La autoresponsabilidad

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Al parecer, nos acercamos en Colombia al peor momento de la pandemia.   Hasta ahora el sistema de salud ha funcionado, se han podido atender a todos los enfermos de Covid-19 que demandan servicios de UCI con respiradores.    En ciudades tan afectadas como Bogotá ya se advierte sobre una ocupación del 80%, así que nos faltan duros momentos por pasar. Además de preparar el sistema de salud, la cuarentena buscaba un segundo propósito, no de menos importancia, y era que la población tomara conciencia de la magnitud del problema que vive la humanidad y del riesgo que todos corremos de contagiarnos. En este segundo propósito no hemos sido tan efectivos; basta mirar lo que pasó el primer día sin IVA para entender que, por lograr una rebaja, la gente se hace hasta matar.

Cumplida la cuarentena más larga de la historia, era necesario que la población volviera a sus quehaceres, a fin de no colapsar del todo el sector productivo de la economía. La peor plaga es el hambre y la falta de empleo. ¡Tenemos que convivir con el virus!, es lo que se ha dicho, y cuidarnos hasta que aparezca una vacuna o un tratamiento que todavía no ven la luz al final del túnel.

Las medidas del Gobierno dejaron confinados a los ciudadanos mayores de setenta años y una decisión de tutela, amparando su derecho constitucional a la no discriminación y a su libertad, les permitió la salida. Claro que es una población de alto riesgo; según los informes que vemos a diario, es uno de los sectores más vulnerables; pero también lo son los obesos, los diabéticos, los hipertensos, los alcohólicos, los adictos, los dirigentes estresados, etc., independientemente de su edad y además, todos los presos que están confinados y todo el ejército que no lo está.

El hecho es que, jurídicamente, apreciamos que el problema no se puede abordar de esta manera restrictiva; a estas personas no se les puede tratar con discriminación, así sea por un propósito loable: el de protegerlos.  Estimamos que el Gobierno se equivoca en persistir en su criterio y puede ser derrotado en la impugnación que ha presentado contra la sentencia. El confinamiento no debe ser la respuesta para evitar los riesgos en ningún sector de la población; encierra un reproche desde el punto de vista ético y moral; además, supondría una injusticia máxima y en muchos casos, incluso, podría empeorar su estado de salud física y psicológica, incrementaría la ansiedad y la sensación de incertidumbre que atraviesan.

Es la educación, el convencimiento de la necesidad que tenemos de protegernos. En este empeño ha habido constancia por parte de los entes gubernamentales y hay que continuar en la tarea. Que se aconseje a las personas mayores y frágiles que sigan protegiéndose es algo que nadie discute. Pero solo puede ser algo basado en la responsabilidad personal y en la autoconvicción. Que se obligue a los mayores activos, muchos de los cuales siguen trabajando, a permanecer confinados cuando su salud es buena y no presentan ninguna otra patología, es otra historia y ese es el centro del debate constitucional.

*ExMagistrado

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