EL POT: Expectativas y esperanzas para afrontar una histórica crisis 

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Por : ALFONSO  LASTRA  FUSCALDO

“El desempleo y la pobreza extrema, la ‘segunda pandemia’, podrá atacarse con un POT que sea el resultado del esfuerzo colectivo para lograr una justa y equitativa recuperación o, por el contrario, será la condena de la sociedad samaria por el  egoísmo político”. 

La economía en América Latina ha tenido que experimentar el golpe más fuerte del que tengamos memoria. La afectación hacia las actividades productivas es tan grande y difícil cuantificar hacia el largo plazo por la incertidumbre de no tener la certeza del ‘cómo’ ni ‘hasta cuando’ podremos controlar esta pandemia, pero sí está claro, que este 2020 ya hace parte de la historia como una de las peores crisis económicas que hemos tenido que enfrentar.

Las cifras nos permiten dimensionar la gravedad de las secuelas económicas y sociales de este Estado de Emergencia Mundial, evidenciadas en el dramático aumento del desempleo y pobreza en nuestro territorio, que a su vez, nos revela hacia dónde deben centrarse los esfuerzos público-privado para su recuperación.

Del estudio de impacto económico por el COVID-19 desarrollado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, con el apoyo del Comité Intergremial del Magdalena; merece destacarse los siguientes resultados: El 96% de las empresas han sido afectadas negativamente, 80 de cada 100 empresas han tenido pérdidas entre el 80% y 100% en sus ingresos operativos, más de 5.200 empresas han cerrado indefinidamente desde el inicio de la emergencia económica.

Respecto al empleo, según el DANE entre marzo y mayo, más de 60 mil samarios perdieron sus trabajos, de los cuales 11 mil correspondían a empleos formales. Como resultado del cierre e impacto de las empresas, los sectores económicos que más fuertemente han sentido el impacto de la cuarentena (turismo, comercio, restaurantes) representan el 23.7% del PIB departamental y en empleo el 41%.

Desafortunadamente, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no han sido suficientes para mitigar este deterioro económico, dado que el 27% de los empresarios samarios han intentado beneficiarse de alguna de éstas y sólo el 5% del tejido empresarial han logrado acceder a la financiación ofrecida por el Gobierno Nacional.

Recordemos que Santa Marta es la quinta ciudad capital más pobre y se estima que el 40% de la población caerá en una situación de pobreza. En este mismo sentido y de acuerdo con información del DANE, de la población que recibe ingresos, un 65% hacen parte de una informalidad laboral y en general, el 80% de los samarios vive con ingresos iguales o inferiores a 4 SMLMV,  y el 75% de la población se encuentra viviendo en arriendo. Lo anterior, se suma al déficit habitacional del 48.11% lo que representa una cifra de más de 9.700 hogares.

Frente al Índice de Competitividad de Ciudades, hay un fuerte rezago en los indicadores de acueducto y alcantarillado, inversión en salud pública, facilidades para apertura y funcionamiento de empresas y acceso a las tecnologías de la información.

Como podemos observar, el desempleo y la pobreza extrema constituirán una ‘Segunda Pandemia’ y el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- debe convertirse en el antídoto, siempre y cuando sea el resultado del esfuerzo colectivo, la solidaridad y articulación público-privada para recuperarnos o, por el contrario, la sociedad samaria será la víctima del egoísmo político.

Se pueden cuestionar las rigurosas cifras, o se puede dibujar otra realidad, pero no existe nada peor que ignorar la gravedad de la situación. Por tal motivo, es preocupante evidenciar en el Proyecto de Acuerdo radicado ante el Concejo Distrital, muchas decisiones que desestimularían la inversión y frenarían procesos de recuperación y reactivación económica en el corto y mediano plazo, alejándonos del propósito de mitigar los riesgos del creciente desempleo, aspecto que resulta contraproducente para el desarrollo económico y sostenible del Distrito.

