados y el representante legal de la empresa contratista están siendo investigados.

Si bien, el sobrecosto de esos elementos ha aumentado considerablemente, incluso, para el ciudadano del común, los órganos de control han hecho un llamado para que no exista especulación.

Pero los sobrecostos en los tapabocas no son la única preocupación, millonarios contratos para adquirir ambulancias también hacen parte de la revista que están pasando.

El convenio de las ambulancias fue celebrado por la Gobernación de Putumayo y, al parecer, este pacto careció de planeación para adquirir los 10 automotores que superan los $3.460 millones de pesos.

Si bien el tema monetario llama la atención de los entes, en el sector salud investigan un hecho sin precedentes. Ocurrió en Caquetá, donde la administración de Doncello habría adoptado medidas extremas para evitar que las personas salieran a la calle y resultar contagiados.

Se trata de un formulario que le hicieron diligenciar a los lugareños indicando que si se llegaban a contagiar renunciaban a su derecho a la salud y a ser atendidos en un centro asistencial. Lo que llama la atención de los órganos de control es que con la firma los ciudadanos autorizaban la aplicación de la eutanasia en el evento de ser un paciente terminal.

El formato, que lo denominaron ‘Para el ciudadano infractor’, según la administración municipal está destinado a los habitantes que violen la cuarentena.

EQUIPO INVESTIGADOR

Agentes de policía judicial bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, adelantan una serie de diligencias judiciales, en desarrollo de la segunda fase de las investigaciones por hechos de corrupción en contratos destinados para la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Se conoció que en desarrollo de estas labores, incluso también se adelantan inspecciones de tipo judicial y no se descartan capturas de los presuntos implicados en esos hechos de corrupción.

Cabe mencionar que por este caso, los investigadores han establecido la presunta responsabilidad de otro grupo de gobernadores, alcaldes y otros funcionarios públicos no aforados en estos hechos de corrupción, con los recursos que se han destinado para la atención pandemia a los sectores más vulnerables.

Estas investigaciones hacen parte de la estrategia conjunta de vigilancia y control denominada “Transparencia para la Emergencia”, construida por el bloque anticorrupción de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República

En desarrollo de estas labores, se dispuso de 9 fiscales especializados y más de 80 investigadores del CTI, quienes solo en la primera fase del proceso han recolectado pruebas técnicas y testimoniales y han solicitado información a más de mil municipios del país, 5 distritos especiales y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar unos 32 mil contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.

Igualmente, los peritos han hecho una revisión técnica a cerca de mil contratos, cuyos valor ascienden a los 670 mil millones de pesos, con lo cual se pudo un detrimento de 17 mil millones de pesos, en medio de las primeras medidas.

Cabe mencionar que la fiscalía delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, abrió investigaciones de tipo preliminar contra el propio Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro y los Gobernadores de Vichada, Magdalena, San Andrés y Arauca.

En esta segunda fase también se emprendieron investigaciones contra otro grupo de gobernadores y alcaldes, cuyos casos se suman a las a los 38 que están en etapa de indagación contra más de 40 funcionarios municipales en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander.

TAMBIÉN EN LA REGISTRADURÍA

La Procuraduría le puso la lupa al proceso licitatorio de casi 120.000 millones de pesos para la logística de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en todo el país programadas para 2021 tras las denuncias por el alto costo del proceso.

Según la información que tiene la Procuraduría, se estimaría gastar en el millonario contrato más de 83.703 millones en servicios técnicos, más de 6.484 millones en servicios de edición y materiales y más de 28.555 millones en servicios de alojamiento, transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Por esa razón la Procuraduría le pidió explicaciones a la Registraduría del por qué está enfocando ese proceso licitatorio,  “dentro de los necesarios para la defensa y seguridad nacional, siendo que los Consejos de Juventud se realizan para dar solución a las necesidades y problemáticas de los lugares donde viven los jóvenes y generar propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y el Gobierno Nacional”.

Según el documento de la Procuraduría también se ha encontrado posibles irregularidades en la publicación de la oferta de la licitación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

 “Esta Procuraduría delegada una vez revisado el SECOP II no encontró publicadas las observaciones de Linktic S.A.S. por lo cual, es imperiosa la publicación de cualquier documento relacionado con la selección”, dice el documento.

Al respecto la Registraduría ha asegurado a RCN Radio que el proceso se ha adelantado conforme a la ley.

Por su parte más de cuarenta organizaciones juveniles en el país anunciaron protestas virtuales y presenciales contra la Registraduría Nacional, ante el alto costo del proceso de licitación.

La presidenta de la función Democracia en Acción y líder de la convocatoria, Carolina Gómez, le dijo a esta emisora que el proceso estaría untado de corrupción, dado a que se destinarían por lo menos 120 mil millones de pesos a un proceso con menos mesas de votación que las anteriores elecciones regionales.

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