Un pacto de la Moncloa a la colombiana

54

No sé si sea cierta la noticia que circuló hace algunos días según la cual Perú está gastando 11% de su PIB en combatir la pandemia. Lo que es cierto es que el Gobierno colombiano, como para no quedarse atrás de los peruanos, salió presuroso a decir que nosotros también estábamos gastando el 11% de nuestro PIB en el mismo propósito ($111 billones). Así Lo afirmó el Presidente Duque, quién para demostrarlo terminó sumando peras con manzanas: metiendo en un mismo canasto las inyecciones de liquidez del Banco de la República y los apoyos presupuestales propiamente dichos.

Pues bien: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (documento oficial del Ministerio de Hacienda de Colombia) divulgado la semana pasada, acaba de poner las cosas en su justa realidad: apenas estamos gastando en la pandemia 2,5% del PIB y en la capitalización del Fondo de Garantías 0,3%. Lo que significa un total de 28 billones (una parte ya se giró, la otra no).

Tiendo a creer que es más confiable la cifra del Ministerio de Hacienda que la de la Presidencia. Ésta última fue lanzada como para no “quedarnos atrás del Perú”. Pero para nada más. Y claro, lo importante no es tanto la cifra agregada de cuánto dinero se dispone en el papel sino que esas platas lleguen pronto y cumplidamente a los propósitos esperados.

Este episodio de las cifras contradictorias pone de presente una protuberante opacidad en la manera como se vienen haciendo anuncios sobre las finanzas públicas del país.

Por ejemplo: se desliza la noticia -aunque no se reafirma paladinamente- que se venderán activos públicos para complementar los fondos requeridos en la lucha contra el coronavirus. Pero no se dice claramente en cuáles activos se está pensando ni cuándo se espera venderlos. Se hacen anuncios en puntillas, sigilosamente. Queda la impresión que el Ministerio de Hacienda habla de manera elusiva para que la opinión pública y los sindicatos se le vayan a venir encima. Y no enfrenta asuntos difíciles rotundamente. Además: debe recordarse que la venta de un activo público toma por lo menos tres años, con lo cual el producido de su venta es improbable que llegue a tiempo.

Igual sucede con la indispensable reforma tributaria que se anuncia habrá de venir inexorablemente. Se dice por boca de los viceministros que presentaron el Marco Fiscal de Mediano Plazo que ella sólo se presentará cuando pase la pandemia. ¿Cuándo? ¿Ya se está preparando dicha reforma?

Otro tanto sucede con la comisión de expertos que se creó para revisar las gabelas y privilegios tributarios. Sus recomendaciones sólo estarán disponibles en 18 meses. Muy tarde. Para ese momento el gobierno Duque ya estará con el sol a las espaldas. Y la reforma tributaria (una de cuyas piezas esenciales es la poda del frondoso ramaje de los privilegios tributarios que se han venido otorgando) quedará para el próximo gobierno.

Como van las cosas, el gobierno Duque no alcanzará a sacar ni la reforma pensional, ni la laboral, ni la tributaria. El día a día de la gestión de la pandemia le está imponiendo el menesteroso destino de pasar en blanco en cuanto a las grandes reformas que el país requiere con apremio.

En España están ensayando un experimento al que vale la pena seguirle la pista. En plena pandemia el gobierno Sánchez está tratando de construir un gran pacto político con todos los partidos políticos, o al menos con gran parte de ellos, sobre las reformas estructurales que deberán implementarse en España una vez pase la pandemia. Un nuevo “pacto de la Moncloa”. Acá deberíamos ir pensando en algo parecido.

*ExMinistro de Estado

También podría gustarte