Corte Suprema debe hacer público todo el expediente  

 El abogado Jaime Granados, que defiende los intereses del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvió a insistir este sábado en que el expediente del proceso que surte contra su cliente debe hacerse público en su totalidad. 

En un comunicado de 10 puntos, Granados manifestó que se continúa filtrando información, que constituye “otra clara violación a la reserva sumarial”, la cual derivó en la publicación de una noticia que, en su concepto, presenta información “parcial, tergiversada e incompleta”.

Por eso, el abogado de Uribe insiste en la solicitud que hicieron el pasado jueves, cuando pidieron levantar la reserva completa del fallo, para que no se siga filtrando información a “cuentagotas”.

 “Respetuosamente le solicitamos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tome cuanto antes la decisión de levantar la reserva y hacer público este expediente. Es un caso de interés nacional en el que los investigados renunciaron explícitamente al derecho de la reserva, como un acto de transparencia frente al país”, señaló.

Según explicó, hasta la fecha el fallo de la corte ya circula por redes sociales y está en manos de varios medios. “La publicación a cuentagotas, orientada melévolamente por quién sea que lo esté haciendo, sólo pretende perjudicar a Álvaro Uribe, su presunción de inocencia y su derechos al debido proceso”.

También agrego que las interceptaciones al senador y expresidente deben hacerse públicas. “Quedaría en evidencia que Álvaro Uribe nunca fue el determinador de ninguna acción ilegal y que tampoco conocía los detalles que infieren las noticias. Por esto insistimos en que debe hacerse público todo el expediente”.

LAS PERSONAS A QUIEN LA CORTE PIDIÓ QUE SE INVESTIGARAN

Son 1554 páginas las que contiene el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le dictó medida de aseguramiento en su domicilio al senador Álvaro Uribe Vélez, luego de considerarlo determinador del delito de soborno y fraude procesal, por presunta manipulación de testigos.

En el documento, que hasta el momento hace parte de la reserva sumarial, reposan nombres como el del abogado Diego Cadena, que defendía los intereses del senador y sobre quien el alto tribunal compulsó copias para que se investigue por los delitos de fraude procesal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En este caso, la corporación judicial estimó necesario que se corroborara la actuación de Cadena en lo que relaciona el abordaje a Juan Guillermo Monsalve durante 2018, a Carlos Enrique Vélez en 2017, así como las pruebas falsas que habría entregado al alto tribunal, entre ellas se habla de un audio.

Otro de los nombres que aparecen en el documento es el de Juan José Salazar, el abogado de quien se conoció, únicamente, hasta la imputación de cargos de Cadena. De él, la Fiscalía anunció que trabajaba para Cadena y era el encargado de abordar a los exparamilitares en las cárceles, para que presuntamente cambiaran su testimonio.

De acuerdo con la ponencia del magistrado César Reyes, Salazar habría incurrido en el delito de falso testimonio, en lo relacionado con lo que anunció ante el alto tribunal sobre su abordaje a Carlos Enrique Vélez. Por ello, le pidieron a la Fiscalía investigarlo.

El ente acusador también deberá moverse en labores de investigación en contra del abogado Enrique Pardo Hasche, quien compartió patio con el exparamilitar Monsalve, pues según el fallo, también pudo incurrir en el delito de falso testimonio, en el marco de la declaración que rindió en septiembre pasado ante el alto tribunal.

En ese desfile de testigos que citó la corporación judicial, Pardo Hasche habría mentido sobre lo que mencionó en el proceso de abordaje de Monsalve, a quién le solicitó que cambiara su testimonio respecto del senador Uribe.

El documento también reveló que Victoria Jaramillo y Euridice Cortes, alias ‘Diana’, deberán ser investigadas por el mismo delito que Pardo Hasche, así como Máximo Cuesta, Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Cadavid por lo expresado ante la Corte respecto de las dádivas por parte del senador Iván Cepeda y los reclusos Pablo Sierra y Monsalve.

El documento también expuso que se debía investigar al político Mario Uribe Escobar por, supuestamente, haber presionado a testigos para que declarara en contra del senador Cepeda, para beneficiar a su primo, el senador Uribe.

Cabe mencionar que estas personas hacen parte del extenso expediente que se surte en la Corte Suprema, en el marco de la investigación en contra del senador Uribe.

El expresidente se encuentra ante los estrados judiciales luego de que en 2018, la Corte cerrara una investigación a favor de Cepeda y abriera una en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno.

