El Magdalena se salva de pagar $ 28 mil millones al Consorcio Ribera Este

En un proceso jurídico que se viene dando desde el año 2017, entre el departamento del Magdalena y, el Consorcio Ribera Este, contratista de la polémica Vía de la Prosperidad, el Consejo de Estado falló a favor del ente territorial y le negó a la  empresa una pretensión por la suma de 28 mil millones de pesos.

El fallo lo notificó la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión del pasado 19 de marzo contra el responsable de la obra de mejoramiento vial Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro.

Esta sentencia decidió el recurso extraordinario de anulación solicitado por el Consorcio Ribera Este en contra del Departamento del Magdalena, después que en el año 2017, un Tribunal de Arbitramento resolviera la demanda que por cerca de 33.000 millones de pesos propuso el Consorcio por la ocurrencia de un desequilibrio económico en el contrato de la denominada coloquialmente, ‘Vía de la Prosperidad’.

Los hechos que el ejecutor de la obra presentó ante el Consejo de Estado, hicieron parte del trámite y la férrea defensa jurídica que hizo el Departamento ante el Tribunal de Arbitramento y que también fue fallado a su favor al reconocerle a Ribera Este solamente 3.700 millones de pesos de los 33.000 millones de pesos que exigió en el marco del desarrollo de ese laudo arbitral.

Tanto el Tribunal de Arbitramento, en su momento; como el Consejo de Estado, ahora; precisaron que lo demandado por el Consorcio correspondía a cuentas de unas actividades que fueron reconocidas por la interventoría contratada para el proyecto por el Instituto Nacional de Vías -Invías- en cabeza del Consorcio ICI y, no por el Departamento del Magdalena quien carecía de esa capacidad de aprobación.

EL PROCESO

Adicionalmente, el Tribunal de Arbitramento, ordenó la devolución de las sumas pagadas por cuenta de una multa impuesta por la entidad ante ciertos incumplimientos del Consorcio contratista. El Consorcio ICI, como interventor de la obra, respondía directamente al Instituto Nacional de Vías, Invías; y las actividades que se registraron en favor del contratista nunca fueron reconocidas por la Gobernación.

Sin embargo, después de la decisión del Tribunal de Arbitramento, Ribera Este insistió en su reclamo ante el Consejo de Estado, quien mediante sentencia del pasado 19 de marzo de 2020, falló a favor del Departamento del Magdalena, negando la millonaria indemnización que se pidió, cercana a los 28.000 millones de pesos.

La victoria en los estrados judiciales estuvo en cabeza del abogado Gonzalo Suárez Beltrán, a quien se le considera uno de los ‘padres de la contratación pública’ en Colombia, en virtud de que fue redactor de la Ley 1150 de 2007 que introdujo modernas medidas que hicieron más eficiente y transparente la antigua Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Al doctor Suárez Beltrán, representante legal del Departamento del Magdalena en el proceso ante el Consejo de Estado; se le debe que al Consorcio Ribera Este, responsable de la obra de mejoramiento vial Palermo-Sitionuevo-Remolino-Guáimaro; se le negara el reclamo que por más de 28.000 millones de pesos pedía por segunda oportunidad.

Este es un logro judicial que es el resultado del enfoque que desde un principio se le dio al proceso, diseñando las estrategias, planes y acciones que se concentraran en la consecución de una defensa jurídica idónea del patrimonio del Magdalena; buscando prevenir cualquier conducta antijurídica lesiva y la ejecución de todas las actividades que aseguraran la adecuada custodia de los intereses litigiosos del Departamento.

EL ANÁLISIS JURÍDICO

El informe que data de principios del año 2020, inicia con el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual indicó que se condena a pagar al departamento del Magdalena la suma $3.740 millones por una parte, pero por la otra los mismos árbitros fallan señalando que el consorcio debe devolverle al Departamento $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena por el pago de un mayor valor del transporte del material fluvial y el pago del material de terraplén seleccionado, que se adicionó para compensar los efectos sobre la consolidación sobre la corona del terraplén y que fueron necesarios para poder colocar la estructura del pavimento.

Siendo así las cosas, Ribera Este debe devolverle al Magdalena unos 960 millones de pesos. Sin embargo, el Departamento fue condenado a reintegrarse al Consorcio 982 millones de pesos producto de una multa que le impuso por incumplimiento, pero que a juicio de los árbitros la misma no se debió materializar, por lo que obliga al Magdalena al reintegro de esos dineros que en su momento Ribera Este pagó como multa.

La insatisfacción del Consorcio constructor de la polémica Vía de la Prosperidad lo llevó a apelar ante el Consejo de Estado el fallo del laudo arbitral que lo favoreció en principio, pero que en el fondo lo que le ha representado es una derrotada por las siguientes consideraciones: Primero: Los árbitros no accedieron a las pretensiones iniciales del consorcio que eran superiores a los 30 mil millones de pesos.

Segundo: El fallo decidió que de lo reconocido como daño, es decir, la suma de 3.740 millones de pesos, el consorcio debía reintegrarle al departamento la suma de $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena.

Tercero: El laudo desestimó el resto de las pretensiones que hubieran sido lesivas a los intereses del Magdalena. Es decir el resultado neto es además favorable al Departamento, por lo que será el contratista quien debe pagar la diferencia.

Al momento de firmar el contrato, esta obra prometía 53 kilómetros de longitud con un presupuesto de 432 mil millones de pesos, pero, se redujo a 18 kilómetros, es decir, que no se cumplió sino que tuvo modificaciones por diferentes razones.

La obra comunica el corregimiento de Palermo en Sitionuevo, Remolino y Guaimaro para dinamizar el comercio y la economía entre los distintos municipios.