Contraloría detrás de 1.300 ‘elefantes blancos’

Hoy como nunca y por primera vez, la Contraloría General de la República lo que tiene no son dientes, sino colmillos para atacar la corrupción y ponerle tatequieto a los llamados ´delincuentes de cuello blanco´.  

Esta semana fue sancionada por el presidente Iván Duque la ley que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales, con la cual se pretende acabar con los famosos ‘elefantes blancos’ que hay en el país.

Al intervenir en el acto, el contralor Carlos Felipe Córdoba consideró que “este proyecto va a ser de gran importancia para que esos más de 1.300 ‘elefantes blancos’ que hoy tiene el país, por más de $20 billones, puedan tener un final feliz o que puedan terminar de ser ‘elefantes blancos para cobrar vida’”.

A través de esta herramienta se definirá la terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar las distintas obras que no se han finalizado y llevan en construcción por un largo periodo en todos los departamentos de Colombia.

Tras sancionar la norma Duque afirmó, desde la Casa de Nariño, que “este registro nos permite mostrarle a Colombia dónde tenemos que unir los esfuerzos el Gobierno nacional y los gobiernos locales”.

El contralor Córdoba agradeció el apoyo que recibió esta norma de parte del Gobierno nacional y desde el Congreso para convertirse en realidad.

Córdoba expresó que en esta ocasión no solo se crea el Registro de Obras Inconclusas, sino también “el seguimiento para que ellos tengan vida en el país”.

En ese sentido, los gobiernos locales podrán agregar estos ‘elefantes blancos’ en sus planes territoriales de desarrollo para asegurar los recursos necesarios que garanticen su culminación.

La senadora de Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, coautora de la iniciativa, celebró la sanción presidencial y aseguró que esta ley también evitará más actos de corrupción en obras de infraestructura.

 “Es indignante ver vías, acueductos, escuelas, centros médicos, espacios deportivos abandonados representando la pérdida de millones y millones de pesos de recursos públicos”, indicó la Congresista.

Pues señaló que “detrás de una obra inconclusa, hay una comunidad que pierde la oportunidad del progreso y desarrollo para los niños del país”.

La información que se encuentre en el Registro será verificada en los procesos de contratación y el comportamiento de los contratistas e interventores en la terminación de las obras puestas en evidencia.

Además, las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales tendrán un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para realizar el reporte inicial sobre obras inconclusas.

LAS ALERTAS

Las alertas y el seguimiento continuo de la Contraloría General de la República a múltiples obras de infraestructura retrasadas o en riesgos, en todo el país, permitieron la reactivación de 35 proyectos: una obra de infraestructura hospitalaria, 11 de Invías, 22 Unidades Funcionales de la Ani y un del sector infraestructura educativa.

“Veo con beneplácito cómo, a partir de las alertas generadas por la Contraloría a mediados junio, dentro de la estrategia Transparencia por la Emergencia, la Agencia Nacional de Infraestructura agilizó la entrega de obras fundamentales”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

Una de ellas es la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar, la primera 4-G del país. La otra, también muy importante, es la ampliación de la Autopista Norte.

Sin estar dentro de las alertas levantadas, estas obras se encontraban inmersas en el seguimiento de infraestructura vial que se realiza por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.

Adicionalmente, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría, subrayó también el Contralor.

En cuanto a la ejecución de la ANI, se evidencia un avance del 9% en el proyecto Unidad Funcional corredor férreo Bogotá Belencito y La Dorada- Chiriguana, pasando de un avance físico del 58% al 67 %.

CONTRATOS COVID

En desarrollo del seguimiento preventivo que realiza la CGR a los contratos relacionados con la atención de la pandemia, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha revisado registros por $5 billones, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses, cuyo monto es de $22,5 billones.

Durante el último mes ese seguimiento ha crecido, en términos de recursos, en $1,2 billones.

El 49 por ciento de los contratos relacionados con el Covid-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones.

El 51 por ciento restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones de pesos, por valor total de $2,56 billones.

La Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $506.000 millones. Es decir, que ese valor creció un 82,8 por ciento desde el 17 de junio hasta hoy, pues hasta ese día era de $484.000 millones.

