Estado ha pagado 3.139 indemnizaciones por $22 mil 645 millones

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Desde que inició la cuarentena, 348 personas incluidas en Registro Único de Víctimas del Magdalena.

Por:
EMILY
BUSTAMANTE NÚÑEZ

Las víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena ha tenido toda la atención del Estado en esta emergencia sanitaria. Como consecuencia de ella, la Unidad para las Víctimas ha reconocido 3.139 indemnizaciones por un valor que supera los $22 mil 645 millones 832 mil 246 pesos a 20 de junio de 2020, en el departamento del Magdalena.

Como se sabe, las víctimas son una población vulnerable que están siendo reparadas a través de la política pública nacional, por lo tanto, la Unidad debe garantizar el respeto a los derechos de esta población, quienes en este tiempo de pandemia por el Covid-19 les ha tocado enfrentar nuevas adversidades.

Desde que inició la cuarentena en el país, la Unidad para las Víctimas han incluido a 348 personas en el Registro Único de Víctimas, las cuales cumplieron un proceso para tal reconocimiento, que las hace acreedoras de una reparación por los estragos que les causó en sus vidas el conflicto armado en Colombia.

La Mesa Departamental en reunión con la Unidad expresó su preocupación por los problemas que se han presentado durante la cuarentena para que las personas puedan declarar su condición de víctimas del conflicto.

Ante este hecho, Emilio Alberto Hernández, director de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, afirmó que en el departamento del Magdalena se han tomado 118 declaraciones de víctimas, labor que hacen otras entidades del Ministerio Público, 348 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, y se han tramitado 4.290 novedades.

ENCUENTRO REGIONAL

Con ayuda de las plataformas virtuales para cumplir con las medidas sanitarias exigidas por el aislamiento preventivo obligatorio, se reunieron hoy la Mesa Departamental de Víctimas del Magdalena con el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, la subdirectora, Lorena Mesa, y cinco directores misionales de la entidad en el ‘Gran diálogo con las víctimas en tiempos del Covid 19’.

La jornada se caracterizó por el diálogo cordial entre las partes, que giró principalmente alrededor de las inquietudes de los miembros de la Mesa sobre los temas de pago de indemnizaciones, el plazo para reclamar la indemnización, fraudes cometidos a personas en proceso de recibir su indemnización, inclusión de personas en el Registro Único de Víctimas, entre otros.

En ese orden de ideas, el director general de la entidad, Ramón Rodríguez, destacó que “para el 2020 se ha dispuesto de un billón de pesos, el presupuesto más alto históricamente para la implementación de la Ley de Víctimas, y vamos a llegar a 127.000 víctimas este año”.

Además, dentro de las acciones realizadas por la Unidad para las Víctimas desde que el pasado 17 de marzo, cuando el Gobierno Nacional decretara el estado de emergencia económica, social y ecológica por causa del Covid-19, Rodríguez recalcó la importancia de haber podido colocar 61.000 indemnizaciones en todo el país, pese a las dificultades que ha impuesto el aislamiento obligatorio.

LA REPARACIÓN COLECTIVA

En materia de reparación colectiva en el departamento, la Unidad trabaja con cuatro sujetos de reparación colectiva: Ette Ennaka, indígena, comunidad Kogui y las comunidades afro Rincón Guapo y Jacobo Pérez Escobar de Aracataca.

Además, se encuentra revisando el plan de desarrollo de San Ángel, Aracataca, de la Gobernación del Magdalena y Pueblo Viejo, para avanzar en materia de reparación con enfoque étnico.

Durante el Gran Diálogo también se anunciaron algunos compromisos por parte de la entidad. “Con el objetivo de avanzar en materia de participación efectiva de las víctimas, la Unidad buscará que se aprueben los Planes de Acción territorial, PAT, con la colaboración de las víctimas hasta el momento en el Magdalena hay dos municipios con PAT aprobados- y realizará el proceso de certificación territorial de la mano de las 32 mesas departamentales de víctimas”, aseguró Aura Helena Acevedo, directora de la Dirección de Gestión Institucional, DGI, de la Unidad.

Así mismo, la subdirectora general, Lorena Mesa, anunció que se proyectan entregar kits alimentarios como apoyo a las comunidades en este tiempo de pandemia.

Entre las lecciones que dejó el encuentro, el director general Ramón Rodríguez afirmó: “Este ejercicio nos permitió acercarnos a las mesas departamentales, poderlos escuchar y construir soluciones sobre muchas situaciones que son complejas”, Ramón Rodríguez.

EL DIÁLOGO

Jackelin Mendoza miembro de la mesa departamental de víctimas del municipio de Sitionuevo expresó: “Muy agradecida, muy reconfortable toda la información que hoy nos ha brindada la Unidad para las Víctimas, agradecido con ellos y con todos mis compañeros de las mesas departamental, estos diálogos han sido muy enriquecedores porque todo la información que tenemos le podemos dar una nueva perspectivas a las víctimas en cuanto reparación, ayudas humanitarias y indemnizaciones”.

El director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, Jair Diazgranados afirmó: “con grata satisfacción terminamos el día de hoy el gran diálogo con los representantes de las mesas departamental de víctimas en el departamento del Magdalena, en este espacio estuvimos resolviendo las inquietudes y dudas de cada uno de las víctimas presentes en esta jornada lidera por el director general Ramón Rodríguez y el equipo directivo”.

Para Ramón Rodríguez, este tipo de espacios abren una oportunidad de fomentar la participación y el diálogo, ya que con esto “de primera mano les llega la información a las mesas departamentales, también es la oportunidad para que la información se baje a las mesas municipales evitando desinformación que se maneja por redes sociales y también informándoles cuáles son las metas alcanzadas como Unidad para las Víctimas”.

