Testimonio clave que tiene la Fiscalía en el caso del gobernador Aníbal Gaviria

Se trata de un ingeniero que explicó cómo se decidió que la mejor alternativa para comunicar a El Bagre con la vía de la Paz era un puente.

El caso del gobernador Aníbal Gaviria en Antioquia despertó al país político en relación con la actuación del fiscal general en medio de la captura polémica a los dos policías de la Dijin que realizaron las interceptaciones al Ñeñe Hernández. En una decisión que para algunos sectores fue radical y sin justificación, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento domiciliaria y la suspensión en su cargo a Gaviria, mientras se adelanta el juicio en la Corte Suprema.

El gobernador reaccionó en varios medios asegurando que algo estaba mal con la Fiscalía y dijo también que tenía propuestas para reformar el ente de control. Sin embargo, el escrito que resolvió su situación jurídica y le imputa los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros lleva un testimonio que es clave en el proceso.

La razón de la Fiscalía para adelantar esta actuación ahora es que los términos estaban por prescribir. Es decir, que el ente acusador si pasaba más tiempo, no podría acusar y llevar a juicio al gobernador porque los posibles delitos ya serían parte del pasado y no podrían perseguirse.

Aunque las obras se desarrollaron y se terminaron a conformidad por el grupo Solarte que se ganó la licitación compitiendo contra otros seis consorcios en el 2007, la Fiscalía argumenta que hubo irregularidades por lo menos en tres hechos.

El primero de ellos tiene que ver con que se modificaron los porcentajes de los anticipos que se establecieron en los documentos del contrato de $41.600 millones para el mejoramiento y la pavimentación de la vía Trocnal de la Paz entre Caucasia y Saragoza. El contrato inicial estableció que el porcentaje de los anticipos no podía superar el 25 %, pero ese monto fue modificado en un 4 % para llegar al 29% luego de que se modificó el contrato. Esa diferencia significó más de $1.300 millones en uno de los anticipos que para la Fiscalía no debió darse. La defensa asegura que en realidad se trata de un error de mecanografía y que el total final sí correspondió al 25 % en comparación con el total del contrato.

El otro hecho tiene que ver con la inexistencia en los archivos de la Gobernación de un documento ineludible para entregar los anticipos que es el certificado de garantía única. La Fiscalía asegura que sin ese documento no se debieron haber realizados los desembolsos porque tiene el propósito de que los anticipos queden asegurados y se vigile su uso en los términos legales para los fines de la obra. La defensa insistió en que el total de los anticipos fue amortizado, lo que quiere decir que se probó que el contratista regresó la inversión del anticipo en la consecución de la vía.