Próximo semestre será con 50% de rebaja en matrículas

´Con recursos propios y de forma responsable, la Institución aliviará la carga económica de alumnos y padres de familia y busca avanzar gradualmente hacia un modelo de matrícula más incluyente y equitativo´, dijo.

Ello como consecuencia de la aprobación de la propuesta del rector Pablo Vera Salazar por parte del Consejo Superior. Para los estudiantes de posgrado el descuento será del 25%. Todo ello sin afectar la estabilidad financiera

La Alma Mater dio el primer paso y destinó $6.803.172.263 para beneficio de su estudiantado y reiteró la solicitud de nuevos y mayores aportes permanentes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital.

La Universidad del Magdalena a través de su máximo directivo, el Doctor Pablo Vera Salazar, presentó Proyecto de Acuerdo ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Alma Mater, para establecer “alivios económicos a estudiantes en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en busca de avanzar gradualmente hacia la gratuidad con un nuevo modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible. La propuesta está respaldada por un riguroso análisis técnico y financiero, que fue sustentado por el actual dirigente de la Institución en la anterior sesión de CSU realizada el pasado 8 de mayo, y socializado con la comunidad universitaria el 18 de mayo en una edición de el espacio ‘El Rector Nos Cuenta’ realizada por Facebook Live y YouTube.

En este sentido, el Consejo Superior de esta Casa de Estudios Superiores aprobó la propuesta presentada por el Rector Pablo Vera para otorgar un alivio económico, en el periodo 2020-2, del 50% en el valor de la matrícula a todos sus estudiantes de pregrado presencial y a distancia, y el 25% a los estudiantes de postgrado. La propuesta fue discutida y sometida a votación, en la cual se obtuvieron ocho votos a favor y una abstención a brindar este beneficio al estudiantado de Unimagdalena por parte del Gobernador del departamento del Magdalena.

En la misma sesión del CSU se presentó el resumen de un análisis que realizó una comisión sobre la idea que había planteado el Gobernador en el punto de proposiciones y varios de la sesión realizada el 8 de mayo, cuando leyó un documento borrador de un proyecto de acuerdo superior que estaba en preparación por su equipo de trabajo.  Aunque lo planteado en ese documento se adhería a lo planteado desde la Universidad desde el inicio de la emergencia sanitaria actual sobre la necesidad de generar alivios económicos a estudiantes; a juicio de los consejeros, esa propuesta carecía de una sustentación clara sobre los aspectos técnicos, financieros y jurídicos, haciéndola una propuesta inviable y que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera y los procesos de aseguramiento de calidad de la Institución, sumado a que no se habían cumplido los requisitos de procedimiento definidos para el trámite de acuerdos superiores.

Sobre lo tratado en la sesión del CSU, el doctor José Miguel Berdugo, representante del sector productivo en dicho órgano de dirección universitaria, señaló que, “se estudiaron las dos alternativas, el informe de la comisión concluyó que no había una viabilidad ni financiera ni jurídica en la propuesta del Gobernador, por lo tanto, se descartó y se estudió la propuesta del Rector, la cual fue aprobada por la mayoría del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena”.

En relación con la propuesta aprobada se destaca que la Universidad está haciendo una reducción significativa en gastos de funcionamiento y el aplazamiento de algunas inversiones, con lo cual puede aportar la importante suma de $6.803.172.263 para beneficio del estudiantado, lo cual se reflejará en alivio de los costos de matrículas. Específicamente el aporte de la Universidad se distribuye de la siguiente forma: reducción del 50% del costo de las matrículas en pregrado presencial ($4.615.550.700) y en pregrado a distancia ($1.384.990.000), reducción del 25% del costo de las matrículas en postgrado ($802.631.563), exoneración total del pago de los costos de readmisión de estudiantes para el periodo académico 2020-2. Con esto se sigue demostrando que, tal como se plantea en el actual plan de gobierno de la Universidad del Magdalena, la gente es primero.

“Hoy estudiantes nuevos y antiguos de pregrado parten con un descuento del 50% que asume la propia Universidad y vamos más allá, a los postgrados se les dará el 25% de descuento, adicional a otros descuentos que tengan estos estudiantes; ahora, si llegan más recursos podemos ir aumentando ese porcentaje. Si queremos llegar al 100% de alivio económico de la matrícula necesitaríamos 6 mil millones más, bienvenidos los recursos que quiera aportar la Gobernación, otros entes territoriales y la alcaldía de Santa Marta (…) Lo que no puede ser es que ese aporte este condicionado a pretender que la Universidad haga recortes de inversión en rubros tan estratégicos como la investigación”, señaló el Doctor Pablo Vera, en informe posterior a la sesión del CSU.

