Los presidentes que han sido objeto de procesos judiciales  

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Aunque la medida de detención contra Álvaro Uribe representa un acontecimiento histórico para el país, no solo por sus matices políticos sino por toda la tensión social que genera, esta no es la primera vez que un Presidente de la República se ve envuelto en investigaciones y procesos judiciales que, eventualmente, terminan en decisiones penales. 

En 1921 el entonces presidente Marco Fidel Suárez, conocido -como buen exponente de su época- por valerse de columnas y letras para sus luchas políticas, fue sometido a una moción de censura por parte del Senado de la República, en un momento de alta agitación social por la turbulencia económica que sacudía al mundo.

La decisión de haber removido de su cargo a los directores del Banco Mercantil de Nueva York, sucursal Bogotá, Alfonso López y Luis Samper Sordo, le costó a Suárez ser tildado de vendido a los intereses norteamericanos. Luego se conoció que había vendido los sueldos de los directores correspondientes a un semestre al Banco Mercantil Americano de Colombia. Tras un largo proceso, Suárez renunció dejando como sucesor a Jorge Holguín.

 “Ese juicio se terminó convirtiendo en un episodio de política de facciones, teniendo en cuenta que quienes le hicieron oposición a Suárez eran miembros del mismo Partido Conservador. La acusación de la que fue objeto era conocida como indignidad. En ese entonces estaba muy vivo en la memoria el asunto de la separación de Panamá. Él, en su momento, había sido el canciller que promovió la firma del acuerdo que normalizaba las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, se terminó mezclando”, señaló el historiador Arnovy Fajardo, docente de la Universidad Externado.

Gustavo Rojas Pinilla fue sometido a juicio por cargos de abuso de poder al comprobarse que le permitió a la aduana de Buenaventura importar cerca de 180 novillos, sin aranceles, provenientes de América Central. Fue el Congreso de la República la institución que abrió el proceso, siendo remitido el caso a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, terminando con una acusación ante el Senado. Rojas salió del poder el 10 de mayo de 1957.

 “Cuando Rojas renunció al gobierno en 1957, se exilió en España. Regresa a inicios de los 60. En el juicio que le hacen, quieren meter toda la responsabilidad referente a la dictadura. Sin embargo, Rojas Pinilla utiliza ese mismo juicio político más relacionado con corrupción y contrabando de ganado, se vuelve un juicio político sobre los responsables de la violencia en Colombia. Él se vale de todo eso para la fundación de la Anapo, el partido de la Alianza Nacional Popular, uno de los principales opositores al Frente Nacional”, añadió Fajardo.

En otros procesos, pero que no dieron resultados similares, está el Proceso 8000, uno de los casos judiciales más recordados, que fue identificado de esta forma por el número de un expediente en la Fiscalía de Cali, que trataba de un allanamiento a las oficinas de un contador chileno vinculado al Cartel de Cali.

El 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el entonces presidente Ernesto Samper, la cual reveló algunos vínculos con narcotraficantes. El 6 de julio de ese mismo año, la Cámara liberó a Samper, quien fue declarado ni culpable ni inocente.

 “El caso de Samper hay que recordarlo como una vergüenza nacional por los dineros calientes del Cartel de Cali para su campaña presidencial. Todo su mandato estuvo defendiéndose, mientras el país estaba en crisis y con un gran desprestigio. Ahí se muestra la corrupción tan evidente de la clase política nacional”, señaló

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