En la JEP reposan más de 8000 casos de reclutamiento forzado

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El acuerdo entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc dejó sobre la mesa que los excombatientes, pese a llegar al legislativo e incluso reincorporarse a la vida civil, debían comparecer ante la justicia transicional para responder por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Durante esta semana esas obligaciones judiciales se recordaron aún más, luego de que Sandra Ramírez, excombatiente, llegó a un cargo directivo en el Congreso de la República, y que Rodrigo Londoño, conocido con el alias de ‘Timochenko’, anunciara que las personas, entre ellos niños y adultos, que estuvieron en las filas del grupo guerrillero, lo hacían de manera voluntaria.

Pese a su declaración, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se surten siete macroprocesos que vinculan no solo a exmiembros de las Farc sino también a personas civiles y de la Fuerza Pública, entre los cuales reposa un expediente directamente relacionado con el reclutamiento forzado.

En este macrocaso, la decisión más reciente fue emitida este viernes, en donde el tribunal de paz aseveró que llamó a 14 personas de las extintas Farc a rendir versión voluntaria. La decisión cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jesús Mario Arenas Rojas, Abelardo Caicedo Colorado, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Juan Hermilo Cabrera Díaz, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Édgar López Gómez.

También a Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Julián Gallo Cubillos, Rodolfo Restrepo Ruiz, Martín Cruz Vega, Luis Óscar Úsuga Restrepo y Jhon Jairo Pardo Hernández.

El tribunal de paz reveló que los comparecientes vinculados y citados a las versiones deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían, eso sumado a las violaciones de los derechos que fueron consecuencia de dicha política.

RECLUTAMIENTO

Además de la última determinación tomada este viernes, el tribunal de paz ha adelantado labores investigativas desde el primero de marzo de 2019, momento en que se abrió el macrocaso 7, teniendo como resultado, hasta la fecha, 8000 casos de reclutamiento que en su momento también documentó la Fiscalía General de la Nación, cuando las indagaciones las llevaba la justicia ordinaria.

“Los hechos que se investigan en este caso tratan sobre la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de las antiguas Farc y la Fuerza Pública, ya sea por su inclusión directa a las filas como combatientes o su utilización en actividades relacionadas con el conflicto que hayan puesto en riesgo su vida e integridad personal”, reposa en el auto que dio apertura al expediente.

De esta investigación, el reporte da cuenta que, 37 exmiembros de las Farc han sido vinculados en el proceso, entre los que se encuentran los 14 llamados a rendir versión este viernes, y se han acreditado víctimas que sufrieron daños indirectos por este tipo de delito.

El tribunal de paz cuenta con más de 500 informes de organizaciones de derechos humanos entre otras entidades, que revelan los más grandes vejámenes cometidos por los exmiembros de las Farc.

OTROS MACROCASOS

La justicia transicional es el mecanismo creado para que los excombatientes rindan cuentas ante la justicia, así como en algún momento cumplió la misma función el tribunal de Justicia y Paz, para cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el caso puntual de la JEP, que cuenta con siete macrocasos, los más significativos para los colombianos son, además, del delito de reclutamiento forzado, la retención ilegal o secuestro que corresponde al macrocaso número uno y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que se encuentra en caso número tres.

En el caso número uno, que fue creado desde el 4 de julio de 2018, se han acreditado 2107 víctimas. “Este caso prioriza el secuestro de personas por parte de las Farc entre 1993 y 2012 e investiga más de 9000 hechos ocurridos durante esos 19 años. Este periodo puede ser ampliado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción. Dentro de esta primera etapa la Sala ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000”.

El Tribunal de paz generó apertura de este caso a raíz de los informes que entregó la Fiscalía General en el cual generó un inventario de casos relacionados con el conflicto armado y ‘Retenciones ilegales’ realizadas por parte de la estructura guerrillera.

De acuerdo con la magistrada Julieta Lemaitre, en 2019, la Sala de Reconocimiento empezó un proceso de contrastación, comparando toda la información recibida, y a partir de ello llamó a rendir versión individual a los excombatientes comprometidos como responsables en los informes revelados al tribunal.

Lo que reposa en la JEP, con base en lo examinado, da cuenta que se reporta la participación de al menos 350 exguerrilleros de distintos rangos, respecto del componente escrito, mientras que en el oral, hicieron presencia 236 exguerrilleros.

Como en todos los macrocasos, en este también existió las versiones voluntarias que se realizaron en Barrancabermeja (Santander) del Bloque Magdalena Medio, en Llano Grande (Dabeiba-Antioquia) del Bloque Noroccidental, en Icononzo (Tolima) del Bloque Oriental, en Popayán del Bloque Occidental, en Pondores (La Guajira) del Bloque Caribe y en Miravalle (Caquetá) del Bloque Sur y la Columna Móvil Teófilo Forero.

En las bajas ilegítimas por parte del Estado, el tribunal de paz reseñó que desde el 12 de julio de 2018 que se abrió el expediente se han presentado 220 versiones de los cuales 172 fueron presenciales y 48 escritas.

En este caso, que también lo aperturó la Fiscalía en la justicia ordinaria, el Ministerio de Defensa aportó 10 listados que incluyen a 1944 miembros de la fuerza pública que manifestaron su voluntad de comparecer ante la JEP y que están involucrados en estos hechos.

Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las fuerzas militares con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.

“Las víctimas de este delito fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condición de discapacidad”, reportó el tribunal de paz.

En el marco de los informes recibidos por la JEP, reposa el del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que aportó las ‘Revistas Noche y Niebla’, en las que se cuentan al menos 1741 casos de “ejecuciones extrajudiciales”, presentadas como muertes en combate entre 1984 y 2011.

Asimismo, la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, entregó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP una base de datos que registra alrededor de 1257 víctimas de “falsos positivos” ocurridos en su mayoría entre 2006 y 2008.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación identificó 2248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.

Así las cosas, después de depurar las bases de datos e informes entregados, la JEP ha identificado 4439 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2008.

El caso número tres, tiene una particularidad y es su carácter nacional. Y a partir de la contrastación de los informes recibidos, la Sala de Reconocimiento ha priorizado, en una primera fase de investigación, en función al número de hechos, de víctimas, y del potencial ilustrativo de esas prácticas criminales: Antioquia, Meta, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Huila.

BOGOTÁ (Colprensa).

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