Desde el POT, se debe promover estímulos para la competitividad y productividad de los sectores económicos consolidados frente a otros territorios que nos llevan ventaja. De no hacer nada, el retroceso será inminente.

El trámite del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- demanda compromisos y responsabilidades de la ciudadanía, gremios y autoridades distritales, principalmente al Concejo de la ciudad a quien le corresponde su aprobación, por lo que el cumplir con estricto apego a la legalidad y conveniencia del Distrito, es definitivo para el futuro de la ciudad ante la actual coyuntura que nos encontramos.

En nuestro criterio, el proyecto del POT va en contravía a esos propósitos, el término para la reubicación del sector comercial por cambio en el uso del suelo, oscila entre 1 y 2 años, lo que evidentemente desconoce la necesidad de apoyo a este sector económico de la ciudad que requiere un lapso razonable para su recuperación e incentivos, una vez se reactiven las actividades. Así mismo, en toda la ciudad se establecen varias cargas urbanísticas sin la certeza de su correlativo beneficio, lo cual deja a los empresarios sin certeza respecto a la viabilidad de su posible inversión: cesión de espacio público, cesión para equipamientos, carga por demanda hídrica, carga por pérdidas de absorción del suelo y servicios ambientales, entre otras.

Además de alejar la inversión en el Distrito, establecer estas cargas y otros permisos como prerrequisito condicionante para la expedición de licencias de construcción, genera dudas frente a su legalidad.

Lo que estamos comprometiendo con este documento de planificación es mucho si tenemos en cuenta que, el suelo urbano y/o urbanizable de la ciudad es reducido (suelo de expansión urbana 1% y suelo urbano 3%) por lo que es preocupante que todo el desarrollo está condicionado a planes y estudios futuros que realice la Alcaldía en el plazo de 1 a 2 años. ¿Ante las actuales circunstancias, la administración distrital contará con el presupuesto para hacer nuevos planes y estudios?

De igual forma, el documento diagnóstico no precisa el riesgo por falta de estudios de detalle, por lo que queda condicionado a un análisis posterior. Las zonas de amenazas quedan como suelo no urbanizable y por lo tanto, no se puede desarrollar hasta tanto no se efectúen los estudios futuros. Además, no se evalúa a profundidad el territorio para determinar a cuánta población es necesario reasentar por habitar zonas de alto riesgo no mitigable, lo que implica, que por largo tiempo sigan expuestos a peligro de muerte.

Así mismo, el diagnóstico en su dimensión económica no hace un análisis del impacto negativo a la competitividad e informalidad del POT vigente, no indica cómo asumir los impactos de la pandemia y no se encuentran las decisiones para contrarrestar estos impactos.

En conclusión, la coyuntura en la que nos encontramos como resultado de la emergencia económica, ambiental y social por el COVID-19 pasa desapercibida en un documento importante de planificación, en el cual sólo hacen referencia a unas medidas de corto plazo, pero no a un ajuste holístico y coherente del documento a la nueva realidad de la ciudad.

Esta decisión, más allá de posiciones ideológicas, políticas, o intereses de índole particular, exige rigor técnico, verificación estricta de la legislación aplicable y un profundo compromiso con la ciudad para planificar el desarrollo sostenible, económico, social, ambiental y urbanístico del territorio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El desarrollo y visión de la ciudad, al que está sujeto este importante instrumento de planificación, no puede exponerse al albur de la discrecionalidad, más aún, cuando se ha contado con tiempo suficiente para soportar esta importante decisión a un profundo diagnóstico, soportado con estudios técnicos, ofreciendo además la seguridad jurídica necesaria para garantizar la mejor propuesta del trascendental documento estratégico.

Sin duda alguna es un momento histórico y en el marco de la conmemoración de los 495 años de la ciudad, esperamos que en un futuro podamos celebrar en una ciudad próspera y resiliente y no en la nostalgia del destierro en búsqueda de mejores condiciones para vivir.

*Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio

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