Los escenarios jurídicos que tiene el senador Uribe 

Son varios los escenarios jurídicos a los que se enfrenta el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora que radicaron la ponencia, en el marco de la investigación que se surte en su contra por presunta manipulación de testigos y los delitos de fraude procesal y soborno. 

Fue el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, quien reveló sus cartas en el proceso contra el expresidente. Lo hizo ante cinco de los seis compañeros de Sala.

Si bien la ponencia puede ser conocida por la también magistrada Cristina Lombana, ella se encuentra impedida para entrar en el debate, debido a que fue recusada y apartada del proceso por fungir como miembro de la fuerza pública mientras Uribe estuvo en la Presidencia de la República.

De acuerdo con el abogado penalista Camilo Burbano, los escenarios a los que se puede enfrentar el senador, es que la investigación siga su curso, pero tenga de por medio una orden de captura, establecida en la ley 600 del 2000, o por el contrario que se surta el expediente sin ninguna detención u obtenga restricciones de movilidad como las establecidas en la ley 906 del 2004, que relacionan no salir del país y comparecer cuando sea requerido ante la justicia, entre otras.

Si bien, hasta el momento se desconoce el sentido de la ponencia, el penalista dejó claro que también se puede presentar la absolución del senador por los hechos que hasta el momento fue investigado, o por el contrario podrían solicitar nuevas pruebas, pese a que durante en el segundo semestre de 2019, el magistrado recolectó más de 42 testimonios entre los que se encuentran exparamilitares, abogados, senadores y exfiscales.

Para que Reyes expusiera su ponencia tuvo que pasar casi un año tras el llamado a indagatoria y dos más tras la apertura de la investigación, con la intención que este jueves se inicie el debate con sus compañeros de sala. El magistrado ponente requirió de los ocho cuadernos principales, nueve anexos y seis reservados, cada uno máximo de 300 folios y los 42 testimonios para avanzar con el proceso.

LA INVESTIGACIÓN 

Uribe Vélez se encuentra ante los tribunales por la supuesta intención de manipular testigos que lo han señalado de tener nexos con el paramilitarismo. Específicamente, quienes tienen en jaque al senador es Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, exparamilitares condenados, quienes han reseñado que les ha solicitado cambiar los testimonios para entregar ante la Corte Suprema de Justicia.

Este lunes, precisamente, la Fiscalía General le imputó los delitos de fraude procesal y soborno, al abogado Diego Cadena, quien defiende los intereses del senador Uribe. El abogado penalista, sobre quien pesa los mismo delitos que su defendido, declaró ser inocente por lo que lo acusan.

Sin embargo, la Fiscalía tiene pruebas en su poder que da cuenta que Cadena junto con el también abogado Juan José Salazar, habrían abordado en las cárceles de Palmira (Valle del Cauca) y la Picota (Bogotá), a los exparamilitares condenados y mencionados anteriormente con el fin de que cambiaran la versión que entregarían ante el alto tribunal sobre una investigación que se surtía en contra del senador Iván Cepeda.

Lo que dijo la Fiscalía en la audiencia, es que Cadena habría abordado a alias ‘Víctor’ y le ofreció 200 millones de pesos a cambio de que mencionara que Cepeda le ofrecía favores carcelarios como pago de que hablara sobre la relación de Uribe y el paramilitarismo.

Cabe mencionar que Vélez es hijo de uno de los administradores de la finca Guacharaca, que es propiedad de la familia Uribe y desde donde, al parecer, habrían iniciado los señalamiento sobre los nexos con el paramilitarismo.

Si bien, según la Fiscalía, el plan maestro era que tanto Monsalve como alias ‘Víctor’ declararan en contra de Cepeda y con ello engañar a la Corte Suprema de Justicia, el plan se vino abajo cuando los pagos monetarios cesaron por parte de Cadena.

Lo que reportó el delegado del ente acusador es que a alias ‘Víctor’ solo le habrían pagado 48 millones de pesos, en diferentes entregas, y cuando Cadena y Salazar incumplieron los pagos restantes, Víctor se rehusó a seguir con el plan. En su momento lo que dijo Cadena sobre estos hechos es que habían sido “ayudas humanitarias” para el exparamilitar, que a su juicio, días más tarde se convirtieron en extorsiones.

Lo que le llamó la atención al fiscal del caso, es que Cadena y Salazar nunca denunciaron un acto de extorsión por parte del exparamilitar.

Alias ‘Víctor’, tras no tener el pago completo y Monsalve tras no recibir las supuestas asesorías jurídicas que les habían prometido decidieron cerrar todo tipo de negociación con los abogados y seguir actuando con base en lo que conocían de las acciones del senador Uribe.

Bajo ese entendido, así como la Fiscalía tiene un grueso expediente de Cadena y su abogado suplente, la Corte Suprema cuenta con información que vincula el mismo caso. Pues la investigación contra Uribe surgió, precisamente, luego de que el alto tribunal hallara que no tenía pruebas suficientes para investigar al senador Cepeda, pero sí argumentos para abrir la indagación en contra del expresidente.

En este proceso, el senador Cepeda fue acreditado como víctima y ha asegurado que el abogado Cadena, de no ser cobijado con medida de aseguramiento, podría obstruir a la justicia, esto teniendo en cuenta que, según las pruebas, fue él quien buscó a los exparamilitares para que atestiguaran en su contra.

El senador Uribe, por su parte, ha negado categóricamente los señalamientos hechos en su contra, y si bien en octubre pasado, cuando rindió a indagatoria respondió a las presuntas hechas por el magistrado Reyes, una vez se aperturó la investigación en su contra, en julio de 2018, consideró apartarse de su cargo como senador de la República.

Con el pasar de los días se sostuvo en su cargo, a la vez que avanzó el proceso, y su defensa ha dicho que cuenta con las pruebas suficientes para controvertir lo que han mencionado en su contra.