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Corte destraba el embargo de bienes a exgobernador Hugo Aguilar
La Corte Suprema de Justicia determinó que será un juez de control de Garantías de Bucaramanga quien decida sobre la petición de la Fiscalía General de embargar 32 bienes del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo.
Así lo hizo luego que la magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga asegurara no tener competencia para resolver dicha petición de la Fiscalía sobre Aguilar, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado, particularmente, por fomentar al Bloque Central Bolívar de las AUC.
En decisión conocida por COLPRENSA, la Corte Suprema estimó que en efecto la magistrada no tiene competencia para este asunto dado que Aguilar Naranjo no es un postulado en Justicia y Paz sino que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia.
Según la Corte, la “jurisdicción transicional no puede adelantar ningún tipo de trámite propio de la misma, incluso si se trata de algo incidental o accesorio, si pudiera decirse ello de la afectación de bienes, si no tiene como destinatario o afectado específico a un postulado”.
La Sala Penal indicó que si bien el derecho a la reparación de las víctimas es uno de los componentes fundamentales del proceso de reconciliación nacional a que sirve la Ley de Justicia y Paz, esto no quiere decir que cualquier medida de reparación a favor de víctimas vincule a la jurisdicción de justicia y paz.
“Hugo Heliodoro Aguilar Ruiz fue condenado por la justicia ordinaria y jamás ha sido postulado al trámite de Justicia y Paz, para advertir que la diligencia encaminada a afectar con medidas cautelares los que se dice bienes radicados realmente en cabeza suya, debe ser adelantada por un juez de control de garantías de Bucaramanga y no por la Magistrada de esa especialidad adscrita a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de esa ciudad”, se indica por la Corte.
En ese sentido, será un juez de control de garantías de Bucaramanga quien defina la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo de dominio que solicitó la Fiscalía sobre 32 bienes que están avaluados en más de 6.500 millones de pesos. Bogotá Colprensa.
