Venezuela: opulencia y miseria

Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Venezuela (Encovi 2019-2020), de la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades, expresan la destrucción acumulada en los últimos cinco años de la calidad de vida del país, hoy la más crítica del continente, por encima de Haití y las de sociedades africanas inestables y sometidas a saqueos históricos de regímenes corruptos y totalitarios.

En este punto el estudio es tajante: “Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina”.

En el primer indicador, medido en ingresos menores a US$1,9 y US$3,2 al día por una familia para subsistir. Con base en estos ingresos de miseria, la investigación precisa que el 96,2 % de la población venezolana es pobre y un 79,3 % vive en la pobreza extrema, con recursos que ni siquiera alcanzan para cubrir una canasta familiar básica. Esto debido a una hiperinflación que ha superado registros inimaginables desde hace años, propiciando una caída del 70 % del PIB, entre 2013 y 2019, en

En consecuencia el país bolivariano supera en pobreza a Haití, (49,9 % en pobreza y 24,2 en pobreza extrema) históricamente el más necesitado y escaso de recursos de la región. En el caso de la desigualdad o la distribución de la riqueza, medida a través del índice Gini, Venezuela sólo es superada por Brasil.

El 74 % de los hogares encuestados por Encovi reportó inseguridad alimentaria moderada y severa, lo que dispara el hambre. Se detectó que, al menos, el 21% de los menores de 5 años está en riesgo de desnutrición y 8% es desnutrido, un nivel lejano de dicho registro en Colombia (3,4%) y Perú (3,2 %). Según el indicador talla-edad, el 30 % de los niños sufre desnutrición crónica.

La investigación evidenció una disminución importante de la participación económica en el último quinquenio. Concluye que el 44 % de los mayores de 15 años es desempleado y el trabajo por “cuenta propia” subió de 31 % a 41 % entre 2014, cuando se hizo la primera encuesta a la medición de 2019-2020.

Aunque se calculaba que el país llegaría a 32 millones de habitantes en 2020, el desempleo, la represión del régimen y otras condiciones extremas, obligaron a 5 millones de personas a emigrar, 2,3 millones en el periodo 2019-2020. Un amplio porcentaje de los migrantes son profesionales, universitarios, técnicos y población en plena capacidad productiva. Esto aceleró, entre 2015 y 2020, el crecimiento de las personas mayores de 60 años, haciendo que la nación perdiera su bono demográfico. El 19 % de los hogares reportó que, al menos, uno de sus integrantes salió del país.

La encuesta también prueba un retroceso en la supervivencia de la población con una tasa de mortalidad infantil de 26 por cada mil nacidos vivos, en lugar de 12 (última proyección oficial hecha en 2011) y un descenso de la esperanza de vida de 3,7 años para los nacidos en el periodo 2015 – 2020, producto de la crisis y sus miserias.

La encuesta afirma que por la covid-19, el 70 % de los hogares declaró la subida del precio de los alimentos como su principal impacto, entre el 30 % y el 35 % dijo que se vieron obligados a pedir dinero a sus familiares, la pérdida de empleo aumentó del 3 % al 5 % y la migración de algún miembro de la familia se redujo del 3 % al 1 %.

Pero la dictadura Maduro parece ajena a los efectos devastadores de su fracaso sobre la economía, la institucionalidad y un pueblo al que utiliza como trinchera y yunque de sus ambiciones. En la última década destruyó y dilapidó una fortuna infinita en dólares petroleros, dejando al país en la ruina y al continente respondiendo por el drama humanitario del mayor éxodo migratorio de su historia. Una salida pacífica a la crisis exige máximo acompañamiento internacional y un acuerdo entre la oposición y la dictadura por el restablecimiento de la democracia, hechos aún lejanos en el horizonte.

* Internacionalista