Cabe destacar que, el proyecto aprobado incluye a los estudiantes de todas las regiones del país y de todos los estratos, teniendo en cuenta que la crisis causada por el COVID-19 ha afectado no solo a los estratos 1, 2 y 3 y sin estrato, sino a todos. Por su parte, no repercute en recursos de inversión prioritarios para asegurar la calidad, como el Fondo de Investigación Fonciencias o la dotación de laboratorios, y para disminuir la deserción, como los programas de apoyo a estudiantes (ayudantías, desarrollo estudiantil, apoyo tecnológico y de conectividad, entre otros).

En este punto es importante precisar que, para avanzar hacia la gratuidad, Unimagdalena no puede sola y se requieren nuevos y mayores aportes permanentes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital. Por consiguiente, el Rector Pablo Vera reiteró la solicitud a la Nación para igualar las transferencias entregadas a Unimagdalena al promedio por estudiante que reciben las universidades del SUE, es decir, un incremento de la base presupuestal en $34.669.241.142.

También se reiteró la necesidad de un incremento de las transferencias que debe hacer por ley la Gobernación del departamento del Magdalena, los cuales son de tan solo $4.784.902.999 en la vigencia 2020, para que sean de mínimo $10.720.874.552, cifra que corresponde al promedio de aportes que otorgan las gobernaciones a las universidades de su departamento. Esto es posible porque pueden hacer reducciones de rubros no prioritarios y puede presentar una ordenanza a la Asamblea Departamental para que se tramite esa solicitud. En el ejercicio de gobierno desde una posición auto declarada como “progresista”, debería actuarse en consecuencia, y deberían seguir ejemplos de pasadas administraciones departamentales de corrientes políticas afines, como el caso de Nariño en el período 2016 -2019, o de corrientes políticas ubicadas en otros paradigmas pero que le han apostado firmemente a la educación superior, como el caso del Tolima en el período 2016 -2019, para no citar ejemplos de departamentos con mayor desarrollo y mayores recursos.

Asimismo, se propuso que el Distrito de Santa Marta se comprometa realmente con los estudiantes samarios, que son más de la mitad de los estudiantes de la Unimagdalena, y que establezca una transferencia de base presupuestal por un monto de mínimo $10.451.816.826, para cubrir los costos completos de los estudiantes de la ciudad. Para avanzar hacia la gratuidad manteniendo y mejorando los niveles de calidad que tiene la Unimagdalena, se requiere la voluntad política de los gobernantes para que se establezcan aportes fijos y sostenibles en el tiempo, sin condicionamientos de ningún tipo.

Es necesario destacar que el Acuerdo Superior aprobado contempla que otras entidades públicas o privadas pueden aportar con recursos al Fondo de Becas que ya existe en la Universidad, con el fin de incrementar el porcentaje de alivio a otorgar a todos los estudiantes. “El Consejo Superior fue enfático en que se deben aunar esfuerzos para completar el otro 50% restante, por ejemplo el apoyo del Departamento que ya ha expresado que tiene intenciones de aportar $3.500.000.000 para las matrículas de los estudiantes; invitar también a la Alcaldía distrital de la ciudad de Santa Marta y a otros mandatarios ya que hay otros estudiantes de otros departamentos que también se están formando en la Universidad”, manifestó David Camargo Macías, Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior.

Finalmente, recordar que, en el Plan de Gobierno 2016-2020 ‘Una universidad más incluyente e innovadora’, en el marco de las políticas de desarrollo institucional, en particular las orientadas a la comunidad estudiantil, ha contemplado iniciativas estratégicas asociadas a la disminución del costo de la matrícula para los estudiantes. Del mismo modo, se han adoptado medidas como: reducción del costo de matrículas a estudiantes de grado y de prácticas (incluye judicatura e internado), disminución del valor de matrícula de los programas a distancia, Programa Talento Magdalena, programa de matrícula por trabajo, cupo especial para estudiantes con discapacidad (exoneración del valor de matrícula), becas de posgrados, disminución del costo del diplomado como opción de grado, disminución del costo de derecho de grado privado, entre otras, que han significado el otorgamiento de 31.838 exoneraciones y diminuciones por un valor aproximado de $17.198 millones, durante el periodo 2017 – 2020.

La implementación de las políticas de inclusión y de las medidas adoptadas para la disminución del costo de matrícula y el fortalecimiento y ampliación de los programas de bienestar universitario y desarrollo estudiantil, ha logrado disminuir la tasa de deserción institucional pasando de 10,54% en el periodo 2016-II a 5,94% para el periodo 2019-I, muy por debajo de la media nacional que se ubica en 10,78%; lo cual se procura continuar con la aplicación del proyecto aprobado. Ahora, la comunidad estudiantil de la Alma Mater recobra sus esperanzas en seguir transformando sus vidas a través de la educación, con la certeza de contar el próximo semestre con un significativo alivio de su carga económica por conceptos de matrículas, sin vulnerar la sostenibilidad de la Institución, ni su calidad educativa.