Violencia sexual en el conflicto afectó 91% a mujeres y 9% a hombres

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“Toda forma de violencia sexual en el conflicto armado emite un mensaje político y de poder que repercute de manera negativa en la subjetividad y en la vida de las víctimas”. Es una de las afirmaciones consignadas en el informe de 550 páginas ‘La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado’, elaborado por el Centro de Memoria Histórica dado a conocer este viernes, 24 de noviembre.

“… te quedas tú, te quedas tú, te quedas tú y se quedó él, cuatro con él, cuatro paramilitares, los otros salieron y él dice: yo soy el primero que tengo que estar con ella ” . Es el testimonio de Yirley, una mujer quien desde Cartagena presentó su voz como víctima de la violencia sexual ejercida en el marco del conflicto interno, en su caso por parte de integrantes del paramilitarismo.

El informe cuenta con entrevistas en las que son tenidas en cuenta mujeres excombatientes de las Farc y del Eln, lo mismo que integrantes de la población civil, con las que se demuestra cómo la violencia sexual contra las mujeres se ejerció en los distintos ámbitos, solo importando la condición de que la víctima sea femenina. En los primeros casos se contó con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y del Mecanismo de Contribución Voluntaria para la Verdad.

Claramente, la violencia sexual ha sido una manera de demostrar quién manda en un territorio, “el cuerpo ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos a otros, a los pobladores y a sus víctimas”, precisa el estudio que inició a finales de 2014 y se extendió por tres años.

La voz de Yirley se suma a las de decenas de mujeres quienes por esa sola condición fueron víctimas de distintas vejaciones que marcaron no solo su piel, sino su alma y su vida. Según el informe, al 20 de septiembre pasado se contabilizaban 15.076 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual producidos en medio de una guerra no declarada.

 

PREOCUPA EL SUBREGISTRO

El análisis da cuenta de que el 91,6 por ciento de dichas víctimas han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. El porcentaje restante corresponde a hombres, siendo más de la mitad menores de edad, otros transexuales y homosexuales.

¿Preocupante? Sí. Y más aún si se tiene presente que el “subregistro y la invisibilización de algunas modalidades de violencia sexual y el importante porcentaje en el que se desconoce el perpetrador, hace que estas cifras no sean concluyentes”, precisa el documento que estuvo bajo la dirección de la antropóloga Rocio Martínez.

“La violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de violencia empleados en el marco del conflicto armado colombiano”, agrega el estudio realizado con datos que comprenden los últimos 31 años (1985-2016) y en el que se detalla cómo en los cuerpos de las víctimas “están escritas las marcas de una sociedad que las silencia y de un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y comunidades tolerantes a las violencias de género y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido”.

Lo cierto es que a pesar de las evidencias y del detalle con el que son narrados muchos de los dramas humanos, persiste el silencio en los victimarios, pues ninguno reconoce el uso de la violencia sexual.

“… siempre la utilizaban de botines de guerra. Y se sentían dueños de ellas ”, dice Flor Silvestre desde Magdalena. Ella es una de las 227 personas quienes accedieron a contar su historia. Gina, fue combatiente de las Farc y cuenta cómo al interior de la guerrilla también se ejerció la violencia sexual: “Él siempre llevaba su doble intención, le gustaba cogerlo a uno para escolta, siempre tenía muchachas así y después abusar de uno. A él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba”, cuenta esta exguerrillera en referencia al trato de algunos de los comandantes.

 

VIOLENCIA SEXUAL EN CIFRAS

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32,2 por ciento) y las guerrillas de 4.722 (31,5 por ciento). Los agentes del Estado no han sido ajenos a este fenómeno y fueron responsables en, al menos, 206 casos registrados. A estos actores se suman los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) con 950 casos; y no se ha establecido el responsable en 3.973 hechos, y se precisa que en este caso también se presenta un importante subregistro.

Según la investigadora, el tipo de violencia ejercido estuvo signado por violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, tocamientos y otras formas de violencia sexual como el aborto forzado, la esterilización o planificación forzada, la desnudez forzada, entre otros. Estas últimos casos, son precisamente los que engrosan el subregistro, pues muchos no se consideran denunciables.

Un aspecto para tener presente es que a pesar de la disminución de algunos casos de violencia a raíz de la firma del Acuerdo de Paz “la violencia sexual no cesa con el fin de los grupos armados”. Martínez señala que este tipo de violencia se instaura en los imaginarios que legitiman la violencia contra las mujeres.

