Gobierno fijó la ruta de sometimiento de integrantes de los GAO

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A  partir de hoy, todos los integrantes de las disidencias de las Farc, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparros’ podrán recibir los beneficios.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 965 del 7 julio de 2020, mediante el cual se define la nueva ruta de sometimiento individual a la justicia de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO) en el país, y que incluye beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas.

Con esta norma, el Gobierno busca seguir adelante en su acción de desmantelar los GAO para buscar una paz completa y garantizar la seguridad y la defensa nacional, enmarcada en el Plan de Desarrollo (2018 – 2022), cuyos pilares son la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad.

En este contexto, a  partir de hoy, todos los integrantes de las disidencias de las Farc, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparros’ podrán recibir los beneficios.

No obstante, la normativa especifica que la ruta para el GAO del Eln seguirá siendo la establecida en el Decreto 128 de 2003, compilado en el Decreto 1081 de 2015, por medio de la cual los miembros del Eln podrán seguir optando por la desmovilización individual.

En ese orden de ideas, el Decreto 965 brinda alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, fortaleciendo el accionar de la justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública, con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente por los GAO.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

En el mismo sentido, cabe resaltar que la norma incluye de manera integral los derechos de las víctimas previstos en el procedimiento penal en Colombia, haciendo especial énfasis en el derecho a conocer la verdad.

Además, el decreto no solamente busca beneficiar a los miembros de los GAO que opten por la ruta de retorno a la legalidad, sino también se refiere a los beneficios socioeconómicos de su núcleo familiar.

Así mismo, se destaca que el Gobierno Nacional podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para quienes habiéndose acogido al Decreto deban estar privados de la libertad.

La norma fija el procedimiento para el sometimiento individual de los integrantes de los GAO y la ruta para acceder a los beneficios jurídicos que otorgará bajo la legislación penal ordinaria la Fiscalía General de la Nación, a través del principio de oportunidad o de preacuerdos.

De la misma forma, cada uno de los que se acoja a la norma recibe -desde el momento de manifestar su voluntad de sometimiento individual a la justicia- la ayuda inmediata (alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud y transporte), apoyo sicosocial y los beneficios económicos para iniciar un nuevo proyecto de vida.

En este sentido, este Decreto brinda alternativas de retorno a la legalidad para que se incorporen a un proyecto de vida digna y segura, para sí mismos y sus familias, con el propósito de desarticular las diferentes expresiones de criminalidad.

 

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