Los procesos judiciales contra el senador y expresidente Álvaro Uribe

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El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien actualmente tiene una medida de aseguramiento en su contra, proferida por la Corte Suprema, viene desde hace varios años en el ojo de la justicia, y donde actualmente tienen diferentes procesos, directos e indirectos.

El líder natural del Centro Democrático todavía está lejos de una condena en su contra, pues el proceso por el que se encuentra con detención domiciliaria en su finca ‘El Ubérrimo’, en el departamento de Córdoba, en más de 1500 hectáreas, apenas comienza y la medida es para que interferir en el mismo.

La Corte explicó que la providencia se adoptó sobre en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran al senador Uribe.

Pero este no es el único en el que se encuentra incurso, pues son más de cinco los procesos que están en etapa preliminar, entre los que se encuentra la muerte del líder defensor Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998, luego de que el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigara a Uribe Vélez cuando fungió como gobernador de Antioquia.

Lo que dice la providencia es que en más de una ocasión Valle denunció la presencia de grupos paramilitares en la región antioqueña, sin tener resultado alguno. Incluso, previo a su muerte habría realizado un oficio en donde le solicitaba al procurador de turno y a Uribe, protección para la zona rural, pero por el contrario se retiró a los policías de inspección que brindaban seguridad.

Otro proceso que se mueve en la Corte contra el expresidente de la República tiene que ver con las masacres de ‘El Aro’ y ‘la Granja’, también ocurridas en Antioquia. Estos hechos se registraron mientras Uribe Vélez ofició como gobernador del departamento.

Allí también tiene injerencia Valle, quien además de llamar la atención sobre la presencia de paramilitares, reportó que las personas oriundas de la región antioqueña corrían peligro por cuenta de las actividades ilegales que hacían en la zona. Además, denunció que dichas masacres se habrían adelantado entre el Ejército y las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La providencia por la que compulsaron copias en contra de Uribe, fue porque a Valle lo habrían asesinado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, exjefes de las AUC, por orden de “la gobernación de Antioquia”, supuestamente porque “se estaba metiendo mucho con el Ejército”.

Las declaraciones que reposan en el documento señalan que el día de las masacres uniformados del Ejército y de las AUC se encontraban juntos. Eso llamó la atención de Valle y empezó a argumentar que podría existir una presunta omisión por parte de las autoridades locales sobre tales sucesos.

Otro de los procesos en contra de Uribe relaciona al hacker Andrés Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente las conversaciones que adelantó el Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, cuando los diálogos se registraron en La Habana, Cuba.

Sepúlveda, en el marco de su proceso judicial, señaló que parte de esas interceptaciones habían sido recibidas por el senador Uribe, el entonces candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga y uno de sus hijos.

Por estas afirmaciones, la Corte abrió una investigación preliminar en contra del expresidente. El expediente estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló, quien culminó su periodo durante 2019. Sin embargo, la investigación pasó a manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

El caso se volvió a mover en diciembre del año pasado, por cuenta de la magistrada Cristina Lombana, quien en su momento realizó inspecciones judiciales en el Batallón de Inteligencia en Facatativá, Cundinamarca, pero la jurista fue apartada de las investigaciones que reposan en contra de Uribe por su indirecta relación mientras fungió como miembro de la fuerza pública en su mandato.

Uribe en su momento rindió versión libre sobre este proceso. Sumado a eso, el expediente más reciente que tiene en su contra es por la denominada ‘Ñeñepolítica’. Esta indagación la abrieron por las denuncias que presentó el periodista Gonzalo Guillén en su contra, luego de que se conociera el escándalo sobre que el presidente Iván Duque habría recibido dineros ilícitos.

El caso vincula al señalado y fallecido narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, de quien se ha dicho que compró votos en algunos lugares del país para favorecer en la llegada de Duque al Palacio de Nariño.

Otro de los procesos que está en etapa preliminar es la indagación por los denominados perfilamientos que se conocieron durante los últimos meses. Este proceso se abrió por cuenta de un anónimo que llegó al despacho de la magistrada Lombana en diciembre pasado, en donde mencionaban que Uribe tendría responsabilidad directa en tales hechos.

URIBE Y LOS PROCESOS INDIRECTOS

Los perfilamientos y las denominadas ‘chuzadas’ no han sido un caso aislado del expresidente, durante su mandato se comprobó que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue el protagonista de perseguir a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.

Por estos hechos fueron capturados y condenados María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS; Jorge Lagos, exsubdirector de Contrainteligencia; Fernando Tabares, exdirector general de Inteligencia del DAS; Bernardo Moreno, entonces secretario General de la Presidencia; y José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS.

En el más reciente fallo conocido por tales hechos, el Consejo de Estado condenó a la extinta entidad y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por los seguimientos ilegales hechos en contra del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez.

El fallo de segunda instancia reveló que es claro que el DAS, en el marco de las labores de inteligencia que desplegaron contra el exmagistrado, mediante la filtración en su esquema de seguridad, fueron organizadas y dirigidas por la directora y subdirectores de inteligencia y operaciones de la extinta entidad, quienes utilizaron recursos y avalaron procedimientos de la agente encargada de su ejecución y recibieron los reportes de la información obtenida para luego remitirlos a la Presidencia de la República.

Respecto de la responsabilidad del DAPRE, el fallo dio cuenta que las operaciones de inteligencia realizadas por el DAS fueron promovidas por el director de este departamento, teniendo en cuenta que era el destinatario de la información de inteligencia a sabiendas que la misma se obtenía a través de procedimientos legales.

En estos procesos, el senador no ha estado directamente vinculado, sin embargo, cabe mencionar que las interceptaciones se realizaron durante su mandato.

Otro de los procesos jurídicos que marcó la carrera política del senador fue la del exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, quien recibió un pena de 17 años por las irregularidades que se registraron con el denominado Agro Ingreso Seguro. Estas actuaciones también se registraron bajo el mandato de Uribe.

En este caso, el senador ha sido acérrimo defensor de Arias. En más de una ocasión ha mencionado que se le vulneró el debido proceso, y si bien esto fue reconocido por la Corte Constitucional, cuando se dictó la condena no estaba vigente la segunda instancia para aforados.

En el más reciente suceso en ese proceso, Uribe solicitó que Arias fuera dejado en libertad.

Otro proceso político que salpicó al senador fue la denominada ‘Yidispolítica’, este escándalo salió a la luz en abril de 2008 luego de que la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, admitiera haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Uribe aspirara a un segundo mandato.

Las acusaciones llegaron hasta la Corte Suprema y el alto tribunal pudo determinar que efectivamente Medina había vendido su voto, por lo que purgó tres años de detención domiciliaria. En ese entonces, como en otras ocasiones, la sentencia generó fuertes críticas por parte del senador Uribe.

Por estos hechos investigaron a Diego Palacio Betancourt, exministro de la Protección Social; y Sabas Pretelt de la Vega, quien fue ministro del Interior y de Justicia durante la aprobación del acto legislativo que permitió la reelección del senador.

FUENTE/COLPRENSA

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