Depuración en las FF.MM., un rompecabezas aún por armar

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Solo al leerlo entre líneas, se puede entender que la salida de casi una veintena de oficiales del Ejército en las últimas semanas es un proceso de depuración en las Fuerzas Militares.

“Hemos tomado decisiones administrativas que no pueden leerse como una condena”, ha manifestado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para explicar estos retiros que en algunos han sido directamente llamados a calificar servicios por parte del Gobierno, pero en otros han sido de iniciativa de los mismos oficiales, que voluntariamente han pedido su baja.

En ese sentido, oficialmente, ninguna de estas decisiones es un reconocimiento por parte del Gobierno de la existencia de actos irregulares, pero al mismo tiempo, el ministro ha venido hablando de lo que ha llamado ‘Operación Verdad’, que, según ha explicado, “no es otra cosa que apoyar a las entidades competentes en sus investigaciones y decisiones”.

“No es la justicia de cualquiera que se pare en una esquina a señalar. Es la verdad institucional la que debe prevalecer. La verdad de la Procuraduría, en lo disciplinario, la verdad de la Contraloría en lo fiscal y la verdad de la Fiscalía y de la Corte Suprema en lo penal. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, el país, todos queremos llegar hasta el fondo de esa verdad”, ha dicho.

Y cuando se miran los nombres de los oficiales que han salido en las últimas semanas, en la mayoría de los casos no es la primera vez que se ventilan en los medios de comunicación.

Algunos de ellos aparecieron en las fotos de Instagram del narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández, otros han sido mencionados en investigaciones, todavía en curso, por actos de corrupción, y, la mayoría, han salido a colación en el proceso  por los llamados ‘perfilamientos’, el eufemismo que se utiliza para hablar de posibles seguimientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición.

Algunos, incluso, aparecen mencionados en el mismo anónimo que dio lugar a la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe, anunciada esta semana por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

ESCÁNDALOS ACUMULADOS

Pasaron varios meses antes de que el Gobierno empezara a tomar medidas en las Fuerzas Militares para responder a la serie de escándalos que durante el 2019 y lo que va corrido del 2020 han salpicado la institución.

Aunque el presidente Duque respaldó decididamente al entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, finalmente terminó cayendo en diciembre del año pasado y actualmente se encuentra ad portas de ser llamado ante los estrados judiciales. Su salida también hecho atrás su nombramiento como agregado militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ya tenía listo el alto gobierno.

En su momento, el oficial pidió su retiro de la institución, invocando motivos personales, pero publicaciones periodísticas lo vinculan a una operación interna dentro de la fuerza para evitar que  la información sobre las ‘chuzadas’ y sobre actos de corrupción vieran la luz en los medios de comunicación. Lo cierto es que, después de la salida de Martínez, es que se han precipitado las llamadas decisiones discrecionales en el interior de la fuerza.

El más reciente de estos retiros es el del general Raúl Rodríguez, que también dejó el cargo por motivos no revelados, pero que como jefe de operaciones del Ejército había resultado salpicado en una investigación por corrupción adelantada contra el general (r) Jorge Romero, quien fue judicializado en 2019.

En ese entonces el jefe de Estado Mayor de Operaciones salió a relucir en conversaciones con contratistas que, al parecer, se beneficiaron de las irregularidades que se presentaron en la Cuarta Brigada, cuando Romero era su comandante.

Pero además de estas actuaciones de las cuales hubo compulsa de copias, Rodríguez también resultó salpicado por cuenta de unas fotografías en las que aparece con José ‘Ñeñe’ Hernández, el señalado narcotráficante asesinado en Brasil que, en grabaciones que se hicieron públicas, aseguraba haber apoyado la campaña del actual jefe de Estado Iván Duque.

En mayo pasado, también se conoció que el coronel Juan Esteban Zapata quien era  agregado militar en Washington, fue llamado a calificar servicios por el escándalo de las “carpetas secretas” en donde se hallaron información sobre políticos de la oposición, sindicalistas y periodistas nacionales e internacionales. Estas actuaciones también se habrían ejecutado desde el interior de la Institución.

Otros de los salpicados en este escándalo y de quien también se conoció que pidió la baja, en mayo pasado, es el general Gonzalo Ernesto García, quien hizo carrera en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y que en esta ocasión estaría vinculado con los perfilamientos.

La baja de García Luna se registró a la vez que el ministro Trujillo llamó a calificar servicio a 11 uniformados por estar inmersos en las denominadas “carpetas secretas”. Del oficial se sabe que se desempeñaba como comandante del Departamento Conjunto de la Inteligencia y Contrainteligencia de la Institución castrense.

Por los mismos hechos, la Procuraduría adelantar investigaciones en contra de 11 militares, cuyos nombres no fueron revelados, pero trascendió que el general Luis Felipe Montoya, exjefe de operaciones del Ejército estaría mencionado en el entramado del nuevo capítulo de interceptaciones.

Lo que busca el Ministerio Público es que los uniformados respondan por las presunta recolección irregular de información personal de las 130 personas que aparecen en las denominadas “carpetas secretas”.

EN EL MISMO ANÓNIMO QUE MENCIONA A URIBE

La unidad que ha estado salpicada en estos escándalos es la de Inteligencia y Contrainteligencia, así como el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, misma dependencia que terminó vinculada a la investigación preliminar abierta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues algunos de sus hombres aparecen mencionados en el anónimo que dio lugar a la apertura de la investigación por  parte de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado y presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Héctor Alarcón fue quien analizó el documento anónimo que llegó a través de un correo electrónico desconocido, antes de que empezara la vacancia judicial, el año pasado.

A raíz del mensaje de dos páginas que menciona al senador Uribe, el magistrado decidió solicitar información a la magistrada Cristina Lombana y avanzar con la práctica de pruebas testimoniales y documentales con el fin de esclarecer sí finalmente el expresidente tiene relación con el nuevo capítulo de las ‘chuzadas’.

“El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del escándalo del hacker. Durante este año varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el sr Uribe Vélez”, reposa en el anónimo.

Lo que llamó la atención de Alarcón es que además de la responsabilidad directa que le imponen al senador, también relacionan exactamente a 11 uniformados, de los cuales cinco están dispuestos a colaborar con la justicia, según se conoció en la misiva que llegó a la Sala de Instrucción.

Los militares que hacen parte de este documento son el coronel Miltón Rozo, el mayor Eduardo de la Torre, los sargentos Helman Morales, Carlos Jaramillo, Pedro Lagos, Javier Eduardo Ramírez, Mario Sánchez y los tenientes Luis Carlos Trujillo y Aura Páez Mendoza. Rozo y De la Torre hicieron parte del grupo de once oficiales cuyo retiro se anunció en mayo.

Los nombres de otros de los uniformados aparecieron en las actividades de policía judicial que adelantó la magistrada Lombana en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá, en el que determinó que era necesario escucharlos con el fin de identificar cuáles eran las acciones que se adelantaban en el lugar.

Otros oficiales también aparecen mencionados en el anónimo, pero no como responsables de los perfilamientos, sino porque están dispuestos a hablar de lo que ocurrió. Solo cuando estén más avanzadas las investigaciones se sabrá qué tienen qué contar.

BOGOTÁ (Colprensa).

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