Todo la puja político-judicial empezó en 2012 cuando Cepeda recorrió algunos centros penitenciarios buscando testimonios de exparamilitares que vincularan al senador del Centro Democrático. Las declaraciones fueron expuestas en un control de debate político en el Congreso de la República.

Tras esto, Uribe decidió emprender una acción legal en contra de Cepeda sin tener éxito, pues ha trascendido que Cadena uno de sus abogados habría manipulado a algunos testigos para que entregaran información favorable a la Corte.

LOS PROCESOS JUDICIALES   

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente tiene una medida de aseguramiento en su contra, proferida por la Corte Suprema, viene desde hace varios años en el ojo de la justicia, y donde actualmente tienen diferentes procesos, directos e indirectos.

El líder natural del Centro Democrático todavía está lejos de una condena en su contra, pues el proceso por el que se encuentra con detención domiciliaria en su finca ‘El Ubérrimo’, en el departamento de Córdoba, en más de 1500 hectáreas, apenas comienza y la medida es para que interferir en el mismo.

La Corte explicó que la providencia se adoptó sobre en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran al senador Uribe.

Pero este no es el único en el que se encuentra incurso, pues son más de cinco los procesos que están en etapa preliminar, entre los que se encuentra la muerte del líder defensor Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998, luego de que el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigara a Uribe Vélez cuando fungió como gobernador de Antioquia.

Lo que dice la providencia es que en más de una ocasión Valle denunció la presencia de grupos paramilitares en la región antioqueña, sin tener resultado alguno. Incluso, previo a su muerte habría realizado un oficio en donde le solicitaba al procurador de turno y a Uribe, protección para la zona rural, pero por el contrario se retiró a los policías de inspección que brindaban seguridad.

Otro proceso que se mueve en la Corte contra el expresidente de la República tiene que ver con las masacres de ‘El Aro’ y ‘la Granja’, también ocurridas en Antioquia. Estos hechos se registraron mientras Uribe Vélez ofició como gobernador del departamento.

Allí también tiene injerencia Valle, quien además de llamar la atención sobre la presencia de paramilitares, reportó que las personas oriundas de la región antioqueña corrían peligro por cuenta de las actividades ilegales que hacían en la zona. Además, denunció que dichas masacres se habrían adelantado entre el Ejército y las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La providencia por la que compulsaron copias en contra de Uribe, fue porque a Valle lo habrían asesinado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, exjefes de las AUC, por orden de “la gobernación de Antioquia”, supuestamente porque “se estaba metiendo mucho con el Ejército”.

Las declaraciones que reposan en el documento señalan que el día de las masacres uniformados del Ejército y de las AUC se encontraban juntos. Eso llamó la atención de Valle y empezó a argumentar que podría existir una presunta omisión por parte de las autoridades locales sobre tales sucesos.

Otro de los procesos en contra de Uribe relaciona al hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente las conversaciones que adelantó el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, cuando los diálogos se registraron en La Habana, Cuba.

Sepúlveda, en el marco de su proceso judicial, señaló que parte de esas interceptaciones habían sido recibidas por el senador Uribe, el entonces candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga y uno de sus hijos.

Por estas afirmaciones, la Corte abrió una investigación preliminar en contra del expresidente. El expediente estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló, quien culminó su periodo durante 2019. Sin embargo, la investigación pasó a manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El caso se volvió a mover en diciembre del año pasado, por cuenta de la magistrada Cristina Lombana, quien en su momento realizó inspecciones judiciales en el Batallón de Inteligencia en Facatativá, Cundinamarca, pero la jurista fue apartada de las investigaciones que reposan en contra de Uribe por su indirecta relación mientras fungió como miembro de la fuerza pública en su mandato.

Uribe en su momento rindió versión libre sobre este proceso. Sumado a eso, el expediente más reciente que tiene en su contra es por la denominada ‘Ñeñepolítica’. Esta indagación la abrieron por las denuncias que presentó el periodista Gonzalo Guillén en su contra, luego de que se conociera el escándalo sobre que el presidente Iván Duque habría recibido dineros ilícitos.

El caso vincula al señalado y fallecido narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, de quien se ha dicho que compró votos en algunos lugares del país para favorecer en la llegada de Duque al Palacio de Nariño.

Otro de los procesos que está en etapa preliminar es la indagación por los denominados perfilamientos que se conocieron durante los últimos meses. Este proceso se abrió por cuenta de un anónimo que llegó al despacho de la magistrada Lombana en diciembre pasado, en donde mencionaban que Uribe tendría responsabilidad directa en tales hechos. /Colprensa