LOS COMPROMISOS

Durante estas rondas de diálogo, la entidad dio conocer las acciones que se han implementado desde cada una de sus áreas para atender a las víctimas en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dijo que este tipo de espacios ayudan a que se fortalezcan los canales de diálogo con las víctimas para adoptar las medidas necesarias en el efectivo acompañamiento a esta población: “Durante estos dos días logramos escuchar todas las necesidades de las víctimas del conflicto y explicarles cómo desde la entidad podemos dinamizar todos los procesos de atención, asistencia y reparación”.

Gracias a este ejercicio de interacción participativa, la Unidad para las Víctimas asumió cerca de 200 compromisos que fortalecerán la política pública de víctimas en todos los departamentos.

El director de la entidad dijo que el balance de estos dos días es muy positivo: “Junto con el equipo directivo y misional revisamos cada uno de los compromisos, cuáles fueron esas mesas departamentales que necesitan un fortalecimiento, cuál ha sido la información que ha fluido durante el diálogo social, cuáles son los requerimientos más recurrentes, las situaciones más complejas que se están presentando”.

 “Se revisaron más de 200 compromisos, todas las reuniones quedaron grabadas, se levantaron ayudas de memoria y se hará un seguimiento ya que esta no va a ser la primera oportunidad de conectarnos con todos el país, con todas las mesas departamentales y la mesa distrital, y lo que buscamos es hacer la revisión y analizar todos los compromisos de lo que están pidiendo las víctimas”, dijo Rodríguez.

NUEVA APLICACIÓN

“Próximamente les estaremos informando, estamos en ese desarrollo, que vamos a buscar la conexión a través de una app, una plataforma que podrán bajar al celular para que puedan hacer las consultas directamente y no tengamos que estar en el teléfono o enviando el correo”, sostuvo el director de la Unidad Nacional para las Víctimas.

Asimismo, indicó que se buscan todas las alternativas posibles para tener de la mejor manera las inquietudes y trámites de las víctimas y “estamos aprendiendo de las empresas que han desarrollado plataformas para mejorar los procesos de atención”.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para recordar que se han atendido más de 1.8 millones de víctimas por los canales virtuales y “vamos a llegar al billón de pesos ejecutados. Además, todos los ahorros de la Unidad los hemos traslado al pago de atención humanitaria en el marco de la pandemia y hemos logrado entregar atención humanitaria a más de 200 mil víctimas en el marco de esta pandemia”.

LA RUTA GENERAL

A la fecha, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas viene indemnizando a los sobrevivientes del conflicto teniendo en cuenta la resolución 1049 de 2019 o Ruta prioritaria para víctimas de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por enfermedad, discapacidad y edad.

Sin embargo, el director de la Unidad para la Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, anunció que la entidad comenzará a indemnizar a las víctimas del conflicto a través de la ruta general: “Una de las necesidades planteadas en la reunión con las mesas departamentales es avanzar en la ruta general y antes de finalizar esta vigencia se destinaron unos recursos, no solamente para esos tres criterios que están en la resolución 1049, sino también poder avanzar en la ruta general”.

Es decir, que también recibirán indemnizaciones las personas “que cumplen con los requisitos que no tienen discapacidad, que no padecen una enfermedad catastróficas o terminales, ni son adultos mayores de 74 años”, anotó Rodríguez.

En el mes de agosto según lo informó el director, “se destinarán una serie de recursos del presupuesto general de la entidad para reparar a estas víctimas, verificando que se cumplan los requisitos y para eso estimamos que se entregarán indemnizaciones a cerca de 4.700 hogares víctimas de desplazamiento forzado”.

En cuanto a los recursos de las indemnizaciones administrativas, el director de la entidad explicó que dada la emergencia generada por la Covid-19, se han buscado estrategias para entregar las cartas de indemnización a las víctimas, quienes pueden realizar el cobro en el Banco Agrario.

“Hemos tenido una serie de inconvenientes, por ello el plazo de entrega de esta medida de reparación se amplió hasta 31 de agosto de este año para que los sobrevivientes del conflicto puedan hacer el cobro cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad”, indicó.

LAS INDEMNIZACIONES

En el Magdalena, una de las últimas indemnizaciones fue a 124 víctimas del conflicto armado en tres municipios del Magdalena. Las cartas de indemnización fueron entregadas a los sobrevivientes del conflicto armado por la ruta atención prioritaria, que beneficia a personas mayores de 74 años, con discapacidad o enfermedades terminales o huérfanas.

 “Agradecida por la entrega de mi carta cheque, ya que en estos momentos me encuentro desempleada, es una bendición en estos momentos tan difíciles”, dijo Yamile Toro del Prado, víctima del conflicto armado que recibió esta medida, como componente de la reparación integral.

Por su parte, el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, Jair Diazgranados, dijo que “realizamos la jornada de indemnización, entregando 124 cartas de reparación económica por un valor superior a los $1.132 millones; esto demuestra que seguimos cumpliéndoles a las víctimas del conflicto armado de nuestro departamento”.

La jornada se llevó a cabo siguiendo las medidas de protección determinadas por las autoridades sanitarias, debido a que así lo estableció el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud.

La Unidad para las Víctimas en su labor de seguir avanzando con la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto, entregó en el departamento de Magdalena la indemnización judicial a 238 personas, con una inversión de 6.978 millones.

Ya se hicieron los pagos a víctimas ubicadas en los municipios de Santa Marta, Fundación, Zona Bananera y Ciénaga, quienes recibieron esta compensación económica por parte del Estado colombiano para resarcir los daños ocasionados por el conflicto, en medio de los protocolos de bioseguridad determinados por las autoridades de salud.

 

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