Contraloría y Procuraduría indaga al gobernador Caicedo y 11 alcaldes

La contraloría general indaga la contratación de 100 mil mercados solidarios promovidos por el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

La Contraloría General de la República abrió Indagación preliminar por presuntos sobreprecios en la compra de elementos para conformar mercados solidarios para la población vulnerable del Departamento Magdalena, así como posibles problemas en la ejecución del contrato 216 de 2020 suscrito con la empresa Bigstar Alimentos S.A.S.

Este contrato hace parte de un proyecto que pretende realizar la entrega de 100.000 mercados solidarios a la población vulnerable, del departamento bajo la administración del gobernador Carlos Caicedo.

“Hemos emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21%, en promedio, en contratos cuyo valor total es de $484.000 millones, de los cuales el 40%, unos 193.000 millones corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones”, dijo el contralor General de la Nación, Felipe Córdoba.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación adelanta seis indagaciones en el Magdalena en la Gobernación y, seis procesos disciplinarios en 11 municipios, además tres procesos más en Concejos de Santa Ana y Santa Marta y, la Personería de Aracataca.

 “Ante la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de ellos 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas para evitar vulneración de derechos”, dijo el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que “para nosotros es fundamental este acuerdo que hemos hecho las tres entidades, que están aliadas para trabajar permanentemente contra la corrupción. Nadie está por encima de la ley y nadie goza de privilegios frente a la corrupción”.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la covid-19, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

En desarrollo del programa ‘Transparencia para la Emergencia’, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.