Contraloría adelanta procesos fiscales por $ 17 mil millones

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En la mesa principal, el gerente de la Contraloría general del Magdalena, José Antonio Lafaurie Albericci y el contralor provincial, Miguel Moscarella Dávila.

 

El organismo de control busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que afectan al Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el municipio de San Zenón.

 

La Contraloría General de la República dijo ayer  que adelanta procesos de responsabilidad fiscal por más de $17.000 millones en el departamento de Magdalena.

El organismo de control presentó este balance ayer en un acto de Rendición Pública de Cuentas realizado en Santa Marta.

Algunos de los casos más emblemáticos que tramita la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Magdalena son los siguientes:

 Distrito de Santa Marta: Proceso de Responsabilidad Fiscal por $1.206 millones.

 Este proceso es resultado de la Actuación especial adelantada al Distrito de Santa Marta, en lo relación con el Convenio de Asociación No. 001 suscrito el 24 de enero de 2014 entre el ente territorial y la Asociación de manipuladoras de alimentos del Cesar ‘Asoalimentarce’, cuyo objeto era “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de acciones que garanticen el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada escolar-programa de alimentación escolar, PAE 2014,…”.

  La presunta irregularidad consiste en que para el Convenio señalado se pagaron los desayunos y almuerzos a un valor superior al establecido.

 

HALLAZGOS EN CORPAMAG

Según las indagaciones y las auditorias hechas por la Contraloría, en Corpamag fueron encontrados 39 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen alcance fiscal, por una cuantía superior a los $119 millones.

Así mismo la corporación tiene 28 casos disciplinarios 3 indagaciones preliminares, un sancionatorio, de los cuales según la Gerencia de la Contraloría, fueron trasladados a las autoridades competentes.

En el proceso de auditoria realizado a Corpamag, aplicó los componentes de evaluación en lo que tiene que ver con controles la gestión, dando resultados de realidad financiero de calidad y financieros. En relación con las actividades ejecutadas por la administración de los recursos transferidos por la nación, derivados por entidades de su propio orden y de la nación y los recursos propios.

“Se evaluó la denuncia elevada al proceso auditor que trata del cumplimento del plan de mejoramiento propuesto por la corporación, la calificación de la gestión fue 57 .68, que la ubican en un concepto desfavorable”, dijo el Gerente de la Contraloría en la rendición de cuentas.

 

EDIFICIO DE LA ESAP

Tras muchos años de insistencia de los representantes estudiantiles de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) en Santa Marta sobre las presuntas irregularidades que se han cometido en el manejo de esa entidad y en la contratación y ejecución de obras de infraestructura de una sede, la Contraloría general de la República detectó hallazgos.

Así se conoció en un informe de auditoría que entregó el órgano de control sobre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que además es señalado por los estudiantes de la Esap de ser un supuesto fortín político del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, y que indica que los hallazgos fiscales son por más de $4.521 millones en la construcción de la sede de la institución en la capital del Magdalena.

De acuerdo con la investigación, el edificio debía terminarse en el año 2012 pero aún se mantiene en obra negra porque no cuenta con normas de sismorresistencia y aunque el proyecto tenía un plazo de ejecución de 12 meses, con recursos del Presupuesto General de la Nación, se ha prorrogado cinco veces y aparentemente ‘terminó’ en el año 2014 según documentos e informes que muestran unas fotografías de una estructura completamente lista que no pertenecen a la realidad de la que hoy está en Santa Marta sin uso.

El polémico contrato interadministrativo 052 del 29 de diciembre de 2011 se firmó entre la Esap y Fonade. Según la Contraloría, “a pesar de que las obras no habían sido avaladas por la Esap, Fonade sí las recibió” y agrega que además de no ser sismorresistente “se encontraron elementos estructurales con daños en las placas, y las vigas con deformidades y abultamientos”.

Estos hallazgos e irregularidades estarían implicando al subdirector administrativo y financiero de la Esap, Germán Insuasty Mora; al subgerente financiero de Fonade, Luis Eduardo Laverde Mazabel; a la firma interventora, DPC Ingenieros SAS, y al contratista, Óscar Daniel Garzón Forero.

El informe del órgano de control concluye que en la sede de la Esap “hubo deficiencias de supervisión e interventoría, así como inobservancia de las normas técnicas indicadas, y genera afectación al patrimonio, por un lado, equivalente a la suma del contrato de obra por 4.140 millones de pesos, debido a que toda la estructura de contrapiso presenta fallas que no han permitido la terminación del proyecto con la oportunidad que se requería para la prestación del servicio a la comunidad educativa, y de otra parte en cuantía de 381 millones por concepto del contrato de interventoría, al recibir la obra con las deficiencias técnicas mencionadas, para un total de 4.521 millones de pesos”.

 

El polémico contrato interadministrativo 052 del 29 de diciembre de 2011 se firmó entre la Esap y Fonade. Según la Contraloría, “a pesar de que las obras no habían sido avaladas por la Esap, Fonade sí las recibió” y agrega que además de no ser sismorresistente “se encontraron elementos estructurales con daños en las placas, y las vigas con deformidades y abultamientos”.

 

MUNICIPIO DE SAN ZENÓN

En lo que corresponde al municipio de San Zenón en el Magdalena, la Contraloría general de la República, encontró hallazgos por $4 mil 982 millones, por la construcción de plantas de tratamiento en esa población.

Según el órgano de control, el proceso tiene origen en una auditoría realizada a los recursos de San Zenón, para la vigencia 2010, en la que se evidenciaron irregularidades en ejecución del contrato de obra número 10-12-15-01, cuyo objeto era “la construcción de plantas de tratamientos para la optimización de acueductos de los corregimientos de Santa Rosa de la Montaña, Bermejal, Angostura, Palomar, El Horno, Peñoncito y Janeiro, jurisdicción de ese municipio.

Así mismo el contrato se firmó para el mantenimiento de la tubería de distribución del acueducto de la cabecera municipal”.

El contrato fue suscrito con la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca. El presunto detrimento de refiere a la perdida de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, SGP, componente de agua y saneamiento básico, que se pignoraron a futuro, producto de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que no cumplió con los fines esenciales del estado de la contratación pública.

La Contraloría aseguró que todo esto se debe a la “falta de control, supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato 10-12-15-01 y al mantenimiento, operación, suministro de insumos químicos y de gestión posterior al recibo de las plantas de tratamiento para la optimización de los acueductos de los corregimientos de Santa Rosa de la Montaña Bermejal, Angostura, Palomar, El Horno, Peñoncito y Janeiro, jurisdicción de San Zenón.

Según la auditoría, las plantas de tratamiento no han cumplido con su objetivo, el cual era suministrar agua potable de manera continua a las comunidades citadas, lo que ha llevado a su abandono, desnutrición y deterioro en poco más de 5 años de haberse culminado.

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