La corte chavista 

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Vivanco, director de Human Rights Watch, ha defendido férreamente la privación de la libertad Álvaro Uribe por parte de la Suprema. Entre otras cosas, alega que está en juego la independencia de la rama judicial por “los ataques a la Corte por parte del uribismo”.

La crítica de una decisión judicial es un derecho ciudadano que Vivanco debería defender. Y más en este caso, donde son tantas y tan evidentes las violaciones a derechos y libertades humanas:

El caso nace de las denuncias por manipulación de testigos que Uribe interpusiera contra Iván Cepeda. Ese proceso lo tenía Barceló, mencionado en los casetes del cartel de la Toga. Barceló, en contra de las evidencias, decide cerrar la investigación contra Cepeda. En el auto inhibitorio, 16 de febrero de 2018, en cambio, compulsa copias contra Uribe. Menos de una semana después, el 22, abre un proceso contra Uribe, con base en una denuncia presentada ese mismo día por el abogado de Cepeda. No hubo reparto. Barceló se asignó a sí mismo la competencia. Además de la sospechosa celeridad, la violación al principio de imparcialidad es evidente. No podía conocer de la denuncia contra Uribe el mismo magistrado que había compulsado copias contra él.

La Suprema le ocultó por cinco meses a Uribe el proceso contra él. El ex Presidente solicitó mediante derechos de petición que le confirmaran los procesos en su contra. La Corte respondió ocultándole este caso. El argumento que ha dado Barceló es estúpido y mentiroso. Dice que no informó del proceso porque era “contra persona indeterminada”. Si fuera así, la Corte no tenía competencia porque solo puede investigar aforados. Y si sabía que era contra un aforado, Uribe, tendría que haberlo informado No lo hizo. Solo fue notificado del mismo el 24 de julio, cinco meses después de su inicio.

De hecho, su vinculación al proceso ocurre apenas en la indagatoria del 08 de octubre de 2019. Mientras tanto, la Corte practicó innumerables pruebas sin participación de los abogados de Uribe, en evidente violación del principio de contradicción, indispensable para asegurar el derecho de defensa.

Como si lo señalado fuera poco, a Uribe se le interceptó el teléfono ilegalmente, no en el marco de su proceso sino de uno contra un parlamentario chocoano, Nilton Córdoba. Cuando se hizo pública esta interceptación, Barceló dijo que había sido un error porque, dice, Córdoba habría dado en su versión libre el celular de Uribe como propio. El congresista resaltó que era muy fácil comprobar que Barceló mentía: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones en marzo y abril. Más grave, hay pruebas de que la Suprema sabía desde antes de la interceptación que el celular era de Uribe. Tampoco les sirvió que el funcionario a cargo de las interceptaciones les informara, a los pocos días de empezarlas, que quien habla era Uribe. Una chuzada vulgar y escandalosa.

Tampoco tuvo pudor la Corte en violar múltiples veces la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, derecho fundamental como pocos. Y podría seguir con la lista de violaciones a los derechos y libertades fundamentales de Uribe y con los ejemplos de violaciones al debido proceso. Pero no tengo espacio.

No, Vivanco, no queremos que la Corte sea uribista. Debe ser imparcial. Exigimos, eso sí, que no sea antiuribista, que es cosa muy distinta. No, no buscamos privilegios para el Uribe. Nadie está por encima de la ley. Pedimos que se le respeten sus derechos y libertades. No, acá no está en juego la independencia de la rama judicial. La que está vulnerando el estado de derecho es la Corte, que se comporta como las chavistas, violando derechos fundamentales y persiguiendo a sus contradictores por venganza y por motivos políticos. Y esperamos que usted haga su tarea de procurar la defensa de los derechos humanos de todos, aunque le sean antipáticos o no comulguen con su ideología, o que al menos se preocupe por la violación de los derechos de representación democrática de los 855 mil electores a quienes la Suprema deja sin voz al privar arbitrariamente a Uribe de su libertad.

*Äbogado*Analista político 

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