Estos tipos de violencia sexual son una herencia de los paramilitares y aún se mantienen en lugares donde se ejerce la violencia. En este caso, la investigadora cita territorios como Tumaco, Buenaventura y Urabá donde hacen presencia grupos armados que recurren a este tipo de violencia para imponerse, para marcar terrenos y deslegitimar posibles “aspectos sagrados” o lo que se entiende como una forma de castigo a liderazgos y como forma de venganza, entre otras razones.

Pero, ¿por qué hacer la diferencia entre la violencia sexual en que se incurre en la cotidianidad y la que se cumple en medio del conflicto? La respuesta es contundente. “Las condiciones sociales y en el espacio público muchas veces se legitima la violencia contra las mujeres, y lo mismo sucede con el supuesto derecho que tiene el hombre para ejercer la fuerza”, dice Rocio Martínez, y conecta estos hechos con los que realizan los grupos armados con el argumento de que les resulta útil porque les resulta efectivo para sus fines.  “En muchos casos la culpa se deposita en la víctima, antes que en el victimario”, señaló Martínez.

 

ABUSO, GÉNERO, ETNIA…

Los datos arrojados tras tres años de estudios y análisis permitió establecer que Antioquia, Santander, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Putumayo son los departamentos en los que más denuncias se han presentado, pero precisa la investigadora que esto no significa que sean los lugares en los que más violaciones sexuales se han cometido. La experta aclara que en lugares como la Orinoquía, Meta y Arauca, se ha presentado un subregistro muy importante.

El informe establece además que los años en los que ha ocurrido mayor número de hechos de violencia sexual tuvieron un pico en 2000 con 19 casos, en 2002 y 2004 con 14 cada periodo y en 2006 con 13, de acuerdo con las respuestas dadas en las entrevistas realizadas por los investigadores para este análisis en particular.

“Si se agrupa la información por periodos, se observa que entre los años 2000 y 2006 se reportaron 100 hechos de violencia sexual, es decir, el 37,1 por ciento de la totalidad de los casos”, señala el documento.

Entre 2008 y 2012 las víctimas reportaron 57 casos de violencia sexual; es decir, 21,2 por ciento de los hechos de violencia sexual reportados en el trabajo de campo sucedieron en este intervalo de tiempo.

Pero la condición de mujer no fue la única razón por la que se ejerció la violencia sexual, la misma se veía agravada si se trataba de afrocolombianas o indígenas.

Uno de los casos que llama la atención en este aspecto es precisamente el de las mujeres de la etnia Embera. Según se pudo constatar, la vulneración llegó al punto de que ellas no eran consideradas humanas. En el caso de las afrocolombianas, muchas están ubicadas en territorios de contexto armado, y en estos casos se presenta una “exaltación de su sexualidad”, lo que agrava estas situaciones.

“Esta es una herencia de la colonia y la conquista como tal”, precisa la investigadora y cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que se evidencia cómo muchos hombres, y particularmente los paramilitares, consideraban que el cuerpo de las mujeres de color, y las niñas de esta raza, estaban disponibles.

Otras de las mujeres fuertemente afectadas por la violencia son las mujeres que ejercen el trabajo sexual: “Todos los actores armados han regulado de distintas maneras y en algún momento la prostitución”, dice la antropóloga. Estos hechos han sido totalmente silenciados. Y aunque son pocos los casos reportados, sí se ha presentado violencia de mujeres contra otras mujeres.

Si bien el panorama no es alentador, el estudio destaca la manera como a pesar del horror vivido y de las amenazas latentes contra las mujeres, en muchas partes del país, las mujeres se han organizado y han resistido el embate de este tipo de amedrentamientos.

“Si bien la violencia sexual ha sido efectiva, también se ha dado una importante resistencia y se han dado acompañamientos en el proceso para eliminar la violencia contra los cuerpos”, concluyó Rocio Martínez.

La experta recordó cómo en este momento que se habla de verdad, justicia y garantías de no repetición, es necesario que en aras de la justicia todos los grupos armados, legales e ilegales, reconozcan la ocurrencia de la violencia sexual, le den el lugar que corresponde y eviten la minimización, justificación y/o invisibilización y realicen actos de perdón a las víctimas.

Aunque el análisis no tiene presente lo sucedido en este último año, tras la finalización del conflicto con las Farc, la investigación hace un llamado a esa guerrilla desmovilizada al reconocimiento de los hechos de violencia sexual de los cuales son responsables, como parte de las medidas de reparación y voluntad de paz que el actual proceso demanda.

 

DATOS

La guerra inscrita en el cuerpo, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica en respuesta a la Ley 1719 de 2014, con apoyo de OnuMujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y con la colaboración de distintas organizaciones de mujeres, hace parte del acumulado de 10 años en los que el CNMH ha documentado todo tipo de violaciones a los derechos humanos y ha sido testigo de las memorias de dignidad y resistencia. Bogotá Colprensa.

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