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´Este año no daremos las clases presenciales´: Fecode 

Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), señaló que los docentes ratifican su decisión de no retornar a clases presenciales con alternancia, en lo que resta del año 2020, por lo menos no hasta que se mejoren las condiciones de bioseguridad, según indicó el dirigente gremial.   

Los docentes afiliados a Fecode, quienes realizaron un paro nacional de 48 horas, también ratificaron su postura de declararse en desobediencia civil, y le piden al Gobierno Nacional la declaración de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales, así como el retorno a los colegios «cuando no esté en riesgo la salud y la vida».

«Hacemos un llamado a todas las entidades territoriales que pretenden hacer ir a los docentes a las instituciones educativa: Hoy estamos en medio una pandemia y tenemos que hacer desobediencia civil; no tenemos por qué ir a las Instituciones educativas, no tenemos por qué ir a arriesgar la vida y la salud, hay que quedarnos en casa, hay que seguir trabajando desde las casas», señaló Alarcón.

De acuerdo con el dirigente gremial, los docentes «no tenemos absolutamente nada que hacer en las instituciones educativas, porque estarían en riesgo la vida de cada uno de nosotros, por eso rechazamos esas convocatorias primero está la vida. Hay que proteger la vida de sus familias, y de nuestros estudiantes, por eso seguimos y ratificamos: No a la alternancia con presencialidad y sí a la vida y a la salud, por encima de cualquier cosa».

Los docentes, a través de Fecode, también le solicitaron al Gobierno Nacional que se derogue la Directiva Ministerial N ° 11 del 29 de mayo de 2020, a través de la cual se estableció el modelo de alternancia. «La escuela no reemplaza ningún escenario, pero hoy no están las condiciones por eso le decimos no a la alternancia, no a la presencialidad y sí a la desobediencia civil», se indica.

Mediante la Circular 37, los docentes también le piden al Gobierno, «la declaración de una emergencia educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no está en riesgo la salud y la vida (…) Y el respeto por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la pertinencia y vigencia del Estado Social de Derecho».

Entre tanto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que «continúa en un trabajo articulado con las secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales, y en espacios de diálogo con las organizaciones sindicales de los maestros y otros espacios virtuales directos con ellos y las familias para el regreso bajo condiciones seguras».

Advirtió que las medidas se están «preparando con anticipación, y según los criterios de las autoridades sanitarias, se avanza en la definición del retorno gradual y progresivo a la presencialidad, siempre estableciendo como prioridad la vida y el bienestar de los estudiantes, sus familias, los docentes y en general de todos los actores de la comunidad educativa».

«Hoy no están las condiciones dadas para proteger la vida y la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la comunidad educativa, de los padres de familia ni de los directivos. Por eso rechazamos este modelo y nos declaramos en desobediencia civil», dijo Nelson Alarcón, presidente de Fecode.

Según el directivo, reconocen que actualmente los estudiantes en muchos municipios y zonas apartadas no tienen garantizados los elementos tecnológicos para poder tomar las clases de manera virtual.

Por lo anterior, piden que se declare una emergencia educativa que de una solución tanto a la implementación de la virtualidad como a los protocolos de seguridad, una vez se anuncie que ya no hay riesgo por la pandemia.

Adicional a este panorama, los docentes solicitan que se implemente de manera urgente la matrícula cero para todas las universidades públicas del país y cumplir con todos los acuerdos que se pactaron con el Gobierno en 2019, ya que denuncian sólo se ha implementado un 25%.

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