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HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Periódico de Santa Marta

Defensoría del Pueblo el ´otro´ botín de la burocracia 

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En los próximos quince días el presidente Iván Duque deberá enviar la terna de la cual la plenaria de la Cámara de Representantes escogerá al sucesor de Carlos Negret como titular de la Defensoría del Pueblo. 

Y hasta ahora la puja por hacerse al cargo, cuyo elegido deberá posesionarse en septiembre próximo, está centrada en los partidos de la U y Conservador, aunque no se descartan otras opciones, sobre todo de personas cercanas al Jefe de Estado.

En cuanto a la U, colectividad de la que el actual Defensor Nacional fue secretario general, se ha hecho pública la aspiración de Elizabeth Martínez Barrera, saliente secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, que, como ya se dijo, es la instancia que se encargará de nombrar el reemplazo de Negret.

De esta aspirante se afirma también que es allegada al actual ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

Sin embargo, Martínez Barrera no es la única postulada por ese partido, puesto que Angelino Lizcano, exsecretario general de la Cámara de Representantes, también quisiera convertirse en el nuevo Defensor del Pueblo e incluso contaría igualmente con el respaldo de Cambio Radical.

De igual forma está el nombre de Carolina Carrillo, saliente directora administrativa de dicha corporación, por lo que, en opinión de algunos observadores, la verdadera disputa por el cargo estaría dándose al interior de la propia Cámara de Representantes, dada la cantidad de aspirantes allegados a esa instancia del Congreso de la República.

A la vallecaucana Carrillo se la relaciona con el senador por el Partido Liberal Miguel Ángel Pinto.

Pero por la U estaría aspirando también el actual secretario del partido, Álvaro Echeverry, de quien se dice que sería el candidato del presidente de esa colectividad, Aurelio Iragorri, y de un amplio sector de esa bancada.

Ahora bien, por el lado del Partido Conservador el candidato con más fuerza sería Carlos Camargo Asis, quien fuera magistrado del Consejo Nacional Electoral y hoy por hoy es el director de la Federación Nacional de Departamentos y, se asegura, estaría fijo en la terna presentada por el Mandatario no solo porque es cercano a él sino también porque contaría con el respaldo del Centro Democrático.

A Camargo, quien a comienzos de este mes le informó al país sobre su contagio de Covid-19, se le habría pedido que se margine de la entidad que aglutina a los mandatarios seccionales de llegar a ser postulado por el Jefe de Estado para evitar suspicacias.

De otra parte, se ha conocido que el presidente Iván Duque quisiera postular directamente a una mujer, puesto que en 29 años de existencia de la Defensoría Nacional del Pueblo nunca ha sido regentada por una representante del género femenino.

En un comienzo se dio por fijo el nombre de la exministra del Interior y actual consejera de los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, pero al parecer la funcionaria habría desistido de esa posibilidad.

Ante ello, se abrió paso la opción de que la hoy ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, quien es una abogada con amplia experiencia, asuma esa candidatura.

Sin embargo, de ser ternada se consideraría como una ‘carta’ del Partido Liberal, cuyas relaciones con el Gobierno Duque no han sido siempre las mejores, por lo que la coalición del Ejecutivo (uribismo, conservadores y cristianos) no la respaldaría.

Lo cierto es que la puja por clasificar para integrar la terna y luego ser elegido como nuevo Defensor Nacional del Pueblo está al rojo vivo, sobre todo porque ese organismo agrupa más de cuatro mil cargos, entre funcionarios y contratistas, lo que lo convierte en un valioso fortín burocrático, más allá de la importancia que reviste para la protección de los Derechos Humanos en el país (ver recuadro).

FUNCIONES 

Según la página www.defensoria.gov.co, las principales funciones del Defensor Nacional del Pueblo son:

Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los reglamentos y demás mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

Diseñar, dirigir y adoptar, con el Procurador General de la Nación, las políticas de promoción y divulgación de los Derechos Humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos.

Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio. El Defensor podrá· hacer públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respuesta recibida.

Impartir los lineamientos para adelantar diagnósticos, de alcance general, sobre situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas que tengan impacto en los Derechos Humanos.

Impartir las directrices para instar a las organizaciones privadas para que se abstengan de desconocer un derecho.

¿FORTÍN POLÍTICO? 

“La Defensoría del Pueblo es una institución muy importante, dado que su labor es la defensa de los Derechos Humanos y salvaguardar a las comunidades y a las personas, en especial las más vulnerables, y esto, sin duda, para un funcionario con pretensiones políticas puede ser mal utilizado con fines personales”.

Así lo sostiene el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

Agrega que la Defensoría “se ha convertido en una apetitosa torta burocrática, por los numerosos cargos no sometidos a carrera administrativa y por los contratos de defensoría pública” y plantea que hay que reformar la elección de ese cargo, pues “es un servidor que va a dirigir un organismo de control cuya terna proviene del Presidente de la República y además elegido por la Cámara de Representantes, quienes se apoderan de los cargos en la entidad”.

Según el docente Burbano, “en las últimas elecciones ha quedado demostrado que se elige al candidato que menos experiencia tiene en Derechos Humanos y, por lo general, ya se sabe quien será el elegido, es decir terna de uno”.

DENUNCIAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

A pocos días de que se conozca la terna que enviará el presidente de la República, Iván Duque, a la Cámara de Representantes para escoger al nuevo defensor del pueblo, la Red de Veedurías Ciudadanas, RVC, advirtió del posible delito de tráfico de influencias en que habrían incurrido un grupo de representantes que pretenden imponer una candidata.

De acuerdo con Pablo Bustos, director de la RVC, se trata de una carta que enviaron 13 representantes del Partido de la U, en cabeza de la representante Marta Villalba, al presidente de la República en donde le piden que incluya en la terna para defensor a Elizabeth Martínez, la actual secretaria de la Comisión III de la Cámara.

Según Bustos, “el ‘yo te elijo y tú me pagas’ es un delito tipificado en el Código Penal, razón por la cual los congresistas que firmaron una carta para recomendar y exigir que se terne a una de sus candidatas que además actualmente es funcionaria del Congreso habrían incurrido en un delito”. Explicó además que Martínez es quien habría promovido ella misma que se enviara la carta para favorecerla.

De acuerdo a Bustos, por esa situación interpondrá “las acciones legales correspondientes en las que se advierten aparentes actos de corrupción, incluido un posible tráfico de influencias en un particular caso en el que varios congresistas firmaron una carta para exigir que se terne a uno de sus dependientes para administrar millonarios recursos públicos y ocupar el cargo de defensor del pueblo”.

Para el director de la RVC, Martínez, tampoco tendría la experiencia que se requiere para ese cargo, y no le bastaría la que tiene por llevar más de 20 años en el Congreso. “Pareciera que la señora Elizabeth Martínez Barrera, pretende sustituir el requisito legal con palancas, hecho contrario al cargo al que pretende aspirar en un inmenso desconocimiento de la ley y de los principios éticos que sustenta la Institución a la que aspira llegar por medio de un evidente atajo y quite al lleno de requisitos legales con posibles actos indebidos de cara al reprochable tráfico de influencias, soportado en un documento exhibido por los mismos involucrados, que además participan en su elección”, planteó.

El director de la Red de Veedurías, dijo que en una carta al presidente Iván Duque le advierte que de llegarse a convalidar la hoja de vida de Martínez se materializaría un aparente contubernio en torno a un prevaricato.

De Martínez se asegura que sería la candidata que desde el Partido de la U lo impulsan representantes cercanos al ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera.

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