Recompensar

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Hay dos maneras de hacerse millonario por la vía rápida: robando, en el sector público o en el privado, un acto criminal; o denunciando los procedimientos y situaciones que permiten esos latrocinios, un acto cívico. En el caso más notorio, un denunciante suizo en los Estados Unidos dio los datos que permitieron identificar las cuentas bancarias secretas de ciudadanos norteamericanos. Recibió una recompensa de US$104 millones y el gobierno americano recaudó, hasta 2017, US$13,7 billones de impuestos adicionales.

Por supuesto, se requiere una legislación apropiada que facilite este comportamiento cívico. Es la que en Colombia, el Congreso y diferentes gobiernos han rehusado establecer. El país con la mejor tradición en esta materia, que bien vale la pena imitar, es Estados Unidos. Su Congreso pasó la respectiva legislación el 30 de julio de 1778, hace 242 años. Así respondían a las denuncias de 10 ciudadanos que relataban conductas incorrectas y abusos cometidos por un oficial de la Marina Continental.

Esta legislación ha venido siendo mejorada; una de las reformas más importantes la hizo el presidente Lincoln para controlar casos de corrupción en el Ejército durante la Guerra Civil. Cada Estado y varias agencias han desarrollado un cuerpo normativo al respecto. Y, aunque siempre ha habido intentos para bloquear o debilitar esos marcos legales, cada día es más eficaz y el número de países que han resuelto aprender de esa experiencia para adaptarla a su circunstancia, crece cada año.

Recientemente la Comisión de Seguridades y Cambio (SEC), el Departamento de Justicia, recompensaron a los denunciantes griegos de un soborno en el cual estaba implicada la compañía farmacéutica Novartis AG. La condenaron a un pago de US $225 millones por violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa).

En 2019 el Parlamento Europeo aprobó una directiva sobre este tema, el de la Denuncia Protegida y Recompensada, para que los 27 Estados miembros aprobaran la legislación pertinente. Ya varios la han adoptado y la Oecd también ha contribuido con informes relevantes.

Es que los denunciantes (whistleblower) constituyen la “primera línea de defensa contra el crimen, la corrupción y el encubrimiento”.

Es deplorable que en Colombia el tema no haya encontrado defensores estratégicos en los gobiernos o en los partidos o en las asociaciones gremiales. El asunto ni siquiera se menciona. Y aunque varios proyectos de Ley se han llevado al Congreso, éstos han sido notoriamente deficientes. Y, sobra decirlo, han fracasado.

En buena hora Fedesarrollo se ha interesado en el tema y, por eso, el año pasado publicó un libro ‘Lucha integral contra la corrupción en Colombia, reflexiones y propuestas (Leonardo Villar y Daphne Álvarez)’. Escribí el capítulo 2 ‘El papel del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción’. Allí presento la vida y milagros de esta eficaz herramienta. Denunciante anónimo, protección del mismo, recompensa apropiada (entre el 10% y el 30% de lo que se preserve), son los elementos claves. No contemplar la recompensa es hacer inocuo el mecanismo.

Se trata de propiciar la colaboración de la ciudadanía. Es que ella hace la diferencia. Michael Wolf (Financial Times, 6 de Junio de 2020) afirmó que la noción de ciudadanía debería ser la idea central en la pospandemia. Así se fortalece la democracia liberal. Así se lucha de verdad contra la corrupción.

*ExMinistro de Estado

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