Fiscalía inició extinción a 11 bienes de Caicedo y Martínez

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar; y del exalcalde de Santa Martha, Rafael Alejandro Martínez.

Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue terminado.

La Fiscalía investiga a Caicedo Omar porque durante su gestión como alcalde de la ciudad 2012-2015, tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez 2016- 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos.

Los bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio están representados en dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad Atlántico; dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta, Magdalena.

Las propiedades, que figuran a nombre de los exalcaldes y terceros, serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del Covid-19.

‘UNA IRREGULARIDAD MÁS DE LA FISCALÍA’: CANCINO

El abogado Iván Cancino, apoderado del gobernador Carlos Caicedo y el ex alcalde Rafael Martínez, se refirió a la extinción de dominio que anunció la Fiscalía contra sus representados como una irregularidad más del ente judicial.

“Vamos a demostrar cómo lo hemos hecho en todas las etapas del procesales que nuestros clientes no infringieron la ley de ninguna manera cuando fungieron como alcaldes de Santa Marta. Vamos a demostrar que todos los bienes han sido adquiridos frutos de su trabajo y créditos hipotecarios que han sido cancelados poco a poco con sus ingresos lícitos jamás han acudido a una actividad ilícita para comprar nada en su vida”, dice Cancino en su comunicado.

Agregó que “es un contrasentido lo que dice la Fiscalía porque la imputación es por peculado en favor de terceros, no le hacen imputación de haberse quedado con ningún dinero, luego mal puede decirse que los bienes presuntamente se compraron fruto de los centros de salud cuando no se les está imputando un peculado por apropiación en favor propio. Vamos a ir a instancias internacionales porque esta es otra irregularidad de la Fiscalía de Santa Marta y, creo señor Fiscal que usted está mal informado y que cuando reciba nuestro escrito va a recapacitar sobre esta situación”.

Finalmente, una vez se demuestre la inocencia en las actuaciones públicas de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, así como la legalidad de sus bienes, Cancino buscará la insubsistencia, tal como ya ha sucedido en el pasado, de los funcionarios que de manera malintencionada han causado este nuevo perjuicio a los procesados y presentará la respectiva acción de repetición contra dichos procesados.

Por otro lado, Catalina Noguera, directora encargada de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía en entrevista con Semana, dijo que “juez es el que tiene la última palabra es el que decide si definitivamente se da una sentencia de extinción de dominio o si por el contrario no hay mérito para tal sentencia se levanta las medidas cautelares y el señor continuaría con sus bienes”.

‘MIS BIENES SON EL RESULTADO DE MÍ TRABAJO’: CAICEDO

A propósito del comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación, en el que anuncian un proceso de extinción de dominio contra el gobernador Carlos Caicedo, y contra el ex alcalde de Santa Marta Rafael Martínez y otros cuatro ex funcionarios, el Gobernador del Magdalena señaló que “ el abogado del gobernador Caicedo y el del ex alcalde Martínez, el doctor Iván Cancino González ha cuestionado fuertemente esta actuación procesal, pues data de 2019 y no se entiende por qué el comunicado de prensa se emite un año después.

También indicó que “el doctor Cancino González ha señalado que tampoco se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es por “peculado a favor de terceros” y no en beneficio propio; no obstante, los bienes que se incautan son propio”.

“Los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70 metros cuadrados ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999. El segundo es un apto comprado sobre plano en el año 2003 de 80 metros cuadrados y este posee dos depósitos 2×2 y su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles. El tercero es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes. Los demás bienes relacionados en el comunicado de prensa son de propiedad de los demás procesados”, dice el comunicado.

En el documento mencionan “los bienes del gobernador fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud y es este el proceso por el que anuncian la extinción de dominio”.

CENTROS DE SALUD ESTÁN TERMINADOS

“Es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los mismos, en el sentido que dichos centros de salud no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues de cinco centros proyectados se terminaron cuatro: La Candelaria; Bastidas; La Paz; y Taganga. El centro pendiente de concluir es el de Mamatoco, cuya rectoría es de Supersalud desde 2018 al intervenir desde ese momento la ESE del distrito de Santa Marta. Que los contratos cuyas presuntas irregularidades investiga la Fiscalía, no fueron firmados por el gobernador Caicedo en su momento, sino por el gerente de la ESE Distrital”.

En el comunicado agregaron que “la Fiscalía seccional Santa Marta viola la presunción de inocencia al decir que los bienes relacionados se “habrían sido adquiridos con dineros producto de irregularidades”, pues ni el gobernador del Magdalena ni los demás procesados han sido vencidos en juicio y se mantienen garantías del debido proceso. Que frente a la irregularidad en la investigación de la Fiscalía del Magdalena, el Gobernador Caicedo acudirá, a través de su apoderado el doctor Iván Cancino González, a instancias internacionales para la salvaguarda de sus derechos”.

El gobernador ha insistido en que se observan evidentes motivaciones opacas de sectores políticos que han cooptado por años los entes de control en el nivel territorial, y que buscarían perjudicar, torpedear y obstruir su mandato. Al respecto, el gobernador Caicedo refrendó su compromiso con los magdalenenses para ejecutar a cabalidad el mandato obtenido en las urnas, siempre abierto al escrutinio ciudadano y a la cooperación con las instituciones y la justicia.

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