El número de alertas, a su vez, creció durante el último mes un 16,4 por ciento, pues hace un mes un mes fueron 340. Los presuntos sobrecostos llegarían a los $39,448 millones.

A LA CAZA DE ELEFANTES BLANCOS

La Contraloría General de la República sigue desplegando una verdadera cacería de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en todo el país, llegando a identificar, hasta la fecha, 1.300 obras abandonadas o sin avance en todo el país, que suman más de $20 billones de pesos en inversiones.

“Hemos utilizado dos armas que nos han resultado efectivas para tener en la mira esta clase de proyectos: la tecnología, que nos permite georeferenciarlos, por parte de la y el control social, que nos brinda la posibilidad de rescatarlos, por medio del Programa “Compromiso Colombia” y con el apoyo de la Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

Los sectores más golpeados por estos proyectos abandonados, que se convierten en mamuts y que se están referenciando con tecnología de punta, son los de agua potable y saneamiento básico; educación, transporte, vivienda, deporte y recreación y salud y protección social.

Desde su llegada a la Contraloría, el Contralor Carlos Felipe Córdoba se propuso liderar una verdadera cacería de los elefantes blancos que existen en el país, y fue así como impulsó un proyecto para consolidar el inventario completo de este tipo de obras, buscando al mismo tiempo incentivar el control social.

El proyectó arrancó con las tecnologías con las que contaba la Contraloría General en ese momento, registrando de manera manual la información. Pero luego, con el nacimiento de la DIARI, y los procesos tecnológicos que se han desarrollado, se creó un modelo de recolección de datos con todas las gerencias departamentales de la CGR.

Dicho modelo permite no solo organizar de mejor manera todos los datos referentes a los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos que hay en el país, sino también georeferenciar cada una de las infraestructuras y tener vistas de mapas satelitales de las mismas. Toda la información recopilada, ha servido para generar diferentes alertas a las entidades que tienen competencia.

En el camino, se determinó que era necesario ampliar el espectro de búsqueda, pues si bien comenzaron a aparecer elefantes blancos, igual se encontraron obras inconclusas y proyectos críticos, que presentan varias dificultades, reflejadas en múltiples prorrogas, suspensiones y adiciones, y donde, aunque sus plazos no han finalizado, en cualquier momento se pueden convertir en elefantes blancos.

162 COLEGIOS TERMINADOS DE 541 QUE SE DEBÍAN INTERVENIR

Un ejemplo claro de un proyecto en tal situación, que no se ha terminado, ha estado en estado crítico, pero puede salvarse, es del el ambicioso Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que tenía como fin la implementación de la jornada única estudiantil, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y que a pesar de que buscaba superar el déficit de aulas a nivel nacional, ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para los estudiantes y territorios del país.

En las obras de infraestructura escolar, se evidencia lo sucedido con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, que no ha cumplido cabalmente con su tarea.

Se debería intervenir 541 instituciones, pero a junio de este año, solo se ha terminado la obra de 162 colegios, de los cuales ya se han entregado a las comunidades y estudiantes 35.

Es decir que el programa, de acuerdo al número de instituciones intervenidas entregadas, tiene un avance de tan solo el 6%, y en el caso de obras terminadas el avance sería del 30%.

Las obras han sufrido el incumplimiento principalmente de contratistas tan conocidos como Mota – Engil, o Germán Mora Insuasti.

Por estas situaciones, la CGR lleva en marcha un proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones.

HAY UNOS VERDADEROS MAMUTS

Según el Contralor, hay muchos proyectos en el país que llevan bastantes años, en medio del deterioro, la maleza, la soledad y un abandono no sólo físico, también de las instituciones que los debieron desarrollar o hacer seguimiento.

“Son verdaderos mamuts, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, indicó.

Incluso, existen proyectos en los que la información, ya ni existe, que ha sido necesario realizar una reconstrucción documental, acotó.

CASOS RELEVANTES

El Contralor mencionó casos relevantes como la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, que en 2005 fue definido por el CONPES como un proyecto estratégico para el país porque debía abastecer de agua a cerca de medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira y generar 22.6megavatios de energía al año.

Hoy es uno de los mamuts más vergonzantes de Colombia y allí la Contraloría ha hecho hallazgos con connotación fiscal por más de $637